Luego de las declaraciones del Alcalde de Bogotá, sobre la creación de centros de consumo controlado de drogas, se abrió nuevamente el debate sobre el papel del Estado frente a la problemática.
Según lo manifestó Petro, la propuesta al Gobierno Nacional es la de manejar la política de las drogas con “franqueza y con sinceridad, con prevención, rehabilitación asistida para los que quieran y en tercer lugar controlar el daño que se produce en la sociedad por las mafias que controlan el microtráfico de los narcóticos”.
Para el Alcalde, “al adicto que no quiera rehabilitarse, se le debe permitir escaparse de la violencia y de la mafia a partir de la asistencia estatal“.
Luego de las declaraciones del Alcalde, el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, le envió una carta para decirle que permitir el uso de drogas contradice a la Constitución.
En la misiva dirigida al Alcalde Mayor, Ordóñez le exige a Petro adecuar sus políticas públicas al ordenamiento jurídico vigente. Además, el funcionario asegura que la propuesta de crear zonas donde se permita el consumo de estupefacientes y distribuir estas sustancias gratuitamente a los adictos por las autoridades públicas, contradice lo dispuesto en el artículo 49 constitucional, lo establecido en los artículos 375 y 376 del Código Penal, en la Ley 1566 de 2012 y en las Convenciones de las Naciones Unidas sobre la materia suscritas por Colombia.
Igualmente, el Procurador, que desde un principio manifestó su desacuerdo con la iniciativa de Petro, aseguró que en la normatividad “se reconoce que el adicto a las sustancias estupefacientes, o psicoactivas, es un enfermo, y se establecen obligaciones para el Estado dirigidas exclusivamente a procurar su salud y prevenir de manera general el consumo de estas sustancias”.
Asimismo, Ordóñez declaró que así la propuesta del Alcalde Mayor cuente o no con el aval del Gobierno Nacional “carece de todo fundamento constitucional o legal, toda vez que supondrían instrumentalizar a los adictos/enfermos con propósitos distintos a procurar su salud, desnaturalizando los tratamientos de desintoxicación hasta el punto de permitir el consumo de la misma droga que los ha llevado al estado de adicción, y restringiendo gravemente la autonomía médica, al convertir a los profesionales de la medicina en simples ejecutores de la política criminal del Estado”.
Además, el jefe del Ministerio Público sugirió al mandatario capitalino que tome las medidas para controlar las zonas de la ciudad “que están bajo la influencia y el dominio de las mafias, dedicadas al microtráfico de estupefacientes” y lo invitó a revisar algunos estudios y precedentes que demostrarían el fracaso de este tipo de propuestas.
Por su parte, el personero de Bogotá, Ricardo Cañón, dijo que los centros de atención para adictos, son legalmente inviables y aseguró que “no nos podemos imaginar al Estado consiguiendo la droga, cómo la consigue, de dónde la saca, cómo la suministra, cuando todo eso está prohibido”.
Cañón agregó que uno de los errores de la propuesta del Alcalde es que “él lo vincula directamente con un tema de seguridad, cuando inicialmente el tema debe ser tratado como un tema de salud pública” con el que “debe haber una política clara y juiciosa de prevención. Siempre anunciamos prevención pero ésta no existe.”
De esta forma, para el Personero, la creación de Centros de Atención Médica para Adictos a las Drogas (CAMAD), “es abordarlo parcialmente sin estrategia ni política de prevención ni atención a la enfermedad”.
Para el concejal Venus Albeiro Silva, del Polo Democrático, no se puede mirar el consumo de drogas de manera “retrógrada”, y este problema se debe tratar como una enfermedad.
Para el cabildante, la propuesta hecha por el alcalde Gustavo Petro es importante, “siempre y cuando se unan las piezas requeridas para contrarrestar el flagelo de las drogas y la proliferación de su consumo”.
“Los centros de consumo son apenas el segundo eslabón para consolidar la legalización de las drogas en Colombia”, aseguró.
Otra es la mirada del concejal Marco Fidel Ramírez, del Partido de Integración Nacional, quien se opone rotundamente a la propuesta de Petro, por considerar que traería Inconvenientes para la comunidad.
Ramírez declaró que a pesar de múltiples esfuerzos realizados, con el apoyo económico de organismos nacionales e internacionales, usando diferentes campañas publicitarias, foros, publicaciones y reuniones de expertos, para buscar disminuir el consumo, los resultados no han sido los anhelados.
