La adhesión de varios miembros del petrismo a la campaña reeleccionista del presidente Santos está atravesada por la controversia y la incertidumbre. La firma del acuerdo entre ambas facciones políticas, que estuvieron enfrentadas hasta poco más de un mes, tiene en su interior un acuerdo político que daría cuenta de las preocupaciones de ambos grupos después de la situación atípica que supuso el anuncio de destitución de Petro, hecho por el procurador general en diciembre del año pasado.
En el centro cultural Gabriel García Márquez se llevó a cabo el acto para la firma del acuerdo entre el movimiento progresista y el partido liberal, en representación del presidente Juan Manuel Santos. Este movimiento político ha generado revuelo en las toldas progresistas toda vez que supondría un cambio en el discurso de abierta confrontación con el Gobierno Nacional que han manejado desde el pasado mes de marzo. El acuerdo se enmarca en la búsqueda de políticas comunes para alcanzar la paz.
En un primer momento varios contratistas cercanos al alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro manifestaron que la alianza era algo que podría no ser una posición oficial del mandatario capitalino. Se especulaba que podría ser una decisión de un grupo de progresistas que habrían tomado ese camino a despecho de la abierta confrontación entre el Palacio de Liévano y el de Nariño después de la ejecución de la sanción impartida por la Procuraduría General de la Nación y el nombramiento de alcalde encargado del ministro de trabajo, Rafael Pardo Rueda. Las palabras “traición”, “golpe de Estado” e “ilegitimidad” fueron los calificativos que acompañaron a cualquier mención hecha por los progresistas y por el mismo Petro, en referencia sobre ese caso.
Sin embargo, desde que Petro fuera restituido en su cargo, por decisión judicial, el pasado 23 de abril, el rumor de una alianza entre ambos sectores era algo que comenzaba a crecer en los pasillos de la sede de la alcaldía bogotana.
A principios de esta semana, el Partido del Trabajo de Colombia, liderado por el concejal progresista Yesid García se sumaba a la aspiración presidencial de Santos. García ha sido uno de los más férreos defensores de la gestión del alcalde Petro en el concejo bogotano, de mayorías abiertamente antipetristas. Ese fue el primer signo fuerte de un acuerdo entre ambos sectores políticos. A pesar de ello antes de esa adhesión, en el discurso inaugural de la XXVII Feria del Libro de Bogotá, Santos, que había señalado en marzo que Petro era un mal alcalde, le había dicho que le agradaba volverlo a ver en su cargo. Muchas especulaciones se generaron a partir de ese gesto pero algo sí fue cierto y es que desde esa semana la alianza se había empezado a cocinar.
Además, el anuncio del procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez (quien destituyó a Petro y abrió el camino para la controversia jurídica y política más compleja de las últimas décadas) de investigar al presidente-candidato por su proceder en la campaña presidencial empezó a distanciar a los dos funcionarios que parecían estar en sintonía desde marzo. A ese anuncio de Ordóñez vino a sumarse la solicitud, aceptada, del expresidente Uribe para que sea la Procuraduría General, y no la Fiscalía, la que tome en sus manos la investigación sobre presuntos dineros ilegales en la campaña presidencial de 2010 que eligió a Santos como presidente. Este gesto terminó de abrir la brecha entre el jefe del Ministerio Público y el presidente de la República.
La alianza presupone que Santos terminará de enfrentarse al uribismo, uno de los más interesados en que la alcaldía de Petro termine cuanto antes por cuenta de la sanción del procurador ya que Francisco Santos había anunciado sus deseos de ocupar el Palacio de Liévano y su nombre puntuaba las encuestas para una eventual elección atípica. Además, para el uribismo quedarse con Bogotá supondría un control casi total de la ciudad región, toda vez que lograron tener 5 representantes a la Cámara por Bogotá, la votación más alta para la ciudad.
Por su parte el progresismo se verá enfrentado a controversias internas debido al malestar que esa alianza genera en varios funcionarios de la administración y en figuras políticas de esa colectividad. La representante a la Cámara por Bogotá, Angélica Lozano, que fungió como concejal del progresismo, manifestó su malestar por este hecho ya que para ella “esta es una pirueta hecha por el alcalde para garantizar su continuidad en el cargo”. Un funcionario de la Secretaria General, que pidió reserva de su nombre, afirmó que “es inexplicable que después del desgaste que generó la pelea con el santismo y el no reconocimiento de Rafael Pardo como alcalde encargado, ahora nos toque tragarnos el sapo de hacerle campaña a Santos para su reelección”.
