Para Eduardo Montealegre, Fiscal General de la Nación, uno de los grandes retos de su entidad es tratar de salvar el proceso de la ley de Justicia y Paz a través de la priorización de los casos. En entrevista con Confidencial Colombia, también habla de la falta de trabajo en equipo en la Fiscalía, de los Nule y del caso del exdiputado Sigifredo López.
Luego de respaldar algunos puntos de la reforma a la Justicia, y sugerir que no se archive completamente la iniciativa, el Fiscal General tuvo tiempo para hablar de los temas pendientes de su administración, de los retos y la realidad del ente investigador.
Habla de la falta de trabajo en equipo en la entidad, que hace que se duplique muchas veces el trabajo. Afirma que el ‘salvavidas’ de la ley de Justicia y Paz va a ser la priorización en el juzgamiento de los casos y reconoce que esteproceso es casi un fracaso.
Dice que en el tema de los Nule falta mucho camino por recorrer y que no descarta volver a darles principio de oportunidad si colaboran con la justicia y en el caso de Sigifredo López afirma que si las pruebas de la defensa superan a la de la Fiscalía, no dudará en aplicar la presunción de inocencia al exdiputado.
Confidencial Colombia: ¿Cómo ha sido su encuentro con esta entidad, que es un andamiaje institucional de grandes proporciones?
Eduardo Montealegre: Uno de los grandes logros de la Constitución del 91 es la creación de la Fiscalía General de la Nación, es un avance gigante en materia de lucha contra la impunidad y modernización del sistema. Nosotros estamos estrenando una nueva cultura de investigación y juzgamiento en Colombia que era propia de países más avanzados que el nuestro y el hecho de aplicarlo en un contexto diferente trae inmensas dificultades.
Uno de los principales retos es el de consolidar una nueva cultura jurídica a un sistema cultural distinto al de donde proviene la nueva normativa. La idea con esta iniciativa es tratar de darle un gran impulso al sistema acusatorio.
Otro de los retos importantes que tiene la Fiscalía general es el de salvar el proceso de Justicia y Paz. Colombia ha mostrado al mundo entero un modelo muy importante de justicia transicional y hay que darle un gran impulso.
CC: El sistema acusatorio tiene también un elemento en lo público, y hay unos casos que sin duda se roban la atención de la opinión. ¿Cómo hacer para mostrar que la Fiscalía va más allá de los casos mediáticos?
EM: Estamos trabajando con una reingeniería administrativa porque la Fiscalía no se puede concentrar exclusivamente en 10 o 20 grandes casos que ocupan el interés de la nación.
Es muy importante que la justicia y el ejercicio de la función penal también le dé una respuesta al ciudadano. El ciudadano también tiene interés de que sus causas se resuelvan, de que las denuncias se atiendan y los conflictos se resuelvan pacíficamente. Queremos llevarle la Fiscalía al ciudadano y trabajar por esas pequeñas causas que le afectan a la gente.
Queremos llegar a las regiones, saber cuáles son los casos con mayor impacto en los municipios y priorizar esos casos de gran calado regional para atenderlos y solucionarlos de manera inmediata y expedita. No queremos que la lucha contra la impunidad y contra el delito se centralice en Bogotá.
CC: ¿La Fiscalía con la que se encuentra está muy dividida, muy llena de islas?
EM: Uno de los problemas centrales que tiene la Fiscalía es que no existe un trabajo en equipo al interior de las diversas unidades. Hay una duplicidad en las investigaciones y en los esfuerzos.
Falta más coordinación, más enlaces al interior de la Fiscalía para que las investigaciones no se dupliquen y para racionalizar el trabajo humano. Estamos trabajando en lograr mecanismos de comunicación y de diálogo porque no pueden aparecer unidades funcionando como islas.
Justicia y Paz
CC: ¿Cuál es el camino para cumplir la promesa hecha a las víctimas con la ley de Justicia y Paz?
EM: Nosotros hemos centrado la política en buscar fórmulas de priorización. En Justicia y Paz se han denunciado más de 300 mil hechos de graves violaciones a los derechos humanos durante el conflicto y ningún sistema penal puede juzgar con eficacia y eficiencia esta cantidad de casos.
Por eso vamos a priorizar los casos para tratar de rescatar el proceso de Justicia y Paz en Colombia. La Fiscalía va a recoger criterios importantes de la experiencia internacional sobre la priorización de casos y aplicarlos a Justicia y Paz y a Derechos Humanos en general.
Pero esas políticas de priorización no son exclusivas de la Fiscalía, y requieren una gran legitimidad. Eso solo se adquiere si la política está precedida de un gran diálogo con todos los actores de la sociedad.
CC: ¿Hay fracaso en la Ley de Justicia y Paz?
