En fallo de segunda instancia, la Procuraduría General de la Nación confirmó destitución e inhabilidad de 10 años a concejal de Chía Carlos Enrique Martínez, quien se valió de su cargo para influir en integrantes de la Policía Nacional e impedir su accionar en desarrollo de un proceso de inmovilización vehicular. En la actualidad se adelanta otra investigación disciplinaria contra Martínez Gallego, quien protagonizó el pasado fin de semana una persecución y el ingreso no autorizado a una unidad militar en la ciudad de Bogotá.
Mediante fallo de segunda instancia, la Procuraduría General de la Nación confirmó la sanción consistente en destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos durante el término de 10 años en contra del concejal de Chía Carlos Enrique Martínez Gallego.
La decisión se tomó después que Martínez valiéndose de su cargo, tratara de influir a miembros de la Policía para que no se continuara un procedimiento de tránsito cuando conducía una motocicleta, llevando como ‘parrillera’ a una mujer, al parecer menor de edad, que no portaba casco ni chaleco reflectivo.
Esta acción tuvo lugar en la madrugada del 12 de mayo de 2012. No obstante, cuando el exconcejal fue detenido preventivamente por la autoridad policial y al ser informado de la infracción de tránsito cometida, se alteró y profirió amenazas a los agentes que realizaban dicho operativo, impidiendo su acción.
La conducta del disciplinado quedó registrada en un video difundido por diferentes medios de comunicación a nivel nacional y fue corroborada por los uniformados en sus testimonios ante el Ministerio Público.
El concejal incurrió en falta establecida en el artículo 48 del numeral 42 del Código Disciplinario Único, el cual advierte que constituye falta gravísima “influir en otro servidor público, prevaliéndose de su cargo o de cualquier otra situación o relación derivada de su función o jerarquía para conseguir una actuación, concepto o decisión que le pueda generar directa o indirectamente beneficio de cualquier orden para sí o para un tercero (…)”.
Frente a esta determinación disciplinaria de segunda instancia no procede ningún recurso por vía gubernativa.
Cabe anotar que en la actualidad la Procuraduría General de la Nación adelanta otra investigación disciplinaria en contra del ahora exfuncionario por los hechos que protagonizó el pasado fin de semana, cuando a bordo de una camioneta se negó a atender un retén policial en la ciudad de Bogotá e irrumpió sin autorización en una unidad militar, en donde finalmente fue detenido por las autoridades
