El segundo punto del Acuerdo Final abre escenarios importantes para la cualificación democrática y la recuperación del campo político. Su concreción depende del despliegue de herramientas jurídicas que permitan materializar lo acordado.
Para la profesora Carolina Jiménez Martín, de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.), este punto propone una serie de estrategias, mecanismos y herramientas para la ampliación democrática y la recuperación –aunque parcial– del poder político de la comunidad. De ahí la importancia de construir una paz estable y duradera con justicia social.
“Los desarrollos propuestos parten del reconocimiento de las limitaciones del régimen democrático. En especial, aquellas referidas a las restricciones y criminalizaciones a la participación popular, así como la pretendida especialización del campo de lo político y su eclipsamiento en el poder del gobernante”, afirma la docente, en un artículo publicado en UN Periódico, el cual dedica este mes una edición especial a los Acuerdos de La Habana.
Según la experta, este carácter autoritario y delegativo del sistema político sería, entre otros, uno de los factores explicativos de la pervivencia y dinamización de la confrontación armada del último medio siglo. Por tanto, su resolución resulta inexcusable para evitar apelar a la violencia como método de acción política y orientarla hacia el fortalecimiento del pluralismo, la cualificación del debate democrático y la representatividad de los diversos horizontes de sentido político, presentes en la sociedad en un momento histórico específico.
Democracia delegativa
La profesora Jiménez menciona que el régimen democrático en Colombia ha asumido rasgos de lo que el politólogo argentino, Guillermo O’Donnell, caracteriza como democracias delegativas, las cuales “están basadas en la premisa de que quien sea que gane una elección presidencial tendrá derecho a gobernar como lo considere apropiado, restringido solo por la dura realidad de las relaciones de poder existentes y por un periodo limitado constitucionalmente”.
Esto es, destaca, regímenes donde el campo de acción de la política se ha restringido, “especializado” y, en consecuencia, delegado a un grupo dominante que controla el aparato estatal. “El carácter de este tipo de democracias eclipsa el ejercicio de la política al juego electoral, desconoce la riqueza y complejidad del campo político, persigue la protesta y la movilización social y rechaza formas de regulación de carácter comunitario y antielectoral”, señala.
En su opinión, algunas veces, estas estructuras del sistema político están soportadas en poderes clientelistas afianzados en los territorios y con una alta capacidad de orientar el proceso electoral en oportunidades, apoyado en el uso de estructuras armadas. El proyecto de dominación de clase del paramilitarismo es ilustrativo de esta cuestión.
Justamente, teniendo como horizonte este nudo de problemas, el Acuerdo Final propone una serie de caminos que pretenden contribuir en su resolución.
Participación activa
El acuerdo sobre participación política prevé escenarios importantes para la cualificación democrática y la recuperación del campo político. Entre los componentes que están dirigidos en esa dirección sobresalen:
–Derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política en general y en particular para los nuevos movimientos que surjan luego de la firma del acuerdo final.
–Creación de un Sistema Integral de Seguridad para el ejercicio de la política, con especial cuidado de los líderes de las organizaciones y los movimientos sociales y defensores de los derechos humanos.
–Promoción de mecanismos democráticos de participación ciudadana en los diferentes niveles territoriales que permitan a las comunidades decidir (construcción desde abajo) sobre asuntos de interés público y comunitario.
–Garantías para la movilización y la protesta social y procesos de democratización que conduzcan a la transformación de la cultura política y promuevan la recuperación de la legitimidad de la acción política.
–Reforma del sistema electoral y creación de una misión electoral especial para orientar el rediseño institucional requerido.
–Medidas efectivas para promover una mayor participación de todos los sectores, incluyendo la población más vulnerable, en igualdad de condiciones y con garantías de seguridad.
–Creación de 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz con el propósito de integrar las zonas más afectadas por el conflicto y generar condiciones para avanzar hacia la configuración de órdenes territoriales más justos.
Además, es importante subrayar que el Acuerdo Final en cada uno de los puntos hace un llamado a la participación activa de toda la ciudadanía para la implementación de lo acordado y la construcción de la paz territorial.
Estos elementos, afirma la experta de la U.N., problematizan el carácter representativo y delegativo del sistema político colombiano, amarran la consolidación de la paz a la ampliación democrática, reconocen la importancia de la movilización y la protesta social para el fortalecimiento de una sociedad pluralista y generan condiciones para el control comunitario de la gestión pública.
“Pese a que el acuerdo no logra poner en cuestión la disociación que construye la democracia capitalista entre identidad civil y estatus socioeconómico, este emprende espacios y genera garantías para las luchas del poder popular”, destaca.
Nuevas herramientas jurídicas
Según la docente, el desarrollo del segundo punto conducirá a un profundo rediseño del Estado y al despliegue de una nueva producción jurídica que genere garantías de materialización de lo acordado. De ahí la importancia del llamado que se hace en el Acuerdo Final para concertar un gran acuerdo político nacional con la participación de todos los partidos, movimientos sociales y políticos que “definirá las reformas y ajustes institucionales necesarios para atender los retos que la paz demande.
“Pese a las limitaciones para transitar hacia una radicalización democrática, el Acuerdo Final propone caminos importantes que desplieguen e intensifiquen la conflictividad social con amplias garantías democráticas, en el escenario de posacuerdo”, afirma.
Precisamente, es atendiendo a estas cuestiones que el proceso de refrendación popular convocado para el próximo 2 de octubre asume un carácter estratégico.
