Tras el anuncio del presidente Santos de postularse para un segundo mandato y la presentación oficial de candidatos de diferentes partidos con miras a la Presidencia, la Misión de Observación Electoral (MOE), presentó las alertas preliminares para anticiparse a posibles complicaciones que se puedan dar durante el proceso de elecciones del próximo año.
Desde este jueves comenzó la observación electoral en todo el territorio nacional, con varias recomendaciones y advertencias preliminares generadas por la MOE de frente al pulso político que se desarrolla en el país. Las alertas emitidas constituyen los temas de calidad de las elecciones, orden público y la institucionalidad alrededor del proceso electoral.
Afectación al proceso electoral por la calidad de las elecciones
El organismo le recuerda a Alcaldes y Gobernaciones que no se pueden usar programas de Gobierno con propósitos electorales. De igual manera, entran en relación los parámetros vinculados por la Ley de Garantías que al no ser cumplidos, concluirían en un jalón de orejas de parte de la MOE hacia el infractor.
-Se llama la atención sobre la necesidad de recordar a las autoridades locales (Alcaldías y Gobernaciones) que no pueden usar programas de Gobierno y de Estado con fines electorales.
-Fue erradicada la exigencia de depositar la firma y la huella en el formulario E-11 (Acta de Votación) de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
-A la fecha de hoy la votación aún no tiene un procedimiento regulado. Se llama la atención que se pueda votar durante 8 días seguidos.
-El Consejo Nacional Electoral debe conocer y hacer públicos los valores de la publicidad en medios de comunicación para facilitar la verificación de la violación de topes.
-Se sugiere que la Autoridad Nacional de Televisión presente tanto la metodología de seguimiento al equilibrio informativo para las próximas elecciones y así mismo asista permanente en las comisiones de seguimiento electoral.
-Los precandidatos vienen desplegando publicidad electoral en espacio público por fuera de los términos legales. Asimismo existe publicidad expectativa asociada a candidatos particulares.
-Deben generarse las garantías y el Estado debe desplegar información a la ciudadanía en donde se recalque la no utilización de programas sociales en beneficio de campañas políticas.
-Se requiere hacer una vigilancia exhaustiva a capitales extranjeros que puedan estar financiando campañas. Adicionalmente existe un riesgo asociado al exceso de financiación y lavado de activos en zonas de economías ilegales relacionadas con el contrabando, narcotráfico y extracción minera legal e ilegal.
-La Procuraduría debe estar atenta para que ninguna administración ejerza coerción a contratistas para favorecer alguna campaña.
Orden Público
-Priman los escaneos cercanos a procesos electorales en zonas de conflicto, en las que se pueden registrar alianzas ilegales, injerencia de las Bacrim, violencia urbana, situación-conflicto esmeraldero del occidente de Boyacá y riesgos por proceso de restitución de tierras.
-Riesgos latentes relacionados con el constreñimiento al elector, orden público y aumento de la violencia política en occidente de Boyacá por conflicto esmeraldero.
-Es necesario que las autoridades hagan un seguimiento e inteligencia a las campañas para que estructuras ilegales no permeen campañas políticas, como ha ocurrido en otros procesos electorales.
-Sigue latente el riesgo que bandas criminales como las Bacrim interfieran en el proceso electoral, favoreciendo campañas electorales y/o intimidando a los ciudadanos.
-En las zonas de restitución de tierras los líderes locales y la población puedan participar libremente en el proceso electoral sin que su seguridad y su vida sean amenazadas.
-En algunos territorios grupos ilegales en zonas urbanas tienen control territorial que puede manifestarse en el constreñimiento al elector.
Institucionalidad alrededor del proceso electoral
Semblante final y que determina la vigilancia de la legitimidad de los actores e instituciones involucradas durante el proceso electoral. Este contempla la revocatoria de inscripción y avales, la Unidad especializada de la Fiscalía en Delitos Electorales, el seguimiento departamental de garantías electorales, la identificación biométrica, los tribunales del CNE, la publicidad de las redes sociales y la selección de jurados.
-No hay procedimiento específico para la revocatoria de inscripciones por parte del CNE. El procedimiento contemplado por el Código Contencioso Administrativo es muy largo, teniendo en cuenta que desde la inscripción hasta el día de las elecciones solo hay tres meses.
-La Fiscalía General de la Nación no ha cumplido con la puesta en marcha de la Unidad Especializada, no obstante haber sido establecida por ley a mediados del 2011.
-A menos de cuatro meses de las elecciones no se han desplegado las comisiones a nivel local. Adicionalmente los problemas, deficiencias e irregularidades que sobre el proceso electoral se presentan en las comisiones municipales y departamentales no llegan al nivel nacional.
-Irregularidades como La suplantación de votantes o personas que votan 2 veces se siguen presentando en aquellos puestos de votación donde no se ha implementado la identificación biométrica.
-Es necesario que las organizaciones políticas y la ciudadanía en general sean informadas sobre la composición y funcionamiento de estos tribunales al igual que sus decisiones sean presentadas en las comisiones de seguimiento electoral.
-No hay reglamentación frente a la publicidad política realizada en redes sociales.
-Existen regiones donde hay una fuerte percepción de politización en la contratación de supernumerarios de la Registraduría en el nivel local. Es necesario transparentar los procesos y procedimientos de selección y contratación.
-Verificar las bases de datos de las empresas y organizaciones políticas que presentan listados de jurados de votación para garantizar heterogeneidad en las mesas de votación.
