Por la crisis de hacinamiento carcelario, los sindicatos de guardias del Inpec iniciaron el denominado “plan reglamento”, con el que los custodios pretenden evitar nuevos ingresos a los establecimientos penitenciarios, pues las cárceles del país están atravesando por una crisis humanitaria debido a las precarias condiciones de habitabilidad que imperan por el sobre cupo de reclusos.

Según Óscar Robayo, miembro del sindicato del Inpec, este plan se reanuda debido al incumplimiento de acuerdos con el Gobierno.

“Durante el último plan reglamento llevado a cabo en 2015, el Gobierno incumplió acuerdos de presupuesto, ampliación en la planta de personal del Inpec y otros aspectos relacionados con la entidad”, dijo Robayo.

Establecimientos penitenciarios de Manizales, Barranquilla y Bucaramanga se han unido al “plan reglamento” y desde ayer no permiten el ingreso de nuevos presos. La cárcel la Blanca de Manizales, la cárcel Modelo de Bucaramanga, la cárcel La Vega de Sincelejo, la cárcel La Modelo y la Penitenciaría El Bosque de Barranquilla, por mencionar algunos, son los que en los últimos días han anunciado que no recibirán nuevos internos.

En Sucre, por ejemplo, el hacinamiento ya supera el 200 %, pues esa prisión tiene capacidad únicamente para 550 internos y en la actualidad hay más de 1.300. En Caldas, el establecimiento penitenciario presenta sobre cupo del 155%; ésta está diseñada para albergar 670 internos y actualmente hay 1.575, es decir, 905 internos más.

En la cárcel Modelo de Bucaramanga más de 3.000 internos y en la Penitenciaría El Bosque de Barranquilla hay más de 1.600, lo que representa una sobrepoblación del 200% y del 110% respectivamente.

En todas las ciudades se argumenta que esta situación se debe al incumplimiento por parte de las administraciones regionales y nacionales de los puntos acordados en las manifestaciones del 2015. Entre las necesidades pactadas a nivel nacional están: la contratación de 16 mil guardianes del Inpec, de la cual proponían se diera de manera gradual, es decir de a 2 mil funcionarios anualmente. Esto también se suma a la necesidad de construir más penales en varias regiones de Colombia, entre ellas el Eje Cafetero.