El Senado uruguayo dio vía libre hoy para que el presidente José Mujica promulgue la ley que despenaliza totalmente el aborto hasta la semana 12 de gestación si la mujer así lo desea, una posibilidad que hasta ahora solo existía en la capital mexicana y las de Cuba, Guyana y Puerto Rico en Latinoamérica.
La aprobación de la despenalización del aborto en cualquier situación, siempre que sea antes de la semana 12 de gestación, es inminente, ya que el Senado uruguayo ratificó el texto aprobado por la Cámara de Diputados el pasado 25 de septiembre.
Con el aval del Senado, la iniciativa se libra de cualquier obstáculo para convertirse en ley, ya que el presidente Mujica ha dicho que ratificará la norma si el Legislativo lo permite, con lo que las mujeres solo necesitarán ir al médico y expresar su deseo de interrumpir su embarazo.
El procedimiento deberá hacerse necesariamente en centros de salud y bajo la supervisión de las autoridades, que podrán a disposición de la mujer un grupo de ginecólogos, psicólogos y trabajadores sociales para que la informen de todas las posibilidades que tiene y se le dejarán cinco días para reflexionar.
El debate en torno la interrupción del embarazo también ha acaparado la atención de las autoridades argentinas, que por orden de la Corte Suprema tuvieron que acatar la semana pasada la decisión de abortar de una mujer en Buenos Aires que quedó embarazada como consecuencia de una violación durante un secuestro.
La posibilidad de que las mujeres víctimas de violación o cuyo embarazo represente algún riesgo para su salud en la capital argentina pudieran abortar se abrió después de que el pasado 28 de septiembre la Legislatura de la ciudad, atendiendo una sentencia de la Corte Suprema, aprobara el aborto no punible en dichos casos.
El pasado mes de marzo el máximo órgano judicial de Argentina aclaró que el inciso 2 del artículo 86 del Código Penal defiende el derecho a abortar de cualquier mujer víctima de violación, quien no deberá tener ninguna discapacidad mental, como algunas autoridades interpretaban hasta entonces.
Por su parte, en México, aunque cada estado cuenta con su código penal y todos permiten el aborto en casos de violación, desde 2007, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal avaló que la mujeres aborten hasta la semana 12 de gestación y accedan al servicio gratuito en hospitales de la Secretaría de Salud capitalina.
En abril pasado se conoció que desde que se reglamentó la interrupción del embarazo en la capital mexicana, en las mismas condiciones que ahora busca Uruguay, más de 77.000 mujeres han solicitado abortar bajo el amparo de la ley.
Entre tanto, en Colombia el Congreso se ha mostrado dividido frente a la sentencia de la Corte Suprema que en 2006 declaró no punibles los abortos en el caso de que el embarazo sea por violación, que el feto presente malformaciones o que la vida de la embarazada o del feto corran peligro.
Los opositores de la interrupción del embarazo en el Legislativo promueven actualmente una campaña de recolección de firmas para que por medio de referendo los colombianos decidan si la práctica debe ser penalizada, mientras, los defensores del aborto buscan que la Constitución lo reconozca como un derecho en casos autorizados.
En Bolivia, el Código Penal sanciona con cárcel de dos a seis años a quien practique el aborto sin consentimiento de la mujer o a una menor de 16 años, y de uno a tres años si existe la autorización.
Sin embargo, las leyes bolivianas permiten que el embarazo sea interrumpido en casos de violación, rapto no seguido de matrimonio, estupro o incesto o cuando la vida de la mujer está en peligro, aunque en todos los casos hace falta una autorización judicial.
En Paraguay, Perú y en Venezuela el aborto es ilegal a excepción de casos en los que el embarazo ponga en peligro la vida o la salud de la mujer, mientras que en otras situaciones la ley castiga con prisión tanto a las mujeres como a los médicos que incurran en esta práctica.
De la misma manera, la legislación ecuatoriana solo permite el aborto para evitar riesgos para la vida o salud de la madre, pero también es posible que una mujer con demencia interrumpa su embarazo siempre que cuente con el consentimiento de su representante legal, de lo contrario se aplican penas de hasta cinco años de cárcel.
Chile, junto a Surinam, son los únicos países suramericanos que castigan la interrupción del embarazo en todos los casos, y en lo corrido de 2012 el Senado chileno ha rechazado tres proyectos de ley que buscaban reponer el aborto terapéutico, suprimido en 1989, en los últimos días de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
A ellos se suman, en Centroamérica y el Caribe, El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua y República Dominicana, que completan el grupo de 7 países, de los 34 del continente, donde el aborto está totalmente prohibido.
Mientras tanto, en Costa Rica solo se permite que la mujer aborte si está en peligro de muerte y en Panamá el Código Penal, además, avala la interrupción del embarazo si la concepción es causa de una violación carnal.
