Rubi Mosquera no sabía qué era ser desplazada por la violencia hasta que llegó a Bogotá y se encontró con la fría y áspera capital. Junto con sus tres hijos adolecentes,viajó en el 2001 desde el municipio Caucasia, en el Bajo Cauca Antioqueño, luego de que paramilitares la amenazaran por no entregar la virginidad de su única hija, quien entonces tenía 16 años.
Aunque es oriunda de Cartagena, viajó a Antioquia buscando un mejor futuro para ella y sus hijos; sin embargo, comandantes de las Autodefensas como ‘Mancuso’ y ‘Macaco’ eran los jefes y señores de estas tierras, pues ni la presencia del Ejército ni de la Policía fueron suficientes para protegerlos.“Los que mandaban eran los paras” comenta Rubi.
Llegó el martes 21 de agosto de 2001 a Bogotá. Quizás lo más duro no fue encontrarse con la indiferencia de la sociedad, sino con un gobierno que ignoraba las necesidades de las víctimas del conflicto armado. A pesar de esto, con el peso de la responsabilidad como madre cabeza de familia, empezó a trabajar en restaurantes y asaderos de pollo,en los que se desempeñó como cocinera, mesera, cajera y hasta envarilladora de pollos. Con lo poco que ganaba pagaba un arriendo y compraba los productos básicos de la canasta familiar.
Años más tarde, luego de asistir a jornadas masivas para desplazados y recibir ayudas humanitarias de un millón de pesos que llegaban cada año; luego de ser parte de plantones en la Unidad de Atención y Orientación (UAO) en Puente Aranda, y sin encontrar respuestas que solucionaran sus problemas, decidió crear en el 2010 la Fundación para la Vida y la Paz, una organización dedicada a apoyar a desplazados que no solo han sufrido el flagelo de la guerra, sino “la indiferencia de un gobierno al que no le importó las diferentes manifestaciones para exigir sus derechos como víctimas”.
Cuenta que para la Fundación realizaron todos los trámites necesarios como la Cámara de Comercio, la creación de estatutos, entre otros requisitos solicitados por la ley. Desde allí, sin ningún título que la acredite como abogada, pero con la experiencia de haber gestionado muchas veces tutelas o derechos de petición para solicitar una “vivienda digna”, ayuda a desplazados que como ella han luchado para hacer valer lo que dice la Ley de Víctimas. Toma en su mano un libro que está sobre el escritorio, que condensa todos los artículos del estatuto 1448 de 2011, y con contundencia y en una sola frase dice “¡esto no sirve para nada!”.
En estos cuatro años en los que se ha dedicado a defender los derechos de los desplazados, lleva 2500 casos a nivel nacional de los cuales sólo ha logrado que a 6 personas les den su casa.
Esta labor solidaria, aunque no parezca de alto riesgo para la integridad física de Rubi y su familia, sí lo es. El Bloque Capital Águilas Negras, perteneciente a paramilitares posdemovilizados, la ha amenazado por medio de un panfleto en donde la conocen como “Rubi Valencia”. En la misiva la catalogan como una de las “principales desplazadas hijueputas parásitos de mierda que no hacen sino fastidiar a nuestra sociedad de bien y desprestigiar el buen gobierno del presidente Juan Manuel Santos (…)”. Allí le manifiestan que le dan 30 días para abandonar la ciudad, pues según el comunicado emitido el 4 de enero de este año, las organizaciones que dirigen varios activistas están al servicio de la izquierda, es decir, de las Farc, el ELN y del movimiento de los indignados “Petro no se va”.
La Unidad Nacional de Protección le brindó a Rubi un chaleco antibalas y un celular. Sin embargo, se pregunta de qué le sirve un chaleco, si ni siquiera lo puede usar todos los días, pues ella sufre de la cadera y cuando lo usa el dolor se hace insoportable; frente al celular jocosamente dice “si me van a matar yo no creo que me dé tiempo de sacar el celular y llamar para avisar que estoy en peligro”.
El calvario por una “vivienda digna”
Hoy en día, Rubi paga 400 mil pesos por el arriendo de un apartamento en el centro de Bogotá. A pesar de tener una Fundación que lucha por las víctimas del desplazamiento forzado para conseguir alguna de las 100 mil viviendas gratis que ofrece el Gobierno Nacional, ella no ha logrado obtener su casa propia.
Cuenta que desde el 2010 ha tenido una infinidad de obstáculos burocráticos para ser beneficiaria de una “vivienda digna”. Por ejemplo, en el 2012 le asignaron en Usme un apartamento en el proyecto “Poblar de Santa Marta”; según Rubi la vivienda se la entregaban finalizando el 2012, pero esto nunca ocurrió, pues hasta hoy no ha comenzado la construcción.
Se pudo constatar por medio de un informe de la Secretaria Distrital del Hábitat que efectivamente no se ha empezado la construcción, ya que está retrasada por estudios del suelo que está realizando la Fundación Social Constructora Apiros.
Luego de ver que no le iban a entregar su casa, decidió pasar un derecho de petición renunciando al proyecto, pero a la vez pidiendo que la incluyeran en el de Las Margaritas que está ubicado en la localidad de Kennedy.
Pasado un año de enviar el derecho de petición, llegó la respuesta. En esta le dijeron que no era un beneficiario potencial para adquirir una de las casas gratis. El documento señala que “revisando las bases de datos de la remitente Rubi Teresa Mosquera (…) nos encontramos que estaría en una segundaorden de priorización de hogares de desplazados con subsidio asignado. Sin embargo, la fecha del corte del subsidio asignado en Bogotá es el 24 de febrero de 2014, fecha que usted no reporta según la información en la base de datos de Fonvivienda”.
Este es hasta la fecha el calvario que Rubi ha vivido para poder ser beneficiaria de alguna de las 100 mil casas ofrecida por el gobierno de Juan Manuel Santos.
Finalmente, frente al proyecto que tiene el alcalde de Bogotá Gustavo Petro, de construir casas para víctimas del desplazamiento forzado en sectores exclusivos de la ciudad, Rubi comenta que tiene opiniones encontradas, pues le gusta la idea de que Petro quiera desestratificar la capital, es decir, que si el ‘rico’ puede vivir en esos lugares, porque un ‘pobre’ no lo puede hacer.
Sin embargo, advierte que la convivencia en medio de gente ‘rica’ puede traer problemas no tanto para los adultos, sino para los niños y pone un ejemplo: “¿qué pasaría un 24 de diciembre si a mis tres nietos no les puedo dar el regalo que el niño hijo de papi y mami tiene? o ¿qué pasaría si a mis nietos no los puedo llevar a los mismos colegios del niño rico? Ellos van a sentir que nosotros los desplazados estamos invadiendo su terreno”, aunque reconoce que esto no lo puede llamar como una revictimización.
Rubi Mosquera finaliza su testimonio diciendo que le “gusta lo que piensa Petro, es un hombre que dice que va hacer tal cosa por las victimas y la hace. Es una persona que ha luchado mucho desde su gobierno por las víctimas que se encuentran en Bogotá”.
