Columna de opinión de Astrid Puentes, directora de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), sobre lo que ha sucedido pasados tres meses del anuncio del Gobierno Colombiano de suspender las fumigaciones con Glifosato.
El 14 de mayo pasado, el gobierno colombiano anunció con bombos y platillos un gran cambio en la política antidrogas: la suspensión de las fumigaciones aéreas con glifosato para erradicar cultivos de uso ilícito de coca y de amapola. La decisión tuvo repercusión internacional y fue ampliamente celebrada dado que Colombia es el único país que todavía aplica dichas fumigaciones, pese a que, tras décadas de implementación, éstas han demostrado ser inefectivas y causado graves impactos ambientales y sociales.
Pero, a tres meses del anuncio, las fumigaciones continúan. Cabe entonces preguntarse en qué va la implementación de la decisión histórica tomada por el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE).
La medida fue precedida por semanas de intenso debate generado a partir del informe de la OMS que concluyó que el glifosato podría causar cáncer. Con base en ello y en decisiones de la Corte Constitucional, el Ministerio de Salud recomendó aplicar el principio de precaución y suspender las fumigaciones con glifosato para evitar posibles daños graves e irreversibles a la salud y al ambiente en Colombia.
Por siete votos a favor y uno en contra (el de la Procuraduría General de la Nación), el CNE hizo historia al anunciar la suspensión de las fumigaciones, se impusieron dos condiciones: que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) “revoque o suspenda” el Plan de Manejo Ambiental (PMA) que permite la aspersión con glifosato en el país; y que, en el plazo de un mes, un comité técnico creado por el CNE formule recomendaciones para ajustar la política antidrogas.
La información disponible sobre el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos con Glifosato (PECIG) da cuenta que ambas condiciones aún no se cumplen. Mientras tanto, las fumigaciones en Putumayo y otras zonas del país, continúan. El 11 de agosto, la Asociación Campesina del Catatumbo publicó un comunicado del Ministerio del Interior según el cual esa entidad “no ha tomado una decisión sobre la aspersión aérea de cultivos de uso ilícito en el Catatumbo”.
Lo anterior es incoherente con la decisión del CNE de suspender del todo las fumigaciones. ¿Por qué hacer una diferencia con el Catatumbo? ¿Existe realmente intención alguna de implementar la suspensión?
ANLA puede y debe revocar el Plan de Manejo Ambiental para las fumigaciones
Hay al menos tres razones para ello:
- La ANLA tiene la facultad de suspender o revocar licencias ambientales o autorizaciones para los planes de manejo ambiental cuando éstas o las condiciones y exigencias establecidas no se cumplen. Para hacerlo, no requiere autorización del beneficiario del permiso. La evidencia de que el glifosato podría causar cáncer a las personas y la correspondiente decisión del CNE deberían ser razón suficiente para que la ANLA revoque de inmediato el Plan de Manejo del PECIG. La ANLA puede tomar esa decisión de oficio, sin ninguna solicitud de por medio, en especial ante situaciones de riesgo grave para la salud y el ambiente. Para ello fue precisamente para lo que fue creada.
- La ANLA cuenta con información suficiente y adicional para revocar o suspender la autorización el Plan de Manejo Ambiental del PECIG. Incluso en junio y julio, el Ministerio de Salud le envió la documentación científica en la que basó su recomendación. En mayo pasado la Comisión Asesora para la Política de Drogas en Colombia concluyó que las fumigaciones son poco efectivas y que generan muy graves daños ambientales y en la salud.
- Desde marzo pasado, el famoso PMA del PECIG está en proceso de actualización debido a nuevas condiciones presupuestales y de reglamentación, y al acuerdo con Ecuador en la controversia ante la Corte Internacional de Justicia, organismo ante el cual Colombia se comprometió a no fumigar alrededor de la frontera.
Dado el riesgo de cáncer que el uso del glifosato implica, la ANLA debería revocar el Plan de Manejo del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos con Glifosato, en lugar de actualizarlo. Además, si el CNE decidió suspender del todo las fumigaciones con glifosato, el programa que ampara esa práctica carece de sentido. Hasta el nombre habría que cambiar.
¿Qué espera la ANLA para viabilizar la decisión del CNE y suspender las fumigaciones?
Nuevas sustancias requieren nuevos permisos
Respecto de la segunda condición para implementar la suspensión de las fumigaciones, el Ministerio de Salud dijo en respuesta a un derecho de petición enviado por varias organizaciones a mediados de junio, no tener conocimiento de las sustancias usadas como alternativa al glifosato. Un mes antes, en mayo, medios de comunicación informaron que la Policía está probando otras sustancias químicas. ¿Está la Policía haciendo pruebas sin las autorizaciones sanitarias requeridas?
Después de todo, si el gobierno colombiano está buscando sustancias químicas o incluso biológicas para reemplazar al glifosato en la erradicación de cultivos de coca y de amapola, debería tener los permisos ambientales y sanitarios del caso. Las normas colombianas son claras: El uso de sustancias químicas requiere de una licencia ambiental, la cual requiere a su vez de un estudio de impacto ambiental previo en el cual se analicen los posibles daños al ambiente y la salud, así como las maneras de prevenirlos o mitigarlos.
Cuando el programa de fumigaciones aéreas con glifosato parte del Plan Colombia comenzó a implementarse, se insistió en la necesidad de tener una licencia ambiental nueva. Las autoridades argumentaron en ese entonces que la erradicación era parte de un programa anterior y que una nueva licencia no era necesaria. Negarse a una nueva licencia ambiental y continuar usando el mismo plan de manejo ambiental para el PECIG, incluso ante el cambio de la sustancia, sería ignorar abiertamente las exigencias normativas y por ende, la obligación del Estado de proteger la salud y el ambiente, y el estado de derecho.
Por ahora es claro que las condiciones establecidas para suspender las fumigaciones están dadas. Hay evidencia suficiente que la política no es efectiva y que causa graves daños en la salud y en el ambiente. Colombia y el mundo están pendientes. ¿Cuánto más tendremos que esperar?
