Dentro de un año Venezuela dejará de ser parte de los 25 países del continente que se encuentran bajo la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El Gobierno de Venezuela denunció la Convención Americana sobre Derechos Humanos, hecho con el que Venezuela inicia el trámite para retirarse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, fue el encargado de comunicar la decisión de Venezuela.
El secretario lamentó la decisión del país latinoamericano y asegura que no hay vuelta atrás en esta decisión a menos que el mandatario venezolano, Hugo Chávez, se retracte de iniciar formalmente el proceso que los sacaría de la organización.
La OEA no ve con buenos ojos la decisión y considera que el tratado es “uno de los pilares de la normativa legal que ampara la defensa de los Derechos Humanos en el continente”.
Sin embargo el comunicado no causó sorpresa ya que meses atrás el presidente venezolano ya había anunciado su intención de renunciar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, afirmando que la actuación de la Corte sobre los fallos contra el país responden a directrices de los Estados Unidos.
Por su parte el tribunal ha condenado al país por su “incapacidad” para sancionar y castigar a los responsables de algunos hechos que han marcado la historia de Venezuela como las masacres de El Caracazo, El Amparo y el Retén de Catia.
El Jefe del Estado venezolano no solo ha cuestionado a la Corte, también ha tenido discusiones frente al trabajo de la Comisión Interamericana, el mandatario también ha amenazado con retirarse de dicha organización, aunque para hacerlo tendría que retirarse de la OEA.
Aunque el gobierno venezolano notificó al secretario general de la OEA sobre la denuncia a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el mandatario del país no ha dado un comunicado oficial sobre el hecho.
Sin embargo se conoció que el convenio que da por sentado el inicio del trámite de retiro del organismo contempla que la denuncia “no tendrá por efecto desligar al Estado parte interesado de las obligaciones contenidas en esta Convención, en lo que concierne a todo hecho que, pudiendo constituir una violación de esas obligaciones, haya sido cumplido por él anteriormente a la fecha en la cual la denuncia produce efecto”.