EM: Es indiscutible que no se puede tapar el sol con las manos. Hay una crisis en la ley de Justicia y Paz, en la forma como han avanzado las investigaciones. No es lo óptimo, no es lo que esperaba el país, no es lo que esperaba la comunidad internacional y no es lo que esperaban las víctimas.
Todavía quedan 2 años para tratar de salvar Justicia y Paz y tenemos el compromiso de reformular políticas al interior de la iniciativa para salvarla y nuestro deber es impedir un fracaso de esta ley.
Los Nule
CC: Con su llegada, el proceso contra los Nule tomó un rumbo distinto, ¿va a incluir a más testigos en la investigación? ¿Qué tanta gente falta por hacer parte de este proceso?
EM: Nosotros tomamos la decisión de revocar el principio de oportunidad que se había concedido al grupo Nule porque consideramos que no existía una colaboración suficiente para desarticular una red de corrupción en materia de contratación a nivel nacional. Estamos avanzando en otros procesos.
Ya hay una condena a 14 años de prisión, y como consecuencia de la revocatoria del principio de oportunidad formulamos acusaciones y vamos a iniciar un juicio oral por otros delitos, que también son muy graves y pueden tener hasta 15 años de prisión en caso de establecer culpabilidad.
Estamos evaluando propuestas de colaboración y de principio de oportunidad par apersonas que de uno u otra forma han estado involucradas en el proceso en toda esta maraña de casos de corrupción y de mecanismos articulados para defraudar los intereses públicos.
CC: ¿Ese principio de oportunidad podría volver a ser para los Nule?
EM: En la resolución en la que se revocó el principio de oportunidad para los Nule no se cierra la puerta a que, si se cambian las condiciones y colaboran de verdad, está abierta la posibilidad a que este beneficio se pueda reabrir.
CC: ¿Álvaro Dávila está colaborando con la Fiscalía?
EM: En este momento estamos examinando cuáles podrían ser los cargos a imputar al señor Álvaro Dávila. También estamos evaluando si existe la disponibilidad por parte de él de colaborar, de cuál es el tipo de información que puede dar. Su eventual colaboración y la eficacia de su información está siendo objeto de estudio por parte de la Fiscalía.
CC: ¿Falta mucho para llegar al fin del caso Nule?
EM: Hemos avanzado mucho, en el caso ya se ha producido una condena, ya hay formulación de acusación pero el caso es realmente complejo y falta mucho por esclarecer.
Caso Sigifredo
CC: Una buena parte de su Fiscalía está en el caso de Sigifredo López, ¿cómo siente que va esa investigación?
EM: Los fiscales están ahondando mucho en esa investigación. El estado de los dictámenes periciales es el siguiente: La Dijin emitió un primer juicio en el que se decía que probablemente era la voz del ex diputado Sigifredo López, luego se solicitó un dictamen al FBI que dice que probablemente no es la voz de López.
Como los resultados eran contrapuestos, la evaluación de la policía no fue tenida en cuenta como elemento en la investigación.
Aparecieron cuatro testimonios que afirman que puede existir una relación entre los hechos y el ex diputado, esos testimonios le merecieron credibilidad al Fiscal, se pudo corroborar elementos de veracidad en esas versiones pero todavía hay un largo camino por recorrer.
La Fiscalía tiene el deber de seguir profundizando para determinar si todas y cada una de las circunstancias narradas corresponden a la realidad. Lo que valoró el juez 38 en este estado de la investigación es que, como presupuesto para tomar una medida cautelar, los testimonios eran suficientes.
Por ahora lo que quiero reiterar es que la Fiscalía debe partir de la presunción de inocencia del ex diputado Sigifredo López, que se trata de una medida cautelar, que no se trata de un juicio definitivo de responsabilidad y que nosotros debemos respetarle todas las garantías.
CC: ¿Confía en que la Fiscalía va a llegar a una decisión que deje claro el tema?
EM:: Es nuestro deber. La Fiscalía no está comprometida con una sola hipótesis de trabajo.
En estos momentos hay una teoría del caso que manejamos pero frente a esto hay otra expuesta por la defensa y si las pruebas aportadas por los abogados del doctor López indican que la teoría que tiene más respaldo probatorio es la de la defensa, no le quepa la menor duda de que la Fiscalía hará respetar la presunción de inocencia del acusado.
”No hay orden de extradición para Santoyo”
CC: ¿Cómo es posible que el general Santoyo tenga una serie de acusaciones en Estados Unidos y ningún proceso en Colombia?
EM: Yo no conozco si existe o no un proceso contra el General. Sé que no ha habido ninguna solicitud de extradición del ex jefe de seguridad. Esos temas de extradición aparecen súbitamente.
