Unos 78 indígenas fueron asesinados, once desaparecieron, 47 recibieron amenazas de muerte y 10.515 tuvieron que dejar sus lugares por la violencia en los primeros nueve meses de 2012, denunció la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic).
La Onic atribuyó la mayor parte de los hechos de violencia contra los indígenas a las acciones de guerrilleros y fuerzas de seguridad, y a combates entre estos mismos “actores armados”.
El informe se dio a conocer un día después de que fuera inaugurado en Oslo un nuevo proceso de negociaciones de paz entre el Gobierno colombiano y las Farc, al que podría sumarse la otra guerrilla en actividad en el país, el ELN.
En 2011 fueron 118 los indígenas asesinados en Colombia.
El pueblo más afectado por la violencia en los nueve primeros meses de 2012 ha sido el de los nasas o paeces, asentado en el norte del departamento del Cauca (suroeste), con 26 asesinados y 4.000 desplazados.
Los líderes nasas declararon a mediados de año a ese pueblo en “resistencia permanente” para exigir la retirada de los “actores armados” presentes en su territorio ancestral.
El estudio, que fue elaborado por la Consejería de Derechos Humanos de la Onic, muestra que el segundo pueblo más afectado por las muertes violentas es el embera del Chocó, departamento selvático de la frontera noroeste con Panamá, con 24 casos de asesinato.
Colombia, país de unos 46 millones de habitantes según las proyecciones del censo para 2012 tiene una población aborigen de más de 1,3 millones de personas distribuida en 102 pueblos.
De los once aborígenes desaparecidos a manos de bandas paramilitares que registra el estudio cinco eran del pueblo Awá, asentado en Nariño departamento de la frontera sur con Ecuador.
Según la Onic, “la dinámica de la violencia en lo corrido de 2012 se mantiene bajo tendencias similares a las (…) de los años 2010 y 2011”.
“Sin embargo, para este año (2012) se constata modificaciones alarmantes en las cifras, especialmente en el aumento de los desplazamientos masivos a causa de los constantes combates en territorio indígena entre grupos armados legales e ilegales”, agregó la Onic.
La organización indicó que le solicitará a la Corte Penal Internacional (CPI) que asuma “un papel activo” respecto de la situación de los pueblos aborígenes de Colombia y que la requerirá para que analice de manera detallada el informe humanitario.
