“Traición a la Patria”, sugirió la Canciller María Ángela Holguín, frente a la filtración de información por parte de alguna de las entidades a las que el Gobierno consultó para tener varias interpretaciones sobre el fallo impuesto por la Corte Internacional de Justica (CIJ), en el que Nicaragua obtuvo mares colombianos.
Varias entidades fueron contratadas por el Gobierno para adelantar una salida jurídica al fallo de la Haya. Entre ellas se encuentran la firma de abogados Volterra Fietta y la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, ambas envueltas en supuestas filtraciones rechazadas por la ministra Holguín.
Si bien, el fallo dictado por la CIJ es una instancia inapelable, los llamados recursos jurídicos de Colombia para hacer frente al litigio con Nicaragua, fueron filtrados por algún ‘pajarito’ que conoció de primera mano las herramientas con las que el Gobierno piensa confrontar la sentencia. La canciller María Ángela Holguín, sugirió en medios nacionales que esta conducta es como una “traición a la patria”.
Según José Bernal Cuellar, exprocurador de la República, la filtración de información “no constituye un delito de traición a la Patria sino que genera más bien una incertidumbre sobre los aspectos que puedan analizar desde Nicaragua y crear una discusión que pueda deteriorar las relaciones entre los dos países”.
Este ultimátum mediático seguramente servirá de hincapié para que Nicaragua pueda reforzar su agenda jurídica, “ya que confirmaron que posiblemente Colombia tiene herramientas penales para combatir la sentencia imputada por la Corte Internacional de Justicia en noviembre del 2012”, añadió Cuellar.
La Ministra había exigido a las partes que mantuvieran total confidencialidad por lo que, sin referirse a alguien en específico, aseguró que era “terrible e inexplicable” el episodio de filtración y posteriormente invitó a los colombianos a que conserven la calma porque “a pesar de no tener una decisión tomada, la vamos a decidir muy pronto” añadió.
El abogado constitucionalista, Juan Manuel Charry, afirmó que “este suceso puede afectar intereses muy importantes que tiene Colombia frente al litigio con Nicaragua” y aseveró que la declaración de la Ministra es “un poco desbordada”.
Si el ‘pajarito’ fuera acusado de delitos de traición a la patria, el exprocurador Bernal explicó que se le imputarían los cargos de penas privativas de la libertad, que tienen de tres a 14 años de condena. “Sin embargo esto exige que sea una conducta supremamente grave con connotaciones de alterar las relaciones con otro país por lo que la filtración de ésta información puntual, no es un delito que amerite ese tipo de condenas”.
El experto constitucionalista Charry, coincidió en que los datos revelados recaen en una infracción que debe ser objeto de investigación, más no en decir que fue una traición a la patria. “Muchas personas tienen acceso a esta información, desde los secretarios hasta los abogados de las partes involucradas, entonces es difícil culpar a alguien por el momento”, sostuvo el abogado.
El presidente Juan Manuel Santos, escribió en su cuenta de Twitter que el “Gobierno no ha tomado ninguna decisión frente a recomendaciones de abogados y otras opciones que se han discutido sobre Nicaragua. Las filtraciones medio verdad medio mentiras de discusiones reservadas en Comisión Asesora de Relaciones Exteriores le hacen daño al país”.
El gobierno nicaragüense iniciará en las próximas semanas la exploración petrolera en aguas limítrofes con el archipiélago de San Andrés y Providencia.
