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Policía queda facultada para contratar civiles para erradicación manual


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De acuerdo con el Ministerio de Defensa, la erradicación manual es un programa que nació en respuesta del incremento de cultivos ilícitos en zonas de economía campesina, áreas de parques naturales, cerca de fuentes hídricas, entre otras, en las que no se podía hacer uso de la aspersión área, la cual posteriormente quedó prohibida en todo el país.

Ricardo Vargas, especialista agrícola del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre 2005 y 2014, explica que el programa de erradicación manual de cultivos ilícitos ha sido un fracaso y muestra de esto es en el incremento de los cultivos cocaleros en el último año. Señala que ésta es una política que no tiene sentido por si sola y debe estar acompañada de otras para que logre funcionar.

Sin embargo, no cree que la aspersión aérea sea una solución bien pensada al problema de cultivos ilícitos, sino que es la radicalización de los programas sobre erradicación. Para Vargas esta no es una salida racional frente al problema de cultivos ilícitos, pues no existe correspondencia alguna con la política y la aspersión.

El experto reconoce que en Colombia no se conoce completamente cómo funciona la dinámica internacional sobre la producción y tráfico de drogas; si bien la producción colombiana tiene un alto peso en el mercado internacional, desconocemos cerca del 70% de sus dinámicas y es necesario que revisemos las economías de coca, dijo.

El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, y el ex procurador Alejandro Ordoñez han sido los principales opositores al método manual de erradicación, y son defensores de la aspersión área de glifosato, herbicida que la OMS (Organización Mundial de la Salud) ha señalado, en su informe de marzo de 2014, como posiblemente cancerígeno.

El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, facultó a la Policía para iniciar con el proceso de contratación de campesinos y civiles para que apoyen la erradicación de cultivos ilícitos.

La facultad quedó expresa en el Decreto 249 del 14 de febrero de 2017 que, además, firmó el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Luis Guillermo Vélez y el director Nacional de Planeación, Simón Gaviria.