Columna Opinión ÓSCAR MONTES – @LEYDELMONTES Los acuerdos sobre Justicia Transicional anunciados en La Habana y declaraciones de Iván Márquez sembraron dudas sobre los verdaderos alcances de la negociación.
Después de tres años de negociación entre el Gobierno y las Farc en La Habana por fin la semana pasada salió humo blanco en uno de los temas que más inquietudes y dudas había generado en la opinión pública: la reparación de las víctimas del conflicto y la justicia especial o transicional que se aplicará a guerrilleros y a otros actores del conflicto.
Sobre el primero, las Farc se comprometieron a reparar a las víctimas materialmente, así como a construir obras de infraestructura, realizar programas de reforestación y de sustitución de cultivos ilícitos y ayudar a la ubicación de los restos de personas muertas o desaparecidas. Y sobre el segundo punto quedó establecido que los guerrilleros que confiesen, reparen a las víctimas y sean penalizados tendrán sitios especiales con restricción de movilidad, que serán fijados por el Tribunal para la Paz, organismo que se creará para cumplir ese propósito, entre otras tareas que deberá ejecutar. Estos en ningún caso serán recluidos en cárceles o prisiones, que fue una de las condiciones que las Farc establecieron desde el inicio de los diálogos.
Además, el acuerdo sobre reparación a las víctimas establece que los guerrilleros de las Farcue sean juzgados por el Tribunal de Paz podrán participar en política y no serán extraditados. “Las garantías de no extradición alcanzan a todos los integrantes de las Farc y a personas acusadas de formar parte de dicha organización, por cualquier conducta realizada con anterioridad a la firma del acuerdo final”, dice el texto acordado en La Habana.
Sobre la conducta de soldados y policías que tuvieron o han tenido participación directa o indirecta en el conflicto armado, quedó establecido que la competencia para juzgar sus actuaciones recaerá en la llamada Jurisdicción Especial para la Paz.
El acuerdo establece, sin embargo, que dicha competencia solo se hará efectiva en aquellos casos en los que los uniformados hayan tenido participación efectiva en operaciones en las que se cometieron crímenes de guerra. ¿Con base en qué fundamento se determinará dicha participación efectiva? Es una de las tantas preguntas que surgen luego de conocer el texto de los acuerdos. ¿Es suficiente el testimonio de terceros o la propia confesión de los implicados?
El jefe del equipo negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, anunció que los agentes del Estado tendrán un régimen especial “simultáneo, equilibrado y equitativo”, que no podrá prestarse –según sus palabras– “para cacerías de brujas, pero tampoco para la impunidad”.
El acuerdo de Justicia Transicional consta de 75 puntos y busca garantizar los derechos de las víctimas, mediante la creación de una comisión para el esclarecimiento de la verdad, así como también de una unidad de búsqueda de personas desaparecidas, una jurisdicción especial para la paz y la puesta en marcha de mecanismos de reparación integral y garantías de no repetición.
Los beneficios contemplados en el acuerdo son, sin duda, amplios y generosos con quienes han participado en el conflicto armado, pero ninguno de ellos desborda los alcances de los Convenios de Ginebra. Y tampoco desconoce las prohibiciones contempladas en el Estatuto de Roma. “No habrá amnistías para delitos como genocidio, graves crímenes de guerra, toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, acceso carnal y violencia sexual, sustracción o reclutamiento de menores o desplazamiento forzado”, declaró De la Calle.
Tanto el equipo negociador del Gobierno, como los voceros de las Farc, fueron contundentes al afirmar que el gran soporte que tendrá la Justicia Transicional será la verdad y que para ello se requiere del compromiso de todas las partes involucradas en el conflicto armado. La confesión será, pues, el principal soporte de dicho mecanismo de juzgamiento y reparación de las víctimas. El jefe de la delegación de las Farc, alias Iván Márquez fue mucho más enfático en sus declaraciones: “Sin verdad no hay reconciliación posible”.
