Columna de Opinión de Óscar Montes. Por cuenta de los sobrecostos en la modernización de la Refinería de Cartagena, el Presidente y su antecesor volvieron a hacerse graves señalamientos. ¿Quién tiene la razón?
No había terminado de apagarse el incendio que produjo la venta de Isagén cuando un informe de la Contraloría General, que habla de sobrecostos en la ampliación de la Refinería de Cartagena (Reficar), abrió otro frente de batalla entre el presidente Juan Manuel Santos y su antecesor, el hoy senador Álvaro Uribe Vélez. El escándalos de Reficar le sirvió al Gobierno para bajarle el tono al debate abierto por Isagén.
Luego de conocer el informe de la Contraloría –que denuncia sobrecostos en las obras de modernización de Reficar del orden de 4.023 millones de dólares, por cuenta de que la obra demandó recursos por 8.016 millones de dólares, luego de haber sido proyectada inicialmente en 3.993 millones– Santos abrió fuego contra Uribe al afirmar que “el origen, el pecado original de todo esto, sucedió en el gobierno anterior”, escribió Santos en su cuenta Twitter. “Si uno mira las cifras –continuó Santos– la población colombiana queda muy impresionada. Sobrecostos de estas magnitudes no tienen justificación alguna”.
Uribe recogió el guante arrojado por Santos y de inmediato ripostó en Twitter: “Exministros y exdirectores de Ecopetrol contestarán el cinismo de Santos, que manejó 5.5 años a Reficar y viene a culpar a nuestro Gobierno”.
Reficar es la refinería más moderna de América Latina, tal y como lo anunció el propio Santos cuando en octubre pasado inauguró las obras que tuvieran más de dos años de atraso. Así quedó registrado en casi todos los medios de comunicación del país, varios de los cuales también habían denunciado sobrecostos. El informe de la Contraloría sirvió para ratificar esas denuncias. No se trata, pues, de un gran hallazgo del organismo de control.
¿Qué pasó en realidad con los sobrecostos en la modernización de Reficar y qué tanta responsabilidad le caben a Santos y a Uribe? La historia de Reficar es bastante reciente y empezó en la primera administración de Uribe, cuando el Gobierno decidió actualizar y modernizar la capacidad de procesamiento de la Refinería de Cartagena. Pero al no disponer de los recursos suficiente para iniciar una obra tan ambiciosa –y ante el riesgo que representaba una expansión de tal magnitud– el Gobierno se puso en la tarea de buscar un socio que asumiera los riesgos y aportara el capital necesario para poder ejecutar el proyecto.
Y dicho socio apareció. En agosto de 2006 –mediante el mecanismo de subasta pública y manteniendo en reserva el precio mínimo que exigió Ecopetrol– la multinacional Glencore se quedó con el 51% de las acciones de Reficar. Al ser el mayor accionista asumió la administración y el control de la operación. Ello incluía no sólo los proyectos, sino también la selección del contratista CB&I, así como la definición del contrato de EPC (Ingeniería, Proveeduría y Construcción) para sacar adelante el proyecto. Es decir, toda la responsabilidad recayó en Glencore, multinacional que tenía a su cargo, además, la ejecución de proyectos mineros en el mundo.
Sin embargo, la crisis de 2008 afectó las inversiones de Glencore y la multinacional no pudo continuar con los planes de expansión de Reficar y por ello le propuso al Gobierno la venta de su participación en la refinería. Aceptó –inclusive– que Ecopetrol tuviera una posición privilegiada para ser el comprador.
Ecopetrol para ese momento ya había superado las vacas flacas –por cuenta de su capitalización en el mercado de valores– y pudo recomprar el 51% de Glencore.
La operación financiera se materializó a mediados de 2009. El monto de la misma estuvo cerca de cien millones de dólares por debajo de lo que Glencore había pagado en 2006.
A finales de 2009, Ecopetrol decidió una serie de modificaciones materiales al proyecto original, buscando con ello una mejor optimización de la producción combinada de combustibles de las refinerías de Barrancabermeja y Cartagena.
“Todo perfectamente permitido y con la plena autorización de la junta directiva de Ecopetrol. Todos los temas fueron llevados al Consejo de Ministros, del que hacía parte el hoy presidente, Juan Manuel Santos, el mismo que nos achaca el pecado original”, me dijo un exministro de Minas de Uribe, con quien hablé sobre el tema.
Pero, además, las modificaciones también apuntaban a proveer a la industria petroquímica de materias primas nacionales y la necesidad de procesar derivados de crudos más pesados.
El presupuesto para la expansión y modernización de la refinería fue aprobado a finales de 2009, pero diversas operaciones –entre ellas las actualizaciones de los contratos existentes– llevaron a que solo hasta mayo de 2011, el proyecto empezara su ejecución por una suma de 3.993 millones de dólares. La duración del proyecto fue calculada para ser ejecutada en tres años.
Mientras Reficar se modernizaba hubo cambio de gobierno y lo que había empezado Uribe lo debía terminar Santos, quienes en ese momento eran buenos amigos. Pero al poco tiempo las cosas cambiaron y hoy son enemigos declarados. Así las cosas, Uribe dice que él entregó Reficar con un presupuesto de 3.993 millones de dólares y que quien debe responder por los sobrecostos es Santos, que inauguró Reficar después de haberse gastado 8.016 millones de dólares. Santos –por su parte– responsabiliza a Uribe del “pecado original”.
