Esta semana podría redefinirse la suerte del alcalde destituido Gustavo Petro. La decisión que se tome en el Consejo de Estado sobre una acción de nulidad y restablecimiento del derecho podría abrirle la puerta a Petro para que regrese al Palacio Liévano.
Después de que el presidente Juan Manuel Santos hiciera efectiva la destitución e inhabilidad de Gustavo Petro, como alcalde de Bogotá, y de que nombrara a Rafael Pardo como encargado de las funciones de alcalde, esta semana podría cambiar el panorama de la capital.
La defensa de Gustavo Petro en el proceso que inició la Procuraduría General y que desembocó en el anuncio de su destitución en inhabilidad por 15 años para ejercer cargos públicos, el pasado 9 de diciembre, presentó ante el Consejo de Estado una acción de nulidad y reestableciemiento del derecho. Esa acción tiene como fin cesar definitivamente la sanción de la Procuraduría y devolverle la vida política y el cargo al destituido mandatario.
La acción de nulidad le correspondió ser estudiada al magistrado Gerardo Arenas Monsalve. Como lo establece el nuevo Código de Procedimiento Administrativo, la decisión sobre esa demanda la toma el magistrado correspondiente, en este caso puntual es Arenas.
Este magistrado, que llegó como reemplazo del procurador Ordóñez en el alto tribunal, fue uno de los que salvó su voto en el estudio y negación de la tutela que había sido admitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con la que se había suspendido la sanción del ministerio público el pasado mes de febrero.
Arenas podría concederle medidas cautelares a Petro, mientras se estudia de fondo la demanda de nulidad, con lo cual la ejecución de la sanción quedaría suspendida y de esa forma el exmandatario regresaría a sus funciones.
Al ser admitida la demanda esta sería estudiada por la subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que está compuesta por los magistrados Bertha Lucía Ramírez y Gustavo Gómez Aranguren.
Lo llamativo de este escenario es que estos dos magistrados actuaron de la misma manera que Arenas en el episodio de la negación del amparo de la tutela. Los tres magistrados adujeron que se había violado el debido proceso de Petro al ser sancionado.
Además, aún está de por medio la controversia jurídica entre el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la Presidencia de la República por cuenta de la no notificación del fallo del Consejo de Estado antes de haber procedido a destituir a Petro.
Ese hecho ha sido usado por los más cercanos seguidores de Petro para sustentar su posición según la cual la alcaldía encargada de Pardo es ilegítima.
Así las cosas la expectación y la incertidumbre jurídica vuelven a ser el común denominador en uno de los casos jurídicos más complejos de los últimos años. Todo ello mientras el presidente Juan Manuel Santos aún no se pronuncia sobre el alcalde encargado salido de la terna presentada por el movimiento progresista y la Alianza Verde y mientras Petro recorre el país de plaza en plaza buscando consenso para una nueva Asamblea Nacional Constituyente.