Pero esos no son los únicos sapos que debe tragarse el progresismo. Apoyar a Santos en su aspiración presidencial es apoyar a Germán Vargas Lleras, fórmula vicepresidencial del presidente-candidato, abierto contradictor político de Petro y quien es cercano a Alberto Ríos, uno de los dueños de Aseo Capital, operario privado de aseo y uno de los que menos ganaron con el cambio de esquema de aseo que finalmente tuvo a Petro por fuera de la alcaldía.
Sin embargo, la alianza entre Santos y Petro tendría beneficios para ambos sectores políticos. De un lado el mandatario capitalino se comprometería a que las bases de su movimiento ciudadano apoyarán la reelección de Santos, toda vez que las últimas encuestas no lo favorecen en Bogotá y que después de acatar la sanción impuesta por la Procuraduría el pasado 19 de marzo su imagen se resintió fuertemente.
El compromiso de Petro no es poca cosa para la Unidad Nacional, toda vez que es uno de los paradigmas de lo que el proceso de paz firmado a finales de los 80 entre el M-19 y el Gobierno Nacional le ofreció al país; un proceso de paz que garantizó la participación política de los sectores alzados en armas que regresen a la vida civil. Es, en última instancia, un claro mensaje de buena voluntad del gobierno y la sociedad colombiana a la mesa de diálogos de La Habana.
Por su parte el gobierno Santos se comprometería a que la decisión de fondo que debe tomar el Consejo de Estado sobre el fallo del Tribunal Superior de Bogotá, que restituyó a Petro en su cargo, no saldría hasta dentro de dos meses, momento en que la necesidad de una elecciones atípicas (en caso de que el fallo sea contrario a Petro) ya no estaría establecida por la ley y sería un miembro de una terna progresista quien terminara el mandato. Además, Petro encontraría un apoyo fuerte en la figura del presidente de la República de llegar a reactivarse la guerra jurídica que ha tenido en vilo a la capital desde diciembre. No en vano fue el mismo Santos quien, contraviniendo la jurisprudencia de la Corte Constitucional, decidió no acatar las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la persona del alcalde. También se rumora en la Secretaría de Gobierno que este acuerdo incluiría un apoyo del santismo a la candidatura de Guillermo Alfonso Jaramillo, exsecretario de Gobierno, a la alcaldía de Ibagué en 2016.
La decisión de firmar ese acuerdo podría traerle más beneficios a Santos que a Petro ya que el primero encontraría el apoyo popular que podría inclinar la balanza a su favor en la, cada vez más factible, segunda vuelta presidencial del próximo mes de junio. El alcalde, con esta decisión, estaría arriesgándose a una escisión nada benéfica para su movimiento político y para las aspiraciones presidenciales de 2018 que pudiera tener. También, estaría enviando el mensaje de que todo vale en política para mantenerse en un cargo, a pesar de que el eje del discurso que sustenta este acuerdo sea el deseo de que Colombia alcance la paz con las Farc en un eventual segundo mandato de Santos.
Fue tan fuerte el deseo de firmar el acuerdo que, por orden de Petro, Guillermo Alfonso Jaramillo habría interrumpido sus vacaciones en el noroccidente del país y habría tenido que tomar un vuelo a primera hora de esta mañana para llegar a Bogotá a firmar la alianza con el principal partido de la Unidad Nacional. Durante el acto de firma del acuerdo Jaramillo, Horacio Serpa y Guillermo Rivera fueron enfáticos en señalar que ese acuerdo se desprende del deseo de defender al Estado Social de Derecho de quienes lo amenazan y no lo respetan. También se hicieron alusiones al uribismo y al expresidente Uribe como los enemigos principales del proceso de paz que se lleva a cabo en La Habana.
De esta manera ambos, Santos y Petro, estarían poniendo en práctica la máxima enunciada por el presidente-candidato hace cuatro años: “Sólo los imbéciles no cambian de opinión cuando cambian las circunstancias”
