El primero es una nueva apertura democrática que promueva la inclusión política como mecanismo para consolidar la paz, luego de la terminación del conflicto. Se trata de facilitar la creación de nuevos partidos políticos, sin poner en riesgo los avances en la consolidación del sistema de partidos. Se acordó hacer los cambios necesarios para desligar la obtención y conservación de la personería jurídica del requisito de la superación del umbral para elecciones de Congreso, y facilitar de manera transitoria apoyos por parte del Estado para las nuevas fuerzas que aparezcan.
Acordamos la creación de Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz en las regiones más golpeadas del conflicto. Los habitantes de estas regiones podrán elegir, durante la fase de transición y de manera temporal, representantes a la Cámara adicionales con unas reglas especiales. (El número de regiones, curules y periodos electorales aún no se han acordado).
La apertura requerirá de mayor participación electoral. Para ello se acordaron unas medidas especiales para promover el voto. Esto también exige el fortalecimiento de la transparencia: se acordaron medidas para fortalecer la transparencia del sistema electoral, así como la revisión integral del régimen y la organización electoral para dar esas garantías. Por último, se acordó poner en marcha medidas para la participación de
la mujer y promover una cultura democrática de tolerancia en el debate político. El fin del conflicto implica que los enemigos se deben tratar con respeto como adversarios políticos.
El segundo pilar es una mayor participación ciudadana para consolidar la paz, en el espíritu de la Constitución del 91.
Para ello se acordaron toda una serie de medidas: el desarrollo de una Ley de Garantías para las organizaciones y movimientos sociales; medidas para promover una cultura de tolerancia, no estigmatización y reconciliación; garantías para la protesta social, tanto para quienes se manifiesten como para los demás ciudadanos; promoción de espacios en medios de comunicación institucionales, regionales y comunitarios, para dar a conocer las actividades de las diferentes organizaciones de la sociedad civil; revisión de todo el sistema de participación ciudadana en los planes de desarrollo, en particular del funcionamiento de los Consejos Territoriales de Planeación; fortalecimiento de la participación en la construcción de políticas públicas y fortalecimiento del control ciudadano a la gestión pública mediante la promoción de veedurías y observatorios de transparencia en todas las regiones.
El tercer pilar -y la idea fundamental del fin del conflicto- es asegurar que se rompa para siempre el vínculo entre política y armas:
Nadie nunca más utilice las armas para promover una causa política. Y que quienes han dejado las armas para transitar a la política tengan todas las garantías de que no serán objeto de la violencia. Todos quienes ejercen la política deben tener la seguridad que no serán víctimas de las armas. Para ello se acordó que el Gobierno establecerá un Sistema Integral de Seguridad para el ejercicio de la Política en un marco de garantías de los derechos y libertades.
Un sistema similar de garantías de seguridad para líderes de organizaciones y movimientos sociales y defensores de derechos humanos en situación de riesgo. Se promoverá la discusión con amplia participación y la expedición de un Estatuto para la Oposición.
