Diferentes hechos ocurridos en los últimos días tienen al Catatumbo como escenario de ataques guerrilleros, amenazas de paro y medidas de hecho para hacer cumplir sentencias de la Corte Constitucional. Esta situación pone de presente lo lejos que se encuentra esta zona neurálgica de los centros de poder de Colombia.
A principios del mes de agosto Ecopetrol anunció que se retiraba de cierta zona de la región del Catatumbo. En específico de las inmediaciones de Tibú en donde el pozo Tibú 50 y la estación de bombeo M-24 fueron dinamitados por, al parecer, miembros de la guerrilla del ELN.
Estas acciones y los constantes asedios de grupos armados al margen de la ley hicieron que la empresa petrolera decidiera suspender operaciones en la región y trasladar a sus trabajadores a Ocaña. Una decisión que viene a romper las actividades realizadas por más de tres décadas en la zona de Tibú.
Otro ejemplo de la compleja situación de orden público es el ataque y derribamiento, el día 12 de agosto, de un helicóptero que prestaba el servicio de transporte de valores. La aeronave fue atacada desde tierra dejando como saldo trágico tres policías y un tripulante muertos. El ataque, en la población de Teorama, no logró el cometido de quedarse con los 300 millones de pesos que iban a ser entregados al Banco Agrario.
Esta región de frontera ha sido víctima de la presencia y accionar de grupos armados al margen de la ley. Desde masacres paramilitares, como la de La Gabarra, ocurrida en 1999, hasta la presencia de alias Megateo, uno de los guerrilleros señalados como el gran traficante de droga de la frontera con Venezuela. Esta situación de orden público sumada al abandono estatal es caldo de cultivo para la insatisfacción de la población local. Por ejemplo, el director de la Unidad de Tierras, Ricardo Sabogal asegura que una de las regiones más difíciles en las cuales adelantar los procesos de restitución de tierras por cuenta del minado de grandes zonas es el Catatumbo.
Sumado a esto existe un creciente malestar social en eta frontera con Venezuela. El pasado 2013 se presentó un paro que aisló la región por más de 55 días. Este paro se conjuró con una mesa de interlocución entre el gobierno y las organizaciones que representan a los manifestantes.
Sin embargo, un año después de terminado el paro, aseguran los líderes populares y campesinos, el Gobierno Nacional no ha cumplido con sus acuerdos.
El ejemplo más claro de esta situación es la constitución de la Zona de Reserva Campesina del Catatumbo. Después de que fuera levantado el paro campesino de 2013 el gobierno Santos se comprometió a acelerar las acciones que permitieran la constitución de esa Zona de Reserva.
Sin embargo, desde finales del año pasado se le han venido poniendo peros a esta disposición. El primero de ellos fue una demanda de inconstitucionalidad sobre dos artículos de la Ley 160 de 1994, que regula y establece los principios de estas zonas de reserva. Sobre esta demanda, el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez se constituyó en parte civil dándole la razón al demandante por lo cual el entonces ministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde y el gerente del Incoder, Rey Ariel Borbón decidieron postergar el visto bueno para esta zona.
De manera paralela se había interpuesto una acción de tutela que pretendía echar abajo esta zona de reserva campesina toda vez que, según la tutela, entraba en conflicto con indígenas Barí que habitan la zona. La Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc) fue enfática en señalar que ya se habían establecido acuerdos con los indígenas y que no existía conflicto alguno.
En ambos casos la ley falló a favor de las Zonas de Reserva Campesina. A pesar de ello, como dice César Jerez, líder de la Asociación Nacional de Zonas de reserva Campesina, “Ahora que la Corte nos da la razón, el Incoder, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio del Interior y la UPRA quieren adelantar una evaluación sobre la pertinencia de las Zonas de Reserva Campesina, partiendo desde la inconveniencia e inutilidad de esa figura. Se van a gastar 700 millones de pesos en un proceso que busca dinamitar una de las bases de los acuerdos logrados en la mesa del Catatumbo y en la mesa establecida con la MIA”.
Para Jerez la situación en el Catatumbo es cada vez más preocupante y es más tensa de lo pensado “La población campesina del Catatumbo decidió declararse en Zona de Reserva Campesina de hecho, esto es que se aplica la figura sin que medie la decisión del Incoder o del Minagricultura ya que no hay interés en ellos para que suceda. A esto hay que sumarle la grave situación humanitaria en la región, debida a los constantes combates entre la fuerza de Tarea Vulcano, del Ejército Nacional y las fuerzas de las guerrillas de las Farc y el ELN”.
Esta situación de inestabilidad en el Catatumbo ha sido denunciada a lo largo de este año, siendo la preocupación más constante de muchos pobladores de la región, los ametrallamientos y bombardeos que, en muchas ocasiones terminan afectando cultivos y casas de algunas veredas.
Mientras que la situación en el Catatumbo sigue poniéndose cada vez más tensa, la aparente luna de miel vivida entre el Presidente Santos y las organizaciones campesinas, durante el periodo comprendido entre la primera y segunda vueltas electorales, parece haber terminado y no es descartable un nuevo paro campesino y cívico, como los vívidos en el área de Tibú el año pasado o el vivido en Cúcuta a principios de este.
