Con la captura de 15 personas, este 8 de julio, la Fiscalía entregó una versión sobre la responsabilidad de estos en varios atentados con explosivos en la capital de país. Sin embargo, existen algunas contradicciones entre lo dicho por la Fiscalía y lo sucedido durante ese día. Ejemplo de ello es que dos de los capturados fueron puestos en libertad. La ONU solicitó respeto al debido proceso y garantías procesales.
En horas de la mañana del pasado 8 de julio la Fiscalía General de la Nación emitió un comunicado en el que dio cuenta de las capturas de 15 personas, que serían responsables de atentados con explosivos en Bogotá y además fueron señaladas de pertenecer al ELN. En la tarde y en la noche la versión cambió y dos personas fueron liberadas.
En un primer momento se aseguró que los allanamientos eran para lograr la detención de 13 personas y que dos más fueron capturadas en flagrancia. Además, el comunicado hablaba de que el líder de la estructura delictiva que se habría capturado tenía alguna relación laboral con la Universidad Nacional de Colombia.
Sin embargo, en el transcurso del día la versión dada a la emisora radial La W por el Vicefiscal General Jorge Perdomo difirió de lo que se empezó a establecer por otro tipo de canales. La presunta vinculación laboral de alias “El Profe” con la Universidad Nacional de Colombia fue desmentida por esta misma alma mater. Ante este hecho el vicefiscal sostuvo que la persona vivía cerca al campus y que ingresaba repetidamente y que no era profesor de esta pero que tendría alguna relación laboral.
Por otra parte asegura Perdomo que dentro de las personas capturadas hay dos estudiantes de octavo semestre de artes plásticas de la Universidad Nacional que “aparecen en el marco de la investigación única…”. Sin embargo, estas dos personas fueron dejadas en libertad debido a que no existía orden de captura mediante y no había elementos probatorios en su contra. Además, fuentes consultadas por Confidencial Colombia, afirmaron que estas dos personas estaban casualmente en el lugar de los allanamientos donde fueron detenidas.
Estas contradicciones han generado airadas reacciones en las redes sociales. El caso más paradigmático de este hecho es el de Paola Salgado, la reconocida defensora de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres a quien han apoyado diferentes voces como la de Mónica Roa, miembro de Women’s Link, la congresista Angélica Lozano o la líder política Ángela María Robledo. El abogado Franklin Castañeda, del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, que se encarga de la defensa de 11 de estas personas señaló que la Fiscalía General de la Nación ha acusado sin pruebas a varias personas, entre las que cabe destacar al exdiputado del Valle del Cauca; Sigifredo López.
López es el único sobreviviente del grupo de diputados del Valle secuestrados por las Farc en Cali. Lo que el abogado Castañeda resalta es que, después de la liberación del exdiputado, la Fiscalía General lo detuvo y fue acusado de ser cómplice de sus captores. Después de emitir este juicio, la misma Fiscalía tuvo que disculparse públicamente. Por este tipo de hechos, señala Castañeda, el Estado enfrenta varias demandas contra la Fiscalía que suman varios billones de pesos.
A su vez, la Organización de las Naciones Unidas solicitó que se respete el debido proceso de los sindicados y recalcó que en ningún momento estas personas han sido vencidas en juicio, con lo que la presunción de inocencia debe ser respetada.
A lo largo del día, desde diferentes organizaciones defensoras de Derechos Humanos y sectores políticos se criticó la manera como estas personas fueron presentadas por las autoridades, y la manera como los capturados fueron presentados por los medios de comunicación, sin que mediara filtro de duda al exponerlos como culpables de los hechos.
Por otro lado el ELN, grupo guerrillero que ha sido señalado por el presidente Santos y otras autoridades como autores de las explosiones, manifestó a través de Twitter que sus comandos urbanos no tienen conocimiento de esa célula que habría sido capturada, ni tiene relación con alguno de los capturados.
30 horas después de ocurridas las detenciones, al filo de la medianoche, comenzaron las audiencias de legalización de captura de las trece personas que quedaron en poder la Fiscalía. En las afueras de la URI de Paloquemao comenzó al anochecer un plantón de solidaridad con los detenidos, que convoca a mantenerse en las afueras de los juzgados en exigencia por las garantías procesales para los detenidos. Esperan hacer amplio el plantón con un llamado abierto a manifestarse el jueves 9 a las 10 am en Paloquemao.
