El ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, radicó ayer en el Congreso de la República el ya anunciado proyecto de Ley con el que se pretende regular la inversión extranjera en tierras y, en general, en el sector agropecuario del país.
Contrario a lo que solicitaban algunos congresistas, entre los que están Hernán Andrade (Partido Conservador), Jorge Robledo (Polo Democrático) y Juan Lozano (Partido de la U), el documento no plantea limitar la llegada de capital extranjero estableciendo un tope en la adquisición de hectáreas.
“El Gobierno no cree conveniente cerrarle en las narices la puerta a la inversión extranjera en tierras y en agroindustria. Considera, sí, conveniente regularla, establecer un registro riguroso de toda inversión foránea que llegue para saber qué tecnología incorpora, qué empleo genera y qué modernización de la actividad agropecuaria o forestal favorece”, señaló el Ministro.
La regulación a la que alude el Gobierno propone evitar la apropiación indiscriminada de tierras con propósitos especulativos. En ese sentido, los puntos que establece la posible ley como condiciones para la aprobación de la llegada de recursos del exterior son, entre otros, la contribución con el ingreso y la calidad de vida de la población campesina, contribución a la productividad en el sector agropecuario y a la transferencia tecnológica, vinculación de propietarios campesinos a los proyectos de inversión.
El capital foráneo destinado al sector -dice el proyecto de Ley- deberá ser consignado en el registro nacional de inversión extranjera para el sector agropecuario, que será creado con el objetivo de regular la adquisición de predios rurales por parte de extranjeros.
Asimismo, plantea reglas claras de protección a los campesinos y a su propiedad. Aludiendo al fomento de los proyectos asociativos para permitir la vinculación de los propietarios de fundos rurales con inversionistas. Esto, según el documento con el ánimo de que los proyectos productivos sean incluyentes, promuevan la generación de empleo y garanticen el uso sostenible de los recursos.
No obstante, el Gobierno descarta totalmente la posibilidad de que inversionistas extranjeros accedan a terrenos baldíos de la Nación y usufructúen de ellos. “Los terrenos baldíos de la Nación solo serán adjudicados a personas naturales nacionales colombianos y no se otorgará derecho de usufructo sobre ellos”, dice el proyecto de ley.
El documento presentado por la Cartera de Agricultura, hace referencia también a que el país no está en una situación de escasez de tierras agrícolas y por tanto pueden desarrollarse proyectos de todas las magnitudes, que aseguren el empleo productivo del campo y que propendan por la seguridad alimentaria.
Según datos de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), la utilización de la tierra arable del país es de un 8%, índice aún muy bajo, si se compara con países como Chile, México y Costa Rica, que tienen una utilización de la tierra arable del 128%, 47% y 44% respectivamente.
