Diciembre no solo nos trajo las semillas del segundo pico de la pandemia, si no la salida de la secretaria de planeación, Adriana Córdoba, del gabinete distrital. No es claro porque se dio, pero coincidió con una decisión reciente que había tomado: la expedición de la resolución 1641.
Esta derogaba las resoluciones 1060 y 1631, del gobierno de Enrique Peñalosa, que de un plumazo y sin suficientes soportes técnicos, eliminaba la amenaza por inundación en la Zona de Manejo y Protección Ambiental del Río Bogotá (ZMPA) y que terminó justificando su reducción de 270 m a 30 m.
En un debate de control político esta semana en el Concejo de Bogotá, quedó claramente establecido como, esas resoluciones, de la administración Peñalosa, no cumplían la norma nacional, que exige un mínimo de estudios técnicos para su aprobación, requisito que, a pesar de no cumplirse, no fue impedimento para que Peñalosa las aprobara. Esta decisión, obviamente, habilitó la construcción de varios planes parciales y varias infraestructuras de hospitales, así como de colegios, incluyendo el patio taller del metro.
Eliminar toda amenaza, significa que oficialmente el estado define que no hay posibilidad de inundación en esa zona. Esto es absurdo por varias razones: Si bien la CAR está realizando la adecuación hidráulica del Río Bogotá, que significa ampliar su cauce y el espacio del Río antes del jarillón, así como fortalecer dicha infraestructura, reducir la amenaza a cero, significa declarar que estas obras y adecuaciones son infalibles; también significa que sabemos que la crisis climática no generará eventos extremos que puedan sobrepasar los cálculos hechos por las obras de ingeniería. Ambas afirmaciones negarían la realidad de la incertidumbre, que nos deja la emergencia climática que ya vivimos.
El jarillón no es infalible. Esta barrera entre el río y la ciudad tiene varias falencias: Lo primero es que en el trayecto en dónde el río es atravesado por puentes vehiculares, como en la Calle 13, o por infraestructuras como tubos u oleoductos, la CAR no construyó jarillón, o sea que existe un espacio por dónde el río puede desbordarse en caso de un evento extremo. Lo segundo es que, si bien en diseños, el jarillón tiene un factor de seguridad frente a un evento extremo, no conocemos si eso se materializó en la obra. Este estudio, que debe realizar la CAR, es fundamental para tener más certeza de la seguridad del mismo.
Ahora, hay sectores en el sur occidente, entre Bosa y Kennedy, en dónde las tierras bajas colindantes al Río Bogotá pueden estar hasta seis metros por debajo este. Es por esta razón que las aguas pluviales y residuales tienen que ser elevadas a través de una estación elevadora, o sea, las aguas no drenan directo al río. En el fenómeno de la Niña del año 2010-2011, esta zona se inundó, se llenó el Canal Cundinamarca y falló un tornillo de la estación elevadora de Gibraltar, las aguas se devolvieron por el sistema de alcantarillado y se inundaron, con agua residual, barrios enteros de Kennedy y Bosa, dejando 32,000 damnificados.
Súmemele a esto que Bogotá, drena a la cuenca del Río Bogotá, quince metros cúbicos por segundo de la cuenca del Orinoco. Por lo tanto, la única razón de inundación no es solo el desbordamiento del río, también puede haber eventos de encharcamiento por lluvias extremas y fallas del sistema de drenaje. Nada de esto se tuvo en cuenta en las resoluciones del gobierno de Enrique Peñalosa y se eliminó la amenaza de un plumazo.
Hizo bien, entonces, la exsecretaria Córdoba en expedir la 1641, que derogó las resoluciones de Peñalosa, todo esto ad-portas de tener que formular un nuevo Plan de Ordenamiento Territorial. Lo que le corresponde, ahora, al gobierno es realizar los estudios de riesgo con rigurosidad y re-definir los niveles de amenaza por inundación a lo largo del paso del río por la ciudad. Sin embargo, no todos los sectores estuvieron de acuerdo con la decisión.
