La organización Human Rights Watch manifestó al presidente de Perú, Ollanta Humala, su preocupación por el uso de fuerza desmedida para contener protestas y por la muerte de 15 manifestantes desde que accedió al poder.

En una carta entregada a Presidencia de la República, el director ejecutivo de la organización, José Miguel Vivanco, señaló que «las fuerzas de seguridad de Perú han usado fuerza letal durante operativos de control de manifestaciones públicas».

La misiva precisó que durante el primer año de Gobierno de Humala 15 civiles han muerto «tras recibir disparos efectuados aparentemente por miembros de la fuerza de seguridad nacional».

La carta fue redactada y entregada antes de que se supiera, hoy, que un civil murió el miércoles y cuatro fueron heridos en un enfrentamiento entre la Policía y ciudadanos que protestaban contra la mina Barrick Misquichilca, en Áncash.

La comunicación de HRW recordó que durante la gestión de Alan García (2006-2011) murieron 165 civiles y treinta policías durante conflictos sociales, según datos de la Defensoría del Pueblo de Perú.

Después de reconocer que el Estado peruano «tiene la responsabilidad» de hacer que se respete la ley y proteger la vida de personas y establecimientos, aseguró que también tiene «la obligación de llevar a cabo operativos de orden público de un modo que garantice el pleno respeto de los derechos humanos».

Informó que una delegación de HRW visitó en julio pasado la región norteña de Cajamarca, donde se han presentado protestas contra el proyecto minero aurífero Conga, actualmente suspendido.

Los delegados obtuvieron «evidencia que sugiere de una manera convincente» que el uso de la fuerza letal fue «injustificado» y constituyó «una violación grave de las normas internacionales de derechos humanos».

Especificó casos como los de la localidad cajamarquina de Celendín, donde el 3 de julio «al menos 20 civiles» recibieron «disparos de armas de fuego, y cuatro de ellos perdieron la vida».

«Las pruebas que hemos recabado sugieren de una manera convincente que el uso de la fuerza letal por parte de integrantes de las fuerzas de seguridad en Celendín habría sido injustificado», ya que ninguno de los manifestantes llevaba armas de fuego ni usó la fuerza como para poner «en riesgo la vida de otros», indicó.

Vivanco instó, en ese sentido, a Humala a hacer «todo lo que esté a su alcance para asegurar» que se investigue de manera exhaustiva las muertes de civiles en Celendín y otros lugares del país, y que los miembros de las fuerzas de seguridad responsables «sean sancionados de forma acorde».

El director de Human Rights Watch también le pidió a Humala que asegure «que las fuerzas de seguridad que intervienen en el control de manifestaciones públicas cuenten con el entrenamiento y equipo adecuado para desarrollar sus responsabilidad sin recurrir al uso ilegítimo de la fuerza».

Asimismo, pidió al gobernante que todos los miembros de las fuerzas de seguridad conozcan las normas internacionales sobre el uso de la fuerza, reciban instrucción adecuada para aplicar estas normas y que se les explique claramente que «deberán rendir cuentas por su actuación» si las incumplen.

Vivanco expresó, además, su preocupación por la autorización para que militares intervengan en los operativos de control en manifestaciones públicas, como en Celendín, y dijo que esto solo debe permitirse «como último recurso, en circunstancias excepcionales».

En ese sentido, HRW instó al Gobierno a «aclarar que el personal militar que sea acusado de violaciones de derechos humanos contra civiles debería ser investigado, imputado y procesado por autoridades de la justicia penal ordinaria», y no por tribunales militares.

La carta menciona también que «el Congreso (peruano) está tratando actualmente una propuesta (Proyecto de Ley 81/2011-CR) que, si se aprobara en su redacción actual (…) podría permitir el uso de la fuerza letal de un modo que resulta violatorio de los estándares internacionales».