Por decisión de la Corte Constitucional, el Estado deberá retirar parte de una base militar en territorios indígenas del Guaviare. Una decisión que puede sentar jurisprudencia para que varias comunidades, incluidos los nasa, pidan lo mismo para sus territorios.
Este auto de la Corte se da frente a una situación concreta. En territorio de las comunidades indígenas Jiw, Guayabero y Nukak, que habitan en el en el área rural denominada como Barrancón, jurisdicción de San José del Guaviare, venía operando una escuela de formación de la Armada Nacional.
Dentro de sus acciones de entrenamiento, algunas balas perdidas hirieron indígenas, los territorios se hicieron intransitables e, incluso, se denunciaron violaciones de Derechos humanos como delitos de violencia sexual.
La decisión estuvo fundamentada en que, en la zona, las unidades de las FFMM estaban en entrenamiento y sus funciones no eran las que le asigna la Constitución, proteger a la población civil. Funciones que sin duda podía desarrollar, pero no estaban contempladas en su naturaleza.
El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, afirmó que “Respetamos los fallos de la Corte y los acatamos, sin embargo vamos a acudir a las herramientas jurídicas que tiene en este caso el Gobierno, llevarlas a las instancias de la Corte para que sea revisado el tema”, y expresó la necesidad de mantener las bases militares por razones de seguridad.
Cabe recordar que estas comunidades han sido identificadas como pueblos en alto riesgo de exterminio físico y cultural por organismos internacionales y por la misma Corte Constitucional, al igual que las del Cauca, que incluso tienen medidas cautelares de la Corte interamericana de Derechos Humanos.
En ese sentido, el representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Todd Howland, hizo un pronunciamiento que pasó desapercibido en medio del huracán de noticias del Cauca.
Howland dijo que con base en la doctrina de Naciones Unidas relacionada con los pueblos indígenas y en el convenio 169 de la OIT, le daba la razón a los indígenas nasa. Afirmó que la fuerza pública tenía como principal misión la protección de la población civil y que, dado que las acciones militares no eran coordinadas con las autoridades indígenas, ellas estaban en el derecho de expulsar a un actor que, de acuerdo con ellas, les pone en riesgo.
El gran interrogante es si, efectivamente, las comunidades del Cauca podrían pedir lo mismo basadas en esta jurisprudencia, teniendo en cuenta que las tropas desplegadas en su territorio tienen labores de combate, interdicción y otras relacionadas con el orden público.
