El paro en la universidad Nacional ya lleva 24 días y los empleados que lo protagonizan, aseguran que el problema se pudo evitar porque sus exigencias se pasaron desde hace más de seis meses.
El problema empezó en septiembre del año pasado cuando los trabajadores administrativos de la Universidad Nacional decidieron crear un comité amplio en el que pudieran participar empleados sindicalizados y los que no para poder presentar una propuesta de aumento salarial.
Según Juan Carlos Arango, vocero del comité pro-mejora salarial, el último aumento significativo que se hizo a los empleados de la Universidad ocurrió en 1996 y desde ese día sólo se ha recibido el aumento legal que decreta el Gobierno.
Para los empleados, eso no es suficiente porque ellos no reciben ningún “incentivo económico ni escalafón para que los sueldos puedan subir”, comentan algunos de los funcionarios que llevan 24 días de paro en la Universidad Nacional (UN), afectando las clases de más de 32 mil estudiantes y un poco más de 2 mil profesores.
Según Arango la falta de aumentos ha provocado que los empleados que llevan más de 40 años de labor administrativa se jubilen con tan sólo un salario mínimo.
En septiembre el comité presentó una propuesta de aumento de un 30 por ciento -lo que para Arango puede ser exagerado, pero que según él los ubicaría dentro de las escalas salariales más bajas de otros sectores del Estado-, y un alza del dos por ciento anual, por encima del aumento que decreta el Gobierno Nacional cada año.
El promedio salarial de un empleado administrativo está entre 950 mil y un millón de pesos y el que más gana es un profesional especializado que se acerca a los dos millones 500 mil pesos. “Pero para un profesional especializado, dado su nivel educativo sigue siendo un salario bajo”, dice Arango.
El primero de noviembre aún no había respuesta a la propuesta y el comité implantó una mesa permanente. Al mismo tiempo la UN nombró una comisión negociadora. Lo que logró que se llegara a un acuerdo: una propuesta conjunta de aumento salarial. “Ellos (la UN) se encargaban de cuantificar y establecer cuanto valdría y de hacer la sustentación técnica y económica, y los trabajadores de hacer la sustentación política y ética”.
La propuesta, que se hizo en colaboración de las dos partes, se radicó en el Consejo Superior Universitario. “Se llevó al ministerio de Educación y la ministra la desecho”, cuenta Arango. “La ministra le preguntó al rector de la Universidad, Ignacio Mantilla, qué si él avalaba esa propuesta y no respondió nada”, agrega.
El 24 de enero, al no recibir por segunda vez respuesta, el comité se reunió en una mesa general y se votó una asamblea permanente a partir del 20 de febrero. Desde ese día los trabajadores ya completan tres semanas de paro y aún no hay clases en la Univerdidad. Además se unieron las sedes de Medellín y Palmira.
Las partes se han reunido en cuatro oportunidades con el Gobierno Nacional. En la primera reunión el director Mantilla desconoció la validez del comité pro-mejora salarial porque no tiene personería jurídica y por lo tanto aseguró que no se sienta a dialogar con ellos, cuanta Arango. Esto, pese a acordarse en septiembre los primeros cambios al salario con el mismo comité.
En la misma reunión, según cuenta Arango, el ministerio de Hacienda se “desligó” del paro y le dijo a los directivos de la UN que el problema era entre los directivos y los trabajadores. Lo que no aceptaron los administrativos, porque para ellos era una excusa del minHacienda para no entrometerse en el problema. Sin embargo allí se pactó que la UN trazaría un nuevo estudio para producir una propuesta más técnica al salario y se pasara al minHacienda.
Dada la posición de las partes, se creó un nuevo pliego de peticiones compuesto de cinco puntos: aclarar que la mesa tiene un carácter de negociación; que no hubiera ningún tipo de represalias para los funcionarios que se unieran al movimiento; que se derogara el acuerdo 11 del 2004*, del que sólo se quitará el artículo 4; la creación de una hoja de ruta para que se finalice la propuesta de los salarios, que deberá ser entregada antes del 30 de abril; y el aumento a través de una prima técnica, aprobada desde el 2006 pero que no es reconocida desde entonces.
En la segunda reunión no se llegó a un acuerdo porque no se pudo establecer el aumento adecuado ya que la universidad dijo que no “tiene recursos suficientes”.
Lo que le pareció a los trabajadores una razón “indecorosa”, porque ese fue el inicio del movimiento laboral administrativo. En la siguiente reunión se cuadró que el aumento se daría por medio de una prima de 40 mil pesos mensuales, cerca de 1300 pesos diarios. Que no se aceptó, porque los funcionarios solicitan que el 30 por ciento que reclaman de aumento se entregue este año a través de la prima técnica (300 mil pesos mensual).
Como la propuesta, aún para los trabajadores parece “descabellada”, decidieron pedir un aumento cercano al 16 por ciento, osea una rebaja del presupuesto solicitado cercano a los 7 mil millones de pesos. El Gobierno no acepta.
El pasado miércoles 13 de marzo, en una mesa instalada por la viceministra de Educación, Roxana de los Ángeles, el rector de la Universidad Nacional, Ignacio Mantilla, la comisión delegatoria de la UN y la comisión del comité, llegó a otro fracaso.
“Cuando nosotros pensamos que íbamos a empezar a hablar de la prima técnica, la Universidad introdujo un elemento nuevo: que no pueden justificar ese aumento ante Hacienda”, cuenta Arango. A lo que respondieron: “pues pásenlo y que sea Hacienda el que lo rechace”.
La noche del jueves 14 de marzo hubo un consejo superior extraordinario entre el Gobierno y la Universidad Nacional en el que se decretó que a los trabajadores les darán un monto de 400 mil pesos en el año que resta mientras se discuten más posibilidades.
A lo que el comité respondió de nuevo que era una propuesta “indecorosa” y que no aceptaban. El paro sigue y todo parece indicar que el semestre será aplazado para los estudiantes, mientras las partes discuten el futuro de los administrativos que están en el Comité Pro-Mejora Salarial y se llega a una solución sobre el aumento que exigen los funcionarios desde septiembre del año pasado.
* Artículo 4: Es función del Consejo Superior Universitario establecer, a propuesta del Rector General, un sistema global y flexible de plantas de personal académico y administrativo, que tenga en cuenta las estrategias de desarrollo de las sedes en el contexto del Plan Global de Desarrollo de la Universidad, así como crear, suprimir o modificar cargos de acuerdo con dicho sistema y de conformidad con los recursos disponibles.
