Desde el 23 de octubre, cuando el paro judicial apenas completaba 12 días, Juan Manuel Santos no se refiere al conflicto entre el ejecutivo y los trabajadores. Hoy, cuando el cese de actividades completa casi un mes, muchos manifestantes exigen una acción más decidida por parte del mandatario.
“Quiero aprovechar esta oportunidad para enviarle un mensaje a Asonal, decirles que yo creo que nadie le ha hecho a Asonal una oferta tan generosa como la que se ha hecho por parte del Gobierno”, dijo Juan Manuel hace 18 días.
En ese momento, la situación era mucho menos compleja entre el gobierno y los trabajadores del sector judicial; el movimiento sindical estaba unido, había cierto ambiente para negociar y no se asomaban los conflictos que hoy hacen parte de la discusión. Desde entonces el mandatario no se ha vuelto a referir al tema y la situación se ha agravado
La justicia en Colombia completa un mes sin funcionar. El sindicato que agrupa a los trabajadores de la rama calcula que unos cien mil procesos están detenidos a causa de la protesta y el gobierno afirma que cada día de cese de actividades le cuesta al Estado algo más de 2.100 millones de pesos.
Este viernes, el ministerio de Justicia anunció en su cuenta en Twitter que debido al paro judicial han dejado de tramitar “2.013 tutelas, 121.712 audiencias, 18.216 audiencias de control de garantías y 103.496 procesos ordinarios”.
La situación, luego de la negociación fallida entre la ministra Ruth Stella Correa y la comisión negociadora de Asonal judicial, es muy complicada. El nuevo liderazgo de los trabajadores, encarnado en la figura de Nelson Cantillo, afirma que el diálogo está en punto muerto y que las exigencias de nivelación salarial deben ser mayores.
Algunas seccionales han vuelto a trabajar, y magistrados y jueces de ciudades como Bogotá afirman que no los dejan entrar a los juzgados y tribunales porque el grueso de los trabajadores debe seguir, según el sector “legítimo de Asonal, en paro.
“Estamos pidiendo que se cumpla la ley. Para obtener una nivelación salarial medianamente digna y acorde a la ley cuarta de 1992, el gobierno debería desembolsar por lo menos tres billones de pesos”, señaló Cantillo en las instalaciones del complejo judicial de Paloquemao, en Bogotá.
Los trabajadores crearán una nueva comisión negociadora para entablar nuevos diálogos con el gobierno pero la ministra Correa descarta, por ahora, nuevas conversaciones. “Firmamos un acuerdo serio, razonable y fiscalmente sostenible con el representante de Asonal que aparece inscrito en Ministerio de Trabajo y con otros sectores que tenían representación como en la Fiscalía, los jueces y magistrados, el CTI”, señaló la jefe de la cartera.
Frente al paro y a la grave situación de la justicia en Colombia, se han pronunciado varios personajes de la política nacional. Además de la ministra de Justicia, el jefe de la cartera de Trabajo ha manifestado su preocupación por las consecuencias que pueda tener el cese prolongado de las actividades judiciales.
“Las consecuencias nos preocupan mucho, porque hay decenas de miles de tutelas retenidas que no han podido desarrollarse. Tutelas que tienen que ver con salud, demandas de asistencia alimentaria, notificaciones”, indicó el ministro Pardo.
Hace pocos días, el Procurador General también se refirió a la tensa situación y pidió que se obtenga una solución pronta para que la justicia siga operando en el país. “Es urgente definir una fórmula de arreglo que consolide las aspiraciones de los servidores de la Rama y las realidades presupuestales de la Nación para levantar el paro, cuyos efectos negativos recaen directamente sobre la sociedad”, afirmó el jefe del Ministerio Público.
Otro funcionario que ha sentado su posición frente al problema entre los trabajadores de la rama y el gobierno es el fiscal Eduardo Montealegre. De hecho, aceptó la solicitud de Asonal judicial para que opere como mediador.
“El Fiscal General será el mediador ante el Gobierno para que se reanuden las conversaciones y se deje sin validez el acuerdo que no firmaron todos los voceros que estaban en la mesa”, precisó Adriana Arango, funcionaria de la Fiscalía General este ocho de noviembre en la instalaciones del ente investigador.
Los niveles del problema no han sido dimensionados por la sociedad pero el gobierno está muy preocupado por los efectos que pueda tener este cese de actividades para la institucionalidad. El poder del Estado, los vencimientos de términos y las motivaciones del paro están en juego.
La ministra Correa ha señalado que la posición del gobierno nacional es monolítica, pero no sobraría una declaración del primer mandatario en la que respalde la gestión de su funcionaria, sentencie que ya hay un acuerdo firmado y que no se va a volver a negociar y mande un mensaje claro a quienes todavía no vuelven a trabajar.
