Como era de esperarse la Procuraduría General de la Nación solicitó ante el Consejo de Estado que se ratifique la sanción proferida por el ente de control contra el alcalde Gustavo Petro.
Después de que la Corte Constitucional ordenara que el esquema de aseo público de Bogotá fuera modificado siguiendo los lineamientos emanados de la Superintendencia de Industria y Comercio, que declaró que el modelo violaba el régimen de libre competencia; la Procuraduría General de la Nación se alineó con esas decisiones.
El ministerio público le pidió al Consejo de Estado que levante las medidas cautelares que protegen a Gustavo Petro y que fueron puestas por el alto tribunal, para que el saliente mandatario capitalino pueda ser sancionado como lo dispuso Alejandro Ordóñez.
Hay que recordar que Petro fue destituido de su cargo e inhabilitado por 18 años para ejercer cargos públicos después de que, mediante un decreto, implementara el cambio en el modelo de aseo. Según la Procuraduría, Petro violó el principio de libre competencia y por ello fue sancionado.
En la controversia por esta medida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos amparó con medidas cautelares al mandatario, aunque estas quedaron sin efectos cuando en una controvertida decisión el presidente Juan Manuel Santos decidió no acatar la decisión del ente judicial.
El Consejo de Estado consideró en 2014 que la sanción no tenía efecto hasta tanto no la Corte Constitucional no decidiera de fondo sobre el tema.
El ministerio público, además de la solicitud al Consejo de Estado, también anunció que vigilará de cerca la implementación del nuevo esquema de aseo en la administración del alcalde electo, Enrique Peñalosa.
