El Juez 26 Administrativo de Bogotá suspendió temporalmente el contrato de consultoría para los diseños de las viviendas de interés prioritario que proyecta construir la administración distrital en el norte de Bogotá.
En noviembre de 2014 el alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro anunció que se iniciarían los procedimientos para construir viviendas de interés prioritario en algunos sectores considerados exclusivos, en el norte de la ciudad.
El Chicó, el Lago y Santa Barbara fueron los barrios en los que existían algunos parqueaderos adquiridos por el IDU, estos lotes son los que considera la administración para la implementación del proyecto urbanístico. La oposición a la medida generó todo tipo de reacciones, llegando a generarse un debate fuerte sobre la segregación e integración en Bogotá.
El proyecto había iniciado con la ejecución de un contrato de consultoría para la elaboración de los estudios técnicos y los diseños iniciales de la obra.
El concejal de la bancada de Cambio Radical, Roberto Hinestrosa abanderó la oposición de algunos vecinos del sector. Se interpuso una acción popular. Esta fue recibida por la Sección Segunda del Juzgado 26 Administrativo del Circuito de Bogotá.
Este 3 de julio se conoció que el Juez 26 Administrativo ordenó suspender inmediatamente la ejecución de dicho contrato. Si bien el auto es tajante, también lo es que esta es una medida cautelar que busca garantizar los derechos de quienes interponen la acción popular mientras el juez falla de fondo.
El concejal Hinestrosa en diálogo con Confidencial Colombia aseguró que la razón para que se de esta suspensión es que “el tribunal sabe que hay una ilegalidad abierta en ese plan de construcción y por eso decide suspenderlo. Es ilegal porque es una obra que depende de un POT que está suspendido. Además, los lotes que se compraron para la construcción de parqueaderos tenían esa destinación y una carga tributaria específicas y por eso no puede cambiarse su destinación de la noche a la mañana. Lo que sucede es que es otra alcaldada”.
