Varios representantes de organizaciones de afectados por el conflicto armado, que llegaron este miércoles a Bogotá para asistir al foro de Protocolo de Participación de Víctimas, lo hicieron sin esquemas de seguridad. Ellos denuncian negligencia por parte de la Unidad Nacional de Protección e incluso hablan de una “estrategia” para no permitirles a los reclamantes participar de manera igualitaria en los eventos que les interesan. El Estado responde.
La seguridad de los líderes es, sin duda, el gran reto de la Ley de Víctimas. Casi un año y medio después de su sanción, varios reclamantes de tierras han sido asesinados a causa de su lucha y cientos más han sido amenazados por grupos que se hacen llamar “anti-restitución” de tierras. Las bandas criminales parecen ser los enemigos de estos ciudadanos.
Jesús Mario Corrales es uno de ellos. Él decidió hace décadas luchar por las víctimas de la guerra en Colombia, luego de que fuera desplazado por un grupo irregular. Desde la fundación Nuevo Amanecer ha liderado proceso de reclamaciones por tierras arrebatadas a campesinos en el Valle del Cauca, especialmente en los municipios del norte del departamento.
Desde el occidente del país, se ha convertido en uno de los principales referentes de los líderes de las organizaciones sociales y ha emprendido procesos de civilidad de los derechos de las víctimas junto a la fallecida Angélica Bello. Nuevo amanecer se ha reunido, incluso, con el presidente Santos para discutir parámetros y protocolos de atención y protección a quienes buscan garantizar el cumplimiento de la ley.
Las constantes denuncias que realiza ante los organismos de control han puesto en riesgo su seguridad, por lo que la Unidad de Protección tiene dispuesto un esquema que lo acompaña en sus desplazamientos por los 42 municipios del departamento. Su labor lo ha hecho, además, ser uno de los delegados de víctimas por el Valle del Cauca.
Corrales fue invitado, como los otros 102 miembros de la Mesa Nacional de Víctimas, al foro de Protocolo de Participación de las Víctimas en la ley, que se realizó este miércoles en Bogotá. El lunes, cuando recibió la confirmación de su tiquete aéreo, solicitó a la empresa Prosegur, encargada de su seguridad, el desplazamiento de su esquema de seguridad.
Paola Botia, asesora logística de FUPAD Colombia, la empresa que da recursos para los desplazamientos de los líderes de víctimas, respondió lo siguiente a la solicitud: “Con base en el asunto de la referencia, nos permitimos solicitar muy respetuosamente se prevean con 72 horas de anticipación estos desplazamientos aéreos, ya que debemos tener en cuenta la disponibilidad de sillas en la misma aerolínea, tarifas, etc. Se remite esta solicitud a nuestra sede Central en Bogotá para sus comentarios”.
Sin embargo, la protección no llegó. Y Jesús, al igual que otros líderes, tuvo que movilizarse en Bogotá sin seguridad. “Estos ciudadanos tienen esquemas de protección en sus regiones, pero el nivel de riesgo en Bogotá es muy bajo. Solo 30 o 40 de los 600 reclamantes que tienen esquema de seguridad, lo tienen a nivel nacional”, afirmó Andrés Villamizar, director de la Unidad Nacional de Protección.
Las víctimas que no tienen un nivel de riesgo que amerite desplegar un esquema de protección a nivel nacional tienen la posibilidad de dos tiquetes aéreos por mes para sus escoltas. Sin embargo, la UNP está cambiando el operador privado que se encarga de la seguridad de los protegidos. “Las nuevas empresas están afinando los procesos y eso debe quedar solucionado más o menos en 15 días”, señaló Villamizar.
En la noche del lunes, Corrales envió a la Unidad de Víctimas un correo en el que documentó la situación.
“Buenas tardes, informo a ustedes que fui convocado en el día de ayer por la Unidad de Víctimas y el Senado de la República para la sección de mañana 8 de mayo, en razón a ello remite solicitud a la empresa Siglo 21, a través de Prosegur y a esta hora no le han colocado tiquetes aéreos a mi seguridad. Ya estoy en el aeropuerto y debo viajar solo, por lo cual dejo constancia por si me llegara a suceder algo, esto se da por la poca organización o responsabilidad de la nueva empresa encargada de garantizar nuestra seguridad.
Agradezco su apoyo y que no vuelva a sucederle a ningún protegido o de lo contrario serán ustedes los responsables de lo que nos suceda”.
Irma Tulia Escobar Márquez fue otra de las líderes de víctimas que tuvo que llegar a Bogotá sin esquema de seguridad. “Nosotros vivimos en riesgo permanente porque luchamos por la civilidad de los derechos de las víctimas, cosa que a muchos no les gusta. Eso tiene muchos enemigos”, dijo a Confidencial Colombia la líder.
“Quiero pedirle a la UNP que nos ayude a mirar. Desde el 21 de este mes cambiaron las empresas encargadas de la protección y los escoltas dijeron que no van a asumir los costos de movilización. La UNP revise el caso porque están pagando gente en el territorio pero en Bogotá también corremos riesgos. Nos da temor porque se nos habla de unas garantías de protección y no se hacen efectivas”, añadió.
Villamizar recalcó que los reclamantes deben tener un poco de paciencia por el cambio coyuntural, pero reiteró que las víctimas que no ameriten –por su nivel de riesgo y visibilidad nacional– no tendrán esquemas de seguridad en todo el país.
Mientras que los encargados de hacer cumplir los derechos de los afectados por la guerra señalan que la restricción para que puedan viajar con sus escoltas corresponde a una “estrategia” para coartar su derecho a participar en eventos de la Ley y movilizarse por las regiones, el Estado señala que la cobertura de la protección se da de acuerdo a la visibilidad nacional de los reclamantes.