La semana pasada también se dio a conocer una entrevista concedida por Márquez al corresponsal de la BBC en La Habana, Will Grant, en la que el jefe guerrillero terminó por sembrar más dudas de las que ya habían surgido con los anuncios sobre Justicia Transicional. En ella quedó claro que la verdad que pregonan las Farc es bien distinta a la que reposa en organismos de inteligencia o que es narrada por innumerables víctimas de ese grupo guerrillero. Veamos:
“Las Farc no tenemos dinero para indemnizar a las víctimas”
Si algo tiene las Farc es dinero. Y mucho. Punto. Según la prestigiosa revista Forbes Israel, esa guerrilla mueve al año 600 millones de dólares (1,2 billones de pesos). Se trata de la tercera organización terrorista más rica del mundo, después del Estado Islámico y del movimiento islámico Hamas, que mueven 2.000 millones y 1.000 millones de dólares al año, según Forbes. En Colombia, las Farc mueven anualmente 3 millones de dólares, por extracción de oro, y otras actividades relacionadas con la minería ilegal, dicen informes de inteligencia. ¿Cómo, sino es con miles de millones de pesos, puede sostenerse un ejército irregular con casi 10 mil combatientes? ¿De dónde salen esos recursos? Esa es una de las verdades que tendrá que explicar las Farc si quieren que los colombianos crean en su voluntad de reparación a las víctimas. ¿Cuánta plata reciben de secuestros y extorsiones? “Las Farc no somos productoras de coca, ni tenemos laboratorios, ni exportamos, ni tenemos rutas, esos son los carteles”, dijo Márquez a la BBC. ¿Cuánto recibían o reciben por cobrar “impuestos” a campesinos y a narcocarteles? ¿Alias el Negro Acacio –uno de los capos de las Farc– era una rueda suelta?
“No hemos ejercido la rebelión para enriquecernos”
De acuerdo con la tesis de Márquez y de todos los jefes guerrilleros, los recursos obtenidos por el narcotráfico –en calidad de “impuestos” a campesinos cultivadores y organizaciones narcotraficantes– han servido para el sostenimiento del grupo insurgente y para poder ejercer el derecho universal a la rebelión. Se trataría entonces de un delito conexo, cuya finalidad no es el enriquecimiento de los guerrilleros, sino el ejercicio de un derecho político, polémica tesis que la Corte Suprema de Justicia terminó avalando.
Si es cierta la tesis de que las Farc no son una organización narcotraficante o un cartel, como durante tantos años se ha dicho, por parte de los organismos de inteligencia nacionales e internacionales– entonces los jefes máximos de esa organización guerrillera deben reconocer que sí tienen frentes dedicados al narcotráfico, comandados por jefes narcotraficantes, como ha sido denunciado en múltiples ocasiones. Y la obligación de Márquez, y de los otros voceros de las Farc, es denunciar a dichos comandantes para que sean procesados. ¿Cuáles son los frentes narcotraficantes de las Farc? ¿Quiénes los comandan? ¿Cuánto dinero reciben? Si de lo que se trata es de contar la verdad, Márquez debería empezar por responder estas preguntas.
“Las Farc no dependen del narcotráfico”
Márquez dijo a la BBC que no puede aceptar que se diga que las Farc viven del narcotráfico. Y responsabilizó de la generalización de esa creencia a los medios de comunicación. Como de lo que se trata –de acuerdo con lo pactado en La Habana en materia de Justicia Transicional– es de tener a la verdad como principal soporte de los mecanismos de reparación y no repetición, entonces las Farc deben responder las siguientes preguntas: ¿Si no dependen del narcotráfico, entonces de qué dependen? ¿De la minería ilegal? ¿Del secuestro? ¿De la extorsión? Son esos multimillonarios recursos, precisamente, los que ahora se requieren para reparar a las víctimas que ellas causaron. La indemnización de las víctimas no puede correr solo por cuenta del Estado. La reparación simbólica que proponen las Farc –como la construcción de vías, desminado o sustitución de cultivos ilícitos– no puede hacer parte de la pena: es lo mínimo que las Farc pueden hacer por las comunidades a las que les causaron tanto daño. Punto. Las Farc deben sincerarse y contar las fuentes de sus recursos ilícitos, pues como dijo Márquez: “Sin verdad no hay reconciliación posible”.
“Las Farc no tienen cuentas en paraísos fiscales”
Los fusiles, ametralladoras y otros armamentos de las Farc, así como las minas antipersonales que siembran a lo largo y ancho del país, no se compran al menudeo, ni caen del cielo. En el mercado negro de las armas se mueven miles de millones de pesos y en dicho escenario las Farc son protagonista de primer nivel. ¿Existe una poderosa red para la compra y venta de armas en las que participarían miembros de las Fuerzas Militares? Si Márquez no quiere decir, o niega los vínculos de este grupo guerrillero con los carteles narcotraficantes, que diga si tienen o no relaciones comerciales con miembros corruptos de las Fuerzas Militares para el suministro de armas. Ese sí sería un aporte muy valioso para desmontar el aparato criminal de la guerra y para buscar la reconciliación nacional. ¿La versión que hizo carrera de las Farc como un “cartel del narcotráfico”, difundida, entre otros, por el general Óscar Naranjo, en sus años de director antinarcóticos de la Policía Nacional, carece de fundamento? Si es así, entonces quienes deben explicarlo son aquellas personas que contribuyeron a su difusión por parte de los medios de comunicación, entre ellos el propio Naranjo, exdirector de la Policía Nacional. Esa otra verdad corre por cuenta del oficial que ha sido negociador del gobierno en La Habana.
