La masacre de diez campesinos revivió hoy el terror paramilitar en el norte de Colombia, una de las zonas donde las bandas criminales que nacieron tras la desmovilización de las temidas Autodefensas Unidas de Colombia tienen control y poder territorial.
Nueve hombres y una mujer, todos labriegos, fueron asesinados el miércoles por la noche por desconocidos cuando terminaron su jornada laboral en una finca dedicada al cultivo de árboles frutales en el municipio de Santa Rosa de Osos, perteneciente al departamento de Antioquia (noroeste), del que Medellín es su capital.
Según las autoridades, tres individuos irrumpieron en la finca La España y, tras retener a los trabajadores, les arrojaron una granada de mano para después rematarles con armas de fuego.
A los hechos sobrevivió un joven que está gravemente herido.
“Esto es el infierno”, fueron las palabras que le dirigió el secretario de Gobierno de Antioquia, Santiago Londoño, al gobernador del departamento, Sergio Fajardo, cuando llegó al lugar y se encontró con el dantesco escenario.
“Las primeras hipótesis indican que los responsables son miembros de la banda criminal Los Rastrojos”, dijo a Efe un portavoz de la Policía Nacional desde Medellín.
Esta es una de las organizaciones armadas dedicadas al narcotráfico y la extorsión que surgieron tras la disolución de las AUC en 2006, dentro de un acuerdo con el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010).
“Lo que sabemos es que el autor (de la masacre) fue una banda criminal al servicio del narcotráfico, que utiliza la extorsión”, remarcó después el gobernador Fajardo a Caracol Radio.
El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, se expresó en términos similares al señalar también a Los Rastrojos, aunque aclaró que “habían aparecido por allí delincuentes de Los Urabeños”, otra banda también de origen paramilitar.
Pinzón reveló que recientemente fue detenido un tal “alias 18”, jefe de Los Rastrojos en esa zona antioqueña, por lo que “seguramente ese terrible crimen tiene alguna relación”.
Pero en Santa Rosa de Osos circula otra versión, y es que Los Ratrojos habrían perpetrado el crimen múltiple en venganza por el impago de una extorsión exigida al propietario de la finca, según testimonios que escuchó Efe a los aterrorizados campesinos.
Y es que, al parecer, el propietario de La España es dueño de otras fincas donde trabajan muchos labriegos.
Por eso, el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, advirtió de un posible desplazamiento de campesinos y exigió al Gobierno medidas “para proteger la vida” de los habitantes ante la presencia de grupos neoparamilitares.
Reveló, además, que los campesinos han recibido amenazas surgidas “a raíz de los enfrentamientos que libran Los Rastrojos y Los Urabeños por el control criminal de la zona apelando al narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión”, versión que fue ratificada por el gobernador Fajardo.
El ministro de Defensa prometió perseguir “con toda la fuerza de la ley” a los autores de la matanza y expresó que “merece una reacción rápida y contundente”.
También mostró su preocupación por un eventual rebrote de las matanzas en Colombia, el modus operandi de las AUC durante los años que sembraron de terror el país.
“Precisamente este año tenemos el número más bajo de masacres de toda la década, pero el hecho de que se presente ésta nos parece de la mayor gravedad”, manifestó Pinzón.
En medio del silencio sepulcral de los vecinos de Santa Rosa de Osos, Elda del Socorro Viana, viuda de Pompilio Gómez, una de las diez víctimas mortales, se atrevió a relatar lo que hoy se siente en este municipio: “hay dolor y extrañeza”.
Viana explicó a RCN Radio cómo los victimarios llegaron y “les dijeron que era para una reunión, los chularon (mataron) y les dispararon”.
“Les tiraron la bomba (…). El muchacho (herido) se había resguardado y no se dieron cuenta que había quedado vivo”, según esta mujer, una de las pocas personas que habló sobre lo ocurrido en la finca La España, hoy tomada por el Ejército.
El municipio donde ocurrió la matanza se encuentra en una región en la que históricamente han tenido gran presencia los paramilitares y donde, tras la desmovilización de las AUC, tomaron mucha fuerza las nuevas bandas del crimen organizado.
De hecho, a finales de diciembre del año pasado estos grupos paralizaron todo el norte de Colombia mediante un desafiante paro armado que duró varios días ante los ojos atónitos del Gobierno, las fuerzas de seguridad y los ciudadanos.
La que ya se conoce como la “masacre de la tomatera”, por haberse producido en una finca dedicada al cultivo de tomates de árbol, es la más grave ocurrida en Colombia en los últimos años.
