Esta sería la ponencia que le daría la posibilidad a miembros de las Farc, una vez se concrete un acuerdo en el proceso de paz, de participar activamente en política. El documento, revelado por Semana y radicado por el magistrado Alberto Rojas Ríos, propone condiciones concretas para la viabilidad del tema.

La ponencia argumenta que miembros de grupos armados al margen de la ley estén habilitados para llegar al Congreso al término –exitoso- de las negociaciones de paz que se adelantan entre el Gobierno y las Farc desde La Habana. Este documento pondría sobre la mesa condiciones concretas para su ejecución y también habilitaría a otros grupos que hayan hecho parte del conflicto llegar al Capitolio.

“Nuestra Constitución no puede excluir de plano y de manera definitiva la participación en democracia de los miembros de alguno de los grupos armados al margen de la ley que hayan sido parte en el conflicto armado interno, ni de los agentes del Estado”, enuncia el texto difundido por Semana.com.

Algunas de las condiciones para que los actores puedan participar en política son: “Dejación de las armas, reconocimiento de responsabilidad, la contribución al esclarecimiento de la verdad y la reparación integral de las víctimas, la liberación de secuestrados, así como la desvincularon de menores de edad que se encontraran en poder del grupo”.

De igual forma, el magistrado Rojas señala en el texto que “la Constitución tiene como fundamento el reconocimiento de interlocutores políticos validos a antiguos sectores del conflicto a efectos de restablecer y consolidar la democracia de una sociedad”.

El Magistrado propone que el artículo 3 del Marco Jurídico para la Paz, sea declararlo inconstitucional de manera que “no podrán ser considerados conexos al delito político los delitos que adquieran la connotación de lesa humanidad y genocidio cometidos de manera sistemática y en consecuencia no podrán participar en política y ser elegidos popularmente quienes hayan sido condenados y seleccionados por estos delitos”.

Por otro lado, la ponencia manifiesta la necesidad de reparar los derechos de las victimas a la verdad, justicia y reparación para que los actores puedan participar en política. “El camino hacia la paz debe tener en cuenta la necesidad de que las víctimas no se sientan burladas en sus derechos por parte de los mecanismos de protección del Estado”.

El Congreso será la institución que deberá definir el grado de reparación que tendrán las víctimas para la protección de sus derechos y el legislativo tendrá el deber de juzgar conductas relacionadas con delitos de lesa humanidad que violan estándares internacionales adoptados por Colombia.

“El legislador debe tomar precauciones para que la interacción entre los desmovilizados y las víctimas no reproduzca las condiciones de afirmación humillante de poder que estas últimas sufrieron en el pasado”, explica Rojas, cuya condición como miembro de la Corte Constitucional fue declarada nula por el Consejo de Estado días después de radicarse la iniciativa.

La ponencia se discutirá este miércoles en Sala Plena de la Corte Constitucional. Un sondeo realizado por Semana.com demuestra que los magistrados en su gran mayoría la respaldarían .