¿Qué va a pasar con el escándalo de Reficar? ¿Quién tiene la razón?
¿Sobrecostos a espaldas de Santos?
Ninguna decisión relacionada con Ecopetrol –mucho menos las que tienen que ver con proyectos de expansión o modernización de sus plantas– se toma sin ser planteada o debatida en el Consejo de Ministros. Nada ocurre a espaldas de los jefes de las distintas carteras. De manera que el “pecado original” del que habla Santos para responsabilizar a Uribe de los sobrecostos en la modernización de Reficar –si llegó a ocurrir– se cometió en presencia del actual Presidente, que –como es sabido por todos– fue ministro de Defensa de Uribe. ¿Expresó Santos en su momento su inconformidad con lo que estaba sucediendo en Reficar? ¿Ese asunto tan trascendental para el país no fue debatido en los Consejos de Ministros? ¿Dejó Santos constancia de su inconformismo con lo que estaba sucediendo con Reficar? Pero algo más: si Santos –una vez elegido Presidente en 2010– tuvo conocimiento de la letra menuda de los contratos y de los sobrecostos en que estaban incurriendo las directivas de Reficar, el Ministerio de Minas o Ecopetrol, por qué no lo denunció y por qué siguió adelante con las obras de modernización. ¿Por qué permitió que las obras continuaran hasta octubre del año pasado, cuando las inauguró con bombos y platillos?
Reficar, ¿una cueva de Rolando?
Tiene razón el presidente Santos cuando afirma que las denuncias sobre los sobrecostos en la modernización de Reficar sean llevadas hasta las últimas consecuencias. Y si de las investigaciones se derivan responsabilidades administrativas, disciplinarias, fiscales o penales, los culpables deben responder por sus actos. Punto. No puede haber espacio para la impunidad. Pero lo que no puede suceder –y está sucediendo– es que por los señalamientos del alto gobierno se llegue a conclusiones ligeras e irresponsables, como la de considerar que una de las refinerías más modernas de América Latina –que lo es– y orgullo de la Región Caribe, terminó convertida en una especie de cueva de Rolando, algo así como un nido de delincuentes. La voluntad política de Uribe de iniciar la modernización de la refinería y de Santos de terminarla, llevó a Reficar a duplicar su capacidad de 80.000 millones de barriles a 165.000 millones. Esa es una realidad objetiva incontrovertible y la obra es orgullo del caribe colombiano. Y si durante la ejecución de las obras de modernización hubo actos delictivos o actuaciones dolosas, quienes incurrieron en las mismas deben recibir castigos ejemplarizantes. Reficar es un activo muy valioso de Ecopetrol y de la Nación. El oportunismo político no puede llevar a los dirigentes nacionales a jugar con el patrimonio de todos los colombianos.
¿Oportunismo político o debate oportuno?
El exministro de Hacienda y actual presidente de Ecopetrol Juan Carlos Echeverry ha sido particularmente activo en el nuevo escándalo sobre Reficar, llegando inclusive a responsabilizar como causante de los sobrecostos a los directivos de la Unión Sindical Obrera (USO). Obviamente que se trata de una exageración que no tiene ni pies ni cabeza. Por mucho poder que tengan los sindicalistas en Ecopetrol –que lo tienen– no existe la menor posibilidad de que, por cuenta suya, una empresa como Reficar incurra en sobrecostos del orden de los 4.000 millones de dólares, así hayan realizado uno o varios paros. Quien debe dar explicaciones –entre otros– es Echeverry, que fue ministro de Hacienda, antes de ser presidente de Ecopetrol. En lugar de politizar el debate –como hizo Santos y el propio Echeverry, con el fin de echarle tierra al escándalo de Isagén– lo que deben hacer todos ellos es llevar la discusión a los asuntos técnicos, que podrían arrojar luces sobre lo sucedido, entre ellos lo relacionado con la adaptación de nuevas tecnologías, que demandó la modernización de la refinería y que –sin duda– elevaron el costo proyectado inicialmente. Ese camino no es tan rentable en términos políticos, pero sí es mucho más responsable que el de valerse del atajo y la mala leche de achacarle el “pecado original” al antecesor de Santos a sabiendas de que buena parte del agua sucia le va a caer en la cara al actual Presidente y –claro– al propio Echeverry.
El papel de la Contraloría General
Qué bueno de la Contraloría General recupere su protagonismo como organismo de control. Qué bueno que deje de ser un fortín burocrático al servicio de los polítiqueros. Si uno de los propósitos de Edgardo Maya Villazón es despolitizar a la Contraloría General, puede tener la certeza de que la inmensa mayoría de los colombianos lo acompaña en esa empresa. No obstante, una de las grandes debilidades que tiene ese organismo es que –por cuenta del llamado control posterior– sólo puede denunciar los hechos después que ocurrieron, no antes, ni durante de su ocurrencia. El control previo era una de las fortalezas que tenía la Contraloría General, pero esa figura desapareció y dejó a la entidad sin muelas y sin dientes para combatir a los delincuentes de cuello blanco. Ojalá que las denuncias sobre Reficar lleguen a buen puerto y la Contraloría recupere sus bríos en materia de lucha contra el delito. Prestarse para el juego político y para pasar cuentas de cobro solamente serviría para desprestigiar aún más esta entidad, que necesita con urgencia recuperar su prestigio.
