Una de las más encarnizadas disputas jurídicas y políticas de los últimos tiempos tiene como protagonistas al alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro y al procurador general, Alejandro Ordóñez. El futuro de ambos servidores públicos está en manos del Consejo de Estado que tiene la decisión sobre la procedencia de la permanencia en el cargo de los dos contradictores.
El pasado 9 de diciembre se abrió uno de los capítulos más complicados de la historia política y jurídica colombiana. Por cuenta de la destitución e inhabilidad del alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, por parte del procurador general, Alejandro Ordóñez, se dio inicio a una batalla que ha tenido su lugar en los estrados nacionales e internacionales.
Después de que Ordóñez fuera reelegido para un segundo periodo como procurador su labor al frente del Ministerio Público demostró el poder, casi omnímodo, que ostenta este funcionario. Para muchos sectores la cereza del pastel fue la destitución e inhabilidad del alcalde bogotano, sanción que fue más drástica que la impuesta a Samuel Moreno quien presuntamente fue uno de los cerebros detrás del Carrusel de la Contratación.
Esa guerra jurídica incluyó a los más altos tribunales del país que aceptaron y luego rechazaron las distintas tutelas que amparaban los derechos políticos del mandatario capitalino. La pelea escaló hasta el punto de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares a favor de Petro. Sin embargo, estas no fueron acatadas por el Estado colombiano y Petro quedó fuera del Palacio de Liévano el pasado mes de marzo.
Una tutela aceptada por el Consejo de Estado zanjó la controversia por cuenta de unas medidas cautelares otorgadas al alcalde, las mismas que lo mantienen hasta ahora como alcalde bogotano. A pesar de ese restablecimiento en el cargo Petro aún debe esperar a que el Consejo de Estado decida de fondo su situación, pudiendo avalar la sanción de la Procuraduría o contradiciéndola finalmente.
Muchas voces, han señalado desde un primer momento que el futuro de Petro como alcalde, definido por el Consejo de Estado no es el más promisorio toda vez que, como lo han señalado fuentes cercanas a Confidencial Colombia, el mandatario no cuenta con el favor de varios consejeros debido a su filiación con el M-19; grupo insurgente que se tomó el Palacio de Justicia en noviembre de 1985, acción que terminó en el asesinato, aún por establecer, de la mayor parte de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, mentores y maestros de estos.
Además, el paso de Ordóñez por el Consejo de Estado le granjeó relaciones estrechas con muchos de sus colegas que luego fueron miembros de las distintas cortes, incluyendo al Consejo de Estado.
Desde la otra orilla, la reelección del procurador Alejandro Ordóñez, demandada por los abogados Carlos Mario Isaza y Rodrigo Uprimny, encerraría varias irregularidades y sería contraria al ordenamiento jurídico por lo cual estaría en vilo la permanencia del procurador general en su cargo.
El consejero de estado Alberto Yepes presentó, en un primer momento, una ponencia que avalaba la reelección de Ordóñez, señalando que no es inconstitucional y que en ningún momento hubo algún acto contrario a la ley.
Sin embargo, la Sección Quinta, en la que se discutió esa ponencia y que estaba conformada, además de Yepes por las magistradas Susana Buitrago y Lucy Jeannette Bermúdez, no logró tener los tres votos que requiere una ponencia para ser aprobada. Esta Sección del alto tribunal, aún no ha llenado las dos vacantes que presenta por lo cual debió llamarse a dos conjueces para que se volviera a discutir la ponencia y se pudiera tener la votación necesaria.
Ricardo Hoyos y Jaime Córdoba Triviño son los dos conjueces que fueron llamados para dirimir esa controversia jurídica. Sin embargo al momento de volver a presentar la ponencia, el magistrado Yepes argumentó todo lo contrario a su primera posición, coincidiendo con lo expuesto por la magistrada Bermúdez en la discusión.
En la nueva ponencia de Yepes se exponen como causales para tumbar la reelección de Ordóñez el hecho de que su postulación por parte de la Corte Suprema de Justicia había sido hecha a puerta cerrada, algo que sumado a que esta lo había investigado penalmente, dejaría sin sustento la viabilidad de la reelección. Además, se señala en el documento que en la Constitución no se expresa que el procurador pueda ser reelegido, algo que abriría una nueva discusión jurídica en el sentido de lo que no está dicho en la constitución es prohibido para los funcionarios públicos o si, por el contrario, es únicamente lo que está regulado por la carta magna.
Estos argumentos se suman a las denuncias y señalamientos sobre posible tráfico de influencias y al aparataje burocrático que habrían conseguido los votos que lograron los votos que reeligieron a Ordóñez.
La decisión se tomaría este lunes, en espera de los votos de los conjueces Córdoba Triviño y Hoyos.
Así las cosas el destino de los dos protagonistas de la pelea jurídica más profunda de la historia reciente del país está en manos del mismo tribunal que ha mostrado diferentes posturas sobre los mismos temas en cortos periodos de tiempo.