Las resoluciones del gobierno del ex – alcalde Peñalosa habilitaban, aproximadamente, 1600 hectáreas de suelo para la construcción, con esa maniobra de reducir la ZMPA a su mínima expresión. La revocatoria de estas resoluciones implica potencialmente volver a establecer la zona de manejo y protección ambiental al ancho de 270 metros y descartar la visión de construir una ciudad entera a sus orillas, en el tan nombrado proyecto Ciudad Río. La ciudad a espaladas del agua e ignorando desastres como los de las inundaciones del 2010-2011, que afectaron a Bogotá y Soacha.
Por eso, ante la derogatoria, la alcaldesa recibió dos cartas. La primera de Camacol, en la que se atacaba la decisión de la secretaria Adriana Córdoba, se defendían las obras de adecuación hidráulica en el Río Bogotá, como argumento para eliminar la amenaza y se cuestionaban los efectos jurídicos frente a los proyectos ya aprobados.
La segunda carta la recibió de un sector de ambientalistas, académicos, universidades, así como de ciudadanos, que hacen parte de la “Mesa ciudadana de Empalme del POT”, en esta se apoyaba la decisión de la ex – secretaria Córdoba. Esta mesa, que montó la misma alcaldesa, está compuesta por ambientalistas, académicos, gremios y ciudadanos. Se creó con el fin de lograr consensos amplios frente al nuevo Plan de Ordenamiento Territorial y Camacol también hace parte de ella.
Una parte, de dicha comisión ciudadana, no ha podido ponerse de acuerdo con Camacol y los intereses de las constructoras, en temas claves como el Río. Demostrando que la tesis del voluntarismo y el consenso descafeinado, que intenta permanentemente empujar el Partido Verde, se estrella con la realidad de los intereses de poder.
En el debate de esta semana, en el Concejo, se estrenó la nueva secretaria de planeación, María Mercedes Jaramillo, con este tema. Ella era la gerente de la Empresa de Renovación Urbana y previamente, al inicio del gobierno, fue parte de la Mesa Ciudadana en representación de Pro-Bogotá, tanque de pensamiento cuyos principales miembros son las constructoras. Uno esperaría que la secretaria respaldaría la decisión de su antecesora, siendo las decisiones tomadas bajo un mismo gobierno, el de la alcaldesa Claudia López. Sin embargo, lo que manifestó la funcionaria, fue no haber tomado una decisión y se escudó en la necesidad de un concepto técnico por parte del IDIGER. El actual director del Instituto Distrital de Riesgo, en debate de control político, defendió los actos administrativos del gobierno de Peñalosa. Entonces podemos entonces intuir lo que pasará, “ya sabemos por donde va el agua al molino”.
En este tema la alcaldía de Claudia López deberá ser clara sobre su posición. Está en juego el punto ocho del compromiso ambiental que la alcaldesa firmó en campaña, que, precisamente, se comprometía a “mantener la Zona de Manejo y Preservación Ambiental del Río Bogotá como componente de la estructura ecológica principal y restringir todos aquellos usos que no sean compatibles con su conservación”
Y ahí está el quid de este asunto, independientemente de la discusión de riesgo, el río y su zona de manejo, la preservación ambiental debe ser el punto central de este debate, los espacios del Río, así como de la estructura ecológica principal, deben ser conservados y restaurados con criterios de conectividad ecológica, como parte un proyecto regional. Las obras de la CAR han destruido varios afluentes del Río, al dragarlos y prácticamente canalizarlos, encerrándoles en jarillones. Nada respondió la nueva secretaria sobre su posición frente a este modelo de intervención por parte de la CAR y su perspectiva sobre la Zona de Manejo y Preservación Ambiental como parte de la estructura ecológica de la ciudad, se limitó a decir, tímidamente, que era necesario acercar el río a la ciudad.
Los ambientalistas estamos en ascuas a la espera de una decisión y respuesta concreta, solo ahí sabremos si la alcaldesa le hizo caso a la carta de las universidades y los grupos ciudadanos, o por el contrario a la de CAMACOL, lo que se constituiría en un nuevo incumplimiento a una promesa de campaña.
