La Alcaldía Mayor de Bogotá, ya fue notificada de dos fallos de tutelas interpuestas por vendedores ambulantes de la calle 72 con carrera séptima. Esto, podría ser el principio de una ‘tutelatón’, como respuesta a los operativos de recuperación del espacio público, que los vendedores ven como desalojos en los que se violaron sus derechos. La administración Peñalosa se defiende.
Según fuentes cercanas a la administración Peñalosa, cerca de 100 vendedores ambulantes de la calle 72 con carrera séptima, no aceptaron ninguna negociación con la Alcaldía Mayor, y estarían adelantando una tutelatón similar a la presentada para evitar la destitución del exalcalde Gustavo Petro. De estos 100, 60 ya habrían interpuesto acciones de tutelas.
Uno de los resultados ya se conoce. El juzgado 18 administrativo de Bogotá falló a favor Carmenza Vargas García, quien se desempeñaba como vendedora informal en la calle 72 y tras ser desalojada interpuso una tutela en contra de la Alcaldía Mayor. El fallo le ordena al instituto para la economía social IPES, que en un término no mayor a 48 horas le devuelva su lugar de trabajo en un quiosco, en ese mismo lugar del norte de la ciudad.
A finales de enero, como parte del plan de choque (seguridad) de la nueva administración, se realizó la primera operación en la Avenida Chile (calle 72) con carrera séptima. Allí fueron desalojados más de 200 vendedores informales, quienes fuera de denunciar posibles maltratos por la Policía, le hicieron un llamado a la administración para que les ofrecieran alternativas antes de dejarlos sin trabajo.
Según la Alcaldía, sí se les ofrecieron alternativas y nunca se violaron sus derechos: “A los 235 se les ofreció trabajo (quiosco), punto en un centro comercial o formación para el trabajo. A cerca de 30 ya se les asigno quiosco, y a otros ya se les entregó. Unos 15 están en proceso de vinculación al trabajo”. Sin embargo la fuente señala que “cerca de 100 no han querido aceptar nada (es posible que hagan parte de negocios lícitos o ilícitos)”.
El reciente 2 de febrero, en una audiencia convocada en el Congreso de la República por el concejal Hollman Morris, cerca de 400 vendedores ambulantes, le pidieron una “tregua” a Enrique Peñalosa, para que cesaran los desalojos contra el comercio informal.
Según los vendedores informales, tal tregua busca que se alcancen espacios de concertación y alternativas de empleo, tal como lo ordena laCorte Constitucional en la sentencia T-396 de 1997, en la que establece que “el desalojo está permitido, siempre y cuando exista un proceso que lo autorice y se dispongan políticas que garanticen que los ocupantes no queden desamparados”.
