Así le respondió el alcalde Gustavo Petro a la concejal María Victoria Vargas, quien le aseguró le traería consecuencias legales no solicitarle al Concejo de Bogotá, la ampliación del objeto social de la EAAB para que desempeñe nuevas funciones.
La cabildante liberal María Victoria Vargas, le aseguró al alcalde Petro que para que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EAAB, pudiera asumir el barrido, recolección y limpieza de las basuras en la ciudad, debía pasar por la decisión del Concejo de Bogotá, de ampliar el objeto social de dicha compañía para que pudiera desempeñar nuevas funciones.
“La Empresa de Acueducto no tenía competencia para tomar decisiones sin pasar por la Corporación. No es posible jurídicamente efectuar cualquier tipo de modificación al objeto social de la Empresa por cuanto dicha facultad es del Concejo de la ciudad. El Acueducto asumió el manejo de los temas relacionados con el aseo sin tener competencias legales para hacerlo, actuaciones que constituyen una ilegalidad a todas luces”, dijo Vargas.
De no ser así, le traería consecuencias legales de orden disciplinario, fiscal, penal, y hasta una posible intervención a la misma entidad por no hacer tal solicitud al concejo, agregó la concejal Vargas. Por esa razón le solicitó a la Procuraduría que realice investigaciones disciplinarias contra los miembros de la Junta directiva del Acueducto, incluido el alcalde Petro.
Además pidió a la fiscalía investigar penalmente a la misma junta directiva por un “posible prevaricato por evadir el cumplimiento de normas y por comprometer recursos públicos por fuera del marco legal.
El alcalde mayor aseguró que no “habría mejores motivos para ir a la cárcel” que “defender la vida en la ciudad de Bogotá, el reciclaje y la Corte Constitucional. No habría mejores motivos para ir a la cárcel si las políticas de la muerte se imponen”.
También invitó a la concejal a leer la sentencia constitucional por la cual se obliga a “dignificar” el oficio de reciclaje, incluyendo a la población que vive de ello, dentro del plan de manejo de basuras de la capital.
“Yo invito a la cabildante a que se lea la sentencia, y si ve en la acción del alcalde algo ilegal, pues que demande, está en todo su derecho, pero nosotros defendemos la vida y el interés general”, indicó el mandatario capitalino.
