Mientras que el jefe del Ministerio Público está de acuerdo con la creación de una entidad que investigue a las altas cortes, desde la Fiscalía reprochan que se cambie el juzgamiento de los funcionarios.
En efecto, el procurador general Alejandro Ordóñez, respaldó la necesidad de crear el órgano que se encargaría de vigilar a los magistrados, al Fiscal, al Registrador, al Contralor, así como también al Presidente y al Consejo Nacional Electoral.
Durante la plenaria del senado que discute la reforma al equilibrio de poderes explicó que la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes –actual encargada de cumplir esas funciones de vigilancia- ha enviado un “mensaje de impunidad” en el ejercicio de dichas labores.
Ordóñez sentenció que debe existir ese tribunal que investigue y juzgue, sin antejuicio político, con el fin de garantizar la custodia de los órganos de control. Sin embargo, la Fiscalía se contrapuso a la aprobación de ese artículo.
El fiscal general de la nación (e), Jorge Fernando Perdomo, en representación del fiscal general Eduardo Montealegre, cuestionó que el Congreso quiera cambiar el juzgamiento de los funcionarios del Estado a través de la reforma.
Perdomo reprochó que “personas que ya tienen un fuero Constitucional diferente estén ahora incluidos en el Tribunal de Aforados” que el Senado estudia.
“La Procuraduría, la Contraloría, la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral no son funcionarios jurisdiccionales y no administran justicia. Estos son integrantes de órganos de control y sus decisiones son sólo administrativas. Al ser de esta índole no tiene sentido pensar que hay un desequilibrio de poderes y que ahora tengamos que equilibrar algo”, anotó.
De la misma manera trajo a colación la controversia de que se hable de reconfigurar ese juzgamiento cuando hoy en día están en trámite investigaciones “muy sensibles, especialmente contra la Contraloría”.
La posición de la Fiscalía General viene causando malestar entre los parlamentarios y aún se prevén polémicas hasta que no se llegue a consenso. Por ejemplo, un día después de que la comisión primera del Senado aprobara en el primero debate de ocho el articulado por los que debe cursar la reforma, que incluye el Tribunal de Aforados, el fiscal Montealegre declaró que el acto legislativo pretende hacer “una revancha, una cuenta de cobro que busca cercar a la justicia” e invitó a los jueces a protestar públicamente.
Luego, en una reunión entre los coordinadores y ponentes de la reforma y el jefe del ente investigador, se ventiló en buena medida la tensión desatada por la declaración de Montealegre, sin embargo, con lo expuesto por el fiscal (e) Predomo, sigue en entredicho que la Fiscalía llegue a un acuerdo.
Entre tanto, el Senado discute en segunda instancia el proyecto de acto legislativo. Una vez se dé vía libre en la plenaria, la enmienda pasa a evaluación de la comisión primera de la Cámara y luego en el pleno.
