Los taxistas están en pie de guerra en Buenos Aires. Desde que Uber anunciara su llegada a Argentina a finales de marzo, las protestas se han sucedido de forma constante, hasta llegar a la justicia, que ha ordenado cerrar la web de la compañía estadounidense. Pero ese no es el único país que le ha plantado cara: por toda latinoamérica, las acciones van desde la regulación aprobada en Ciudad de México a protestas similares en Chile o Brasil, donde la lucha para evitar que Uber se asiente se disputa en cada calle de forma diaria.
El argumento de los taxistas en todas partes es muy similar al que argumentan desde la asciación porteña: Uber no está regulado, no tiene seguro obligatorio, sus conductores no deben pasar exámenes de forma regular y, sobre todo, no están obligados a pagar cientos de dólares para obtener una licencia. La fiscalía argentina se ha mostrado de su parte y ha logrado la suspensión cautelar de la página web de la compañía en el país y que se prohíba a las compañías de tarjetas bancarias operar con la aplicación. En principio, si ambas decisiones se aplicaran, Uber tendría casi imposible operar hasta que los tribunales decidan finalmente o se apruebe alguna legislación. Sin embargo, la página sigue disponible, por lo que la protesta se ha trasladado ahora a los proveedores de internet, que son los que tienen en su mano bloquear el acceso al sitio. Pese a ello, Uber sigue operando clandestinamente.
La única propuesta por ahora ha venido del Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, que ofreció a Uber operar legalmente si adoptaba las mismas regulaciones que se aplicaban a los taxistas, lo que prácticamente supone un rechazo frontal a su modelo de negocio, que busca romper precisamente con este modelo de regulación.
Hasta ahora, el único país que había prohibido el servicio en los tribunales era Brasil, en concreto en Sao Paulo, aunque la sentencia fue levantada poco después. Precisamente Brasil y Colombia son los dos únicos países de latinoamérica en los que se está debatiendo una posible regulación del servicio que les permita operar de forma regular y que -esperan- sea compatible con los derechos de los taxistas. El modelo a seguir para los reguladores es el de Ciudad de México, que aplica un impuesto -1.5% de cada viaje- destinado a un Fondo Público para el Taxi, la Movilidad y el Peatón, obliga a pagar 1,599 pesos por licencia (unos 100 dólares) y establece unos estándares mínimos para los vehículos, como aire acondicionado.
Aun así, en países como Chile, Perú, Costa Rica y otros estados mexicanos no hay regulación alguna, lo que crea una guerra entre partidarios y detractores: la empresa argumenta que no hay ninguna prohibición expresa a su sistema y que no es un servicio de taxi al uso, por lo que la regulación existente no es aplicable. La respuesta de los trabajadores del sector ha llegado a la violencia en lugares como Bogotá, donde se llegan a lanzar piedras a los vehículos privados que trabajan para Uber.
El próximo día 12, sin ir más lejos, los taxistas chilenos realizarán una manifestación por todo el país exigiendo que los chóferes de Uber tengan las mismas regulaciones que ellos en cuanto a antigüedad del vehículo, revisiones técnicas, exámenes psicológicos y el pago de un permiso de circulación
En su país natal, EE.UU., la regulación ha sido la forma elegida para evitar estos conflictos, y 54 ciudades y estados han aprobado normas sobre el ofrecimiento de viajes compartidos durante el último año. Aun así, el conflicto continúa por la categorización de los trabajadores, una disputa que ha llegado a verios tribunales estatales.
Pero en el exterior, apenas cinco ciudades más han regulado este sistema: Calcuta, Toronto, Londres, Singapur y la ya mencionada Ciudad de México. En numerosos países europeos, como España, Alemania o Francia, Uber continúa siendo “alegal” y está pendiente de una resolución del Tribunal de Justicia de la UE. Su queja es que otras empresas cooperativas como Blablacar, que buscan solo compartir costos de viaje y no dar una ganancia al conductor, no sufren la misma persecución, lo que no les ha evitado sufrir igualmente denuncias judiciales por competencia desleal.
Todo indica que el conflicto durará todavía varios años. Encontrar vías para la convivencia entre los nuevos negocios disruptivos y los empleos ya establecidos siempre es más difícil de lo que parece.
