La sustitución y erradicación de los cultivos ilícitos. Se fijan las bases de un nuevo programa de sustitución de cultivos Ilícitos y desarrollo alternativo de alcance nacional. Este programa busca trabajar con las comunidades para resolver definitivamente el problema de los territorios y de los cultivos, en una lógica de integración territorial e inclusión social.
La puesta en marcha de procesos de planeación participativa en torno a la solución al problema de los cultivos de uso ilícito y la superación de las condiciones de pobreza. Se trata de forjar una nueva alianza entre las comunidades y las autoridades nacionales, departamentales y municipales para resolver los problemas de las comunidades.
También se podrán en marcha planes de asistencia inmediata para los cultivadores. En los casos donde algunos cultivadores incumplan sus compromisos o no quieran participar en el programa, el Gobierno erradicará los cultivos de forma manual.
Para lograr eficacia y éxito de este programa se acordó un programa de desminado de las áreas del territorio nacional, al que las FARC también contribuirán con la provisión de información, entre otros.
Consumo
En el acuerdo se reconoce que el tema de consumo de drogas ilícitas, es una cuestión de salud pública que requiere un tratamiento prioritario. Se acordó crear por una parte un programa Nacional de intervención integral frente al consumo de drogas ilícitas que articule a las autoridades para prevenir y abordar el problema del consumo y manejar las variables en él involucradas., política que debe ser participativa; y por otra, un “Sistema Nacional de atención al consumidor de drogas ilícitas” que incluya acciones complementarias de rehabilitación e inserción social.
Narcotráfico
Se acordó una estrategia integral para reforzar y ampliar la lucha contra el crimen organizado, en especial en las regiones. El gobierno se comprometió a “intensificar la lucha contra el crimen organizado y sus redes de apoyo en el marco del fin del conflicto (…) y en general de desarticular las redes de estas organizaciones”. Con ese fin pondrá en marcha una estrategia de política criminal y una nueva estrategia contra los activos involucrados en el narcotráfico y el lavado de activos en todos los sectores de la economía, así como contra el tráfico de insumos.
El gobierno promoverá una Conferencia Internacional en el marco de la Organización de Naciones Unidas para reflexionar, hacer una evaluación objetiva de la política de lucha contra las drogas y avanzar en la construcción de consensos en torno a los ajustes que sea necesario emprender, teniendo en cuenta la discusión y los nuevos desarrollos internacionales en la materia.
Compromisos
El Gobierno se comprometió a “poner en marcha las políticas y programas de este punto” y las FARC-EP se comprometieron a “contribuir de manera efectiva, con la mayor determinación y de diferentes formas y mediante acciones prácticas con la solución definitiva al problema de las drogas ilícitas, y de poner fin a cualquier relación que en función de la rebelión, se hubiese presentado con este fenómeno”. Ambos manifestaron “su firme compromiso de la relación entre el conflicto y el cultivo, la producción y la comercialización de drogas ilícitas y el lavado de activos”.
