A la reunión que está pactada entre el ministro del Interior, Aurelio Irragorri, y la Cumbre Agraria, las asociaciones campesinas que convergen llevarán nueve puntos mínimos para avanzar en la negociación con el gobierno. Dentro de estos sobresalen la creación de un fondo para la economía campesina y la preclusión de investigaciones contra participantes de las movilizaciones del año pasado, entre otras.
En la reunión con el jefe de la cartera política, la Cumbre Agraria, Étnica y popular presentará como punto número uno la conformación de un fondo que fortalezca la maltrecha economía campesina. El fin de esta nueva institución estaría enfocado en garantizar los recursos para que estas comunidades puedan desarrollar con garantías las actividades del ciclo productivo: producción, transformación y comercialización de todos sus productos.
Como segunda medida sale a flote un tema que viene generando varios debates en la opinión pública: La ley 160 de 1994. En este aparte, la Cumbre Agraria pide reglamentar todos los temas pertinentes para generar las suficientes garantías que dentro de esta norma se establece y que siguen sin ser reguladas.
Además, pretenden la preclusión de las investigaciones en contra de varias personas que participaron en el anterior paro, así como la de cocaleros que han sido judicializados por la Ley 30 de 1986 y garantías para el derecho a la protesta social a través de la movilización, sin sufrir ataques que los lleve a una cárcel o a poner en peligro su integridad física.
La categorización de campesino, junto con las variables claves para la ejecución del Censo Nacional Agrario, también se incluyen para el acopio de una información más estricta de la perspectiva social, económica, cultural y política de todos los campesinos.
Respecto al espacio étnico de la Cumbre Agraria, los mínimos van enfocados a regular las medidas de la Ley 70 de 1993 en relación a las comunidades afrodescendientes del país y el cumplimiento de lo acordado con el Gobierno y la Minga en La María.
En ese sentido insisten en crear e iniciar, de manera mancomunada, seis proyectos pilotos para uno de los temas que tanto en el pliego principal, como en estos mínimos generadores de confianza, se quiere consolidar: la sustitución gradual y concertada de cultivos declarados ilícitos.
Y finalizan con la posibilidad de la creación de una ley estatutaria que identifique al campesinado, según fuentes de la cumbre, como sujetos de derechos, relevantes para la economía del país. Por eso solicitan su participación en la construcción de las políticas agrarias y el desarrollo rural en donde los mayores involucrados son las comunicadas labriegas.
