Un juez agrario del departamento de Norte de Santander, profirió la primera sentencia que ordena restituir 11 hectáreas de tierras a una familia campesina que fue despojada por bandas criminales, informó la Unidad de Restitución de Tierras.
Tras el fallo del juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Cúcuta , la Unidad de Restitución de Tierras entregará el terreno a una pareja de propietarios y sus hijos, en la región de El Zulia.
Las 11 hectáreas, que conforman dos predios, fueron abandonadas por sus dueños “a raíz de las constantes instigaciones de la banda criminal ‘Los Urabeños'”, dice un comunicado de la entidad gubernamental.
En ejecución de sentencias anteriores ya se recuperaron tierras arrebatadas, en casos emblemáticos, por la “Casa Castaño”, en Córdoba y por las Farc, en el municipio de Ataco, en el departamento de Tolima.
El Gobierno colombiano ha reiterado su indeclinable propósito de aplicar la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras “con igual rasero y sin distingos de quién fue el despojador”.
La política de restitución de tierras, plasmada en la Ley 1448 de 2011, se continúa aplicando con toda determinación y sin distinguir quién fue el despojador o quién determinó el abandono forzado, puesto que tan víctimas son las que recibieron el agravio a manos de la guerrilla, como las que lo recibieron por obra de los paramilitares y otras organizaciones criminales”,afirmó el saliente ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo.
La providencia del juez coincide con el pronunciamiento de la Corte Constitucional, que la semana pasada señaló que las víctimas de las bandas criminales también deben ser cobijadas por la Ley de Víctimas.
La historia del despojo se remonta al año 2004, cuando en Norte de Santander se registró un proceso de desmovilización en el que más de mil integrantes de las autodefensas dejaron las armas.
De todas maneras, aún existía en la región alta presencia de estructuras armadas de este tipo y las llamadas bandas criminales, derivadas de grupos paramilitares y del desmonte de los carteles del narcotráfico de la década de los noventa.
En 2007, integrantes de ese grupo armado irrumpieron en la parcela hoy cobijada por el fallo de la sentencia y, mediante amenazas de muerte obligaron a la familia a abandonarla.
Además les impusieron vender sus tierras a una persona en específico y a un precio irrisorio.
Desde entonces, los propietarios y su familia adquirieron la calidad de desplazados y, radicados en Cúcuta, padecieron dificultades a causa de su condición de víctimas.
Los beneficiados con el fallo, no habían ni siquiera podido volver a tener noticias del predio y se mantenían en constante zozobra a causa del generalizado estado de violencia padecido en la zona.
La sentencia ordena que los predios, en los que había cultivos de arroz y peces, no cobrarles impuestos y también que las autoridades militares y de policía deberán velar por la seguridad de los propietarios y mantener las condiciones de seguridad en inmediaciones al predio a restituir.
El Gobierno del presidente Juan Manuel Santos adelanta un programa de restitución de tierras que tiene como objetivo devolver más de 3,5 millones de hectáreas en el transcurso de su mandato de cuatro años, que terminará en 2014.
Con EFE.
