Después del respiro que le dio el Consejo de Estado al procurador general, Alejandro Ordóñez, por cuenta de la decisión de la demanda que existe sobre su reelección, esta semana que termina no ha sido la mejor para él. Varios hechos lo han puesto en el centro de la opinión pública y han mostrado que el país anda a un ritmo diferente al suyo, y con eso, pareciera que se le cae la estantería al jefe del Ministerio Público.
A comienzos de la semana, por cuenta de las revelaciones hechas por la revista Semana sobre las actividades de Andrés Sepúlveda, el “Hacker” que habría chuzado a los negociadores del proceso de paz con las Farc, entre otras actividades ilícitas, el nombre de Alejandro Ordóñez salió a relucir.
Sepúlveda contó en la extensa entrevista que existió un plan para desacreditar la labor y la persona del alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro. Según su versión “Cuando destituyeron a Petro estaban hablando de hacer la revocatoria. Yo creo una estrategia, apoyada por el Centro Democrático y por el equipo del procurador, o la gente cercana al procurador, en la que el objetivo era hacer una campaña de desprestigio en contra de Petro. El objetivo era desprestigiar a Petro sacándole temas de corrupción, sacándole temas de alcoholismo. La idea, mire, en esto ellos mismos eran los que se inventaban las cosas, decían mire diga que Petro es un borracho, mire diga que Petro le pega a la mujer, mire, o sea, cualquier cosa que usted se pueda imaginar”.
Por este señalamiento la Procuraduría General emitió un comunicado en el que niega cualquier responsabilidad en ese tipo de actividades y dice que un hermano de Andrés Sepúlveda habría dicho ante la oficina del procurador que existían presiones sobre el “hacker” para que declarara en contra de Ordóñez, entre otros.
Sin embargo, la versión de Andrés Sepúlveda había echado a andar y fue recogida por distintos sectores, siendo capitalizada por el alcalde Petro y sus seguidores, así como los principales medios de circulación nacional. Sepúlveda ha ofrecido pruebas que sustentan sus versiones, cuya veracidad se decidirá ante los estrados judiciales.
A mediados de la semana, una afirmación hecha por el académico Alfredo Molano sobre la condición de pareja de las ministras Gina Parody y Cecilia Álvarez, llevó a que ésta última sacara del closet la relación de ambas funcionarias públicas.
Esta situación por si sola no debería generar mayor problema pero para Ordóñez, quien ha sido uno de los contradictores directos de las uniones entre parejas del mismo sexo, no debe caer bien que dos altas funcionarias del ejecutivo nacional sean gay y sean pareja. Cabe recordar que desde que se aprobara la unión civil para parejas del mismo sexo, la Procuraduría ha exigido que los notarios del país informen los nombres y situación de cada una de las parejas que solicitan este tipo de unión.
Esta medida que aún hoy se considera, por varios activistas de la comunidad LGBTI, como lesiva para la privacidad y honra de las personas que buscan unirse en matrimonio civil. Que dos ministras acepten su condición sexual y de pareja lanza un mensaje de inclusión y apertura por parte del Estado colombiano que, es muy posible, será replicado en otras instancias, con lo cual la resistencia de Ordóñez a que las uniones de personas del mismo sexo sean una realidad, iría perdiendo fuerza paulatinamente.
Por último, el jueves 28 de agosto la Corte Constitucional avaló la adopción de una menor de edad por parte de una pareja de lesbianas, una de las cuales es la madre biológica de la niña.
Esta decisión del alto tribunal se atraviesa en los conceptos y posiciones expresados por el mismo Ordóñez quien ha considerado que “solo la familia que tiene su origen en las relaciones heterosexuales resulta idónea”. Con esta decisión de la Corte Constitucional, otro de los frentes de batalla conceptual del procurador general queda carente de apoyo y puede enfrentar a ambas instancias (la Procuraduría y la misma Corte), como ya ha sucedido en el pasado. Un ejemplo de ello fue el llamado de atención que hizo el tribunal ante la información inexacta que estaba difundiendo el Ministerio Público sobre los anticonceptivos de emergencia y la píldora del día después.
La adopción de esta menor abre las puertas para que Colombia apruebe la adopción por parte de parejas del mismo sexo, sin que sea visto como algo atávico o escandaloso sino que sea uno de los gestos de igualdad más claros en la legislación colombiana.
Se puede pensar que mientras el Procurador General ha dado unas duras peleas por cuenta de lo que según muchos es una posición dogmática y basada en sus creencias religiosas antes que en el ordenamiento jurídico del país, el resto de la sociedad colombiana avanza en una dirección contraria a la que Ordóñez quisiera que lo hiciera.
Como si lo anterior fuera poco se conoció este viernes 29 que el proyecto de ley que le restaría facultades a la Procuraduría General, ya está avanzado en el Congreso de la República. Por el momento se sabe que el proyecto de ley eliminaría la reelección del Presidente de la República y del Procurador General. Además, se reformaría la manera de elegirlo para que las altas cortes no puedan nominar a los candidatos. Esto último generó un gran debate por cuenta de la demanda ante la reelección de Ordóñez, que cursa trámite en el Consejo de Estado y por la cual éste podría ser separado de su cargo. También se estudiará la viabilidad del Código disciplinario presentado por el Procurador en días pasados.
Para el caso de lo afirmado por Sepulveda, será la Fiscalía General -con la que Ordóñez ya se ha enfrentado en ocasiones anteriores, la que decida el valor de las versiones del “hacker”, que dieron inicio a una de las más duras semanas para el Procurador General de la Nación.
