Nuevamente estalla la crisis del sector agropecuario y el Gobierno se enfrenta a un escenario de mayor complejidad. Sin embargo, esta problemática sólo motiva electoralmente a quienes hoy se enfrentan en esta contienda y no parece generar soluciones reales por parte de ninguno de los candidatos, aunque temas tan importantes como el desarrollo regional y la descentralización se vean seriamente amenazados.
La situación del agro continúa generando pérdidas para los pequeños y medianos productores estancando el desempeño del sector primario frente a los demás sectores, lo cual tiende a alterar el equilibrio sectorial afectando el desarrollo regional y nacional.
A pesar de que ésta problemática surge como respuesta a décadas de olvido y desconocimiento del sector rural, representadas en la ausencia de una política agraria real y coherente con el entorno económico y social del sector agropecuario, hoy las manifestaciones surgen de manera coyuntural en época electoral e invitan a cada uno de los candidatos a dar soluciones estructurales a estas problemáticas.
Por ello es necesario profundizar sobre esta situación trayendo a colación la protesta de los arroceros en Colombia y cómo desde su mirada se puede entender el paro agrario, qué pasa en realidad con el rendimiento y bienestar de este gremio y de toda la economía que se encuentra a su alrededor, dependiente en su mayoría del agro.
En primer lugar, Colombia padece una situación de corrupción e inseguridad de las fronteras manifestada en el contrabando de una gran cantidad de bienes y servicios, lo cual afecta el dinamismo de la economía interna. Dentro de ese conjunto de bienes y servicios transados se encuentra el arroz, del cual ingresan más de 300.000 toneladas anuales principalmente por las fronteras con Venezuela y Ecuador.
El factor contrabando ha empobrecido la comercialización del arroz en tanto que los precios tienden a la baja y los rendimientos productivos son escasos. A lo anterior debe sumarse que una de las regiones más productivas de este cultivo es la región Orinoquia y es precisamente su frontera uno de los puntos más importantes de comercio de arroz de contrabando.
Para los arroceros los créditos a largo plazo con años de gracia son inexistentes, lo cual permite que la inversión en maquinaria y demás factores de producción sea reducida y se vea agravada por la falta de subsidios y el alto costo de los insumos frente al bajo precio del producto. Es decir, aunque el agricultor al cosechar presente un buen número de bultos recogidos frente al área sembrada, la situación sigue siendo crítica y la compensación existe únicamente para los costos en los que se haya incurrido.
Incluso, una mejor oferta es puesta sobre la mesa en Venezuela, país que es propenso a la inversión por parte de agricultores colombianos teniendo en cuenta que, tanto en este territorio como en Ecuador, los bajos costos productivos –dentro de los que se encuentran el precio del galón de gasolina y ACPM- representan una mayor ganancia mediante el contrabando.
Como se ha podido observar, al interior de las manifestaciones se presenta una legítima reclamación de parte de los agricultores al gobierno, a quien le ha resultado difícil solucionar una situación que tiene décadas de antecedentes, y frente a la cual hoy muchos salen en su defensa aunque dentro de sus propuestas no se encuentre una gran política pública que logre prever y evitar este tipo de crisis arbitrariamente atribuidas a un gobierno de turno.
Por el contrario, los candidatos manifiestan solucionar la crisis de manera coyuntural. Se suele escuchar por lo general el mismo discurso que contiene los mismos elementos. Mientras tanto, a los campesinos quienes abandonan sus tierras y dejan de generar un sustento a sus familias nadie les responde seriamente y ningún personaje de los que se apropia de las marchas para hacer campaña, pone sobre la mesa una verdadera solución.
Si es estructural el problema con respecto a la prevención y solución desde el poder, lo son también las consecuencias de esta problemática en las regiones productivas. Por lo cual se traslada la mirada enfocada en el abastecimiento hacia el bienestar y economía de los territorios productivos y agrodependientes.
Un ejemplo de ello es la gran apuesta competitiva hecha durante el gobierno Uribe y registrada en la gran Agenda Interna para la Competitividad de la “Amazorinoquia”, la cual pasa en principio por incentivar y fortalecer el sector de mayor rendimiento y productividad en la región, el agro. No obstante, si éste sector, uno de los más representativos, sufre este tipo de crisis, no sólo es este gremio el afectado si no toda la estructura que éste soporta a nivel regional.
La falta de inversión y desarrollo de otros sectores y fuentes de ingresos para estos territorios es una de las causas de esta problemática, lo cual se convierte en un entorno caótico al tener en cuenta que la inversión en capital humano, infraestructura y la gobernanza son deficitarios. Además de esto, la descentralización tiende a desaparecer con el crecimiento de la burocracia existente para la aprobación de proyectos.
De esta manera, se puede observar que la crisis del agro trae consigo misma un sinnúmero de dificultades para el país en general. Vemos entonces campesinos, gremios, trabajadores, la agro industria, y otro tanto de actores que se encuentran involucrados en este problema, por lo cual urge dar una solución integral luego de la coyuntura. Solución que debe estar soportada en la realidad socio económica de cada región, sin dejar de lado el factor político que permita que la descentralización pase de ser una formalidad de la Constitución a ser el eje fundamental del desarrollo regional y nacional.
