El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la Acción Constitucional Popular con Medida Cautelar interpuesta por el abogado Camilo Araque, quien pide suspender los efectos del convenio, contrato o acto administrativo que permite la asignación de esquemas de seguridad a los concejales de Bogotá.
El abogado demandante considera que los esquemas de protección a los concejales que presta la Unidad Nacional de Protección fueron asignados sin que exista un análisis que determine que sus vidas corren peligro por cuenta de su labor como agente de control político en la ciudad de Bogotá.
La elaboración de la ponencia quedó en manos del magistrado Cesar Giovanny Chaparro Rincón quien deberá estudiar los argumentos y determinar si hay lugar para fallar a favor o en contra de esta.
El Convenio al que hace referencia la demanda es el número 240467 suscrito con la Unidad Nacional de Protección y la Secretaría de Hacienda de Bogotá, y a través de su firma se permitió la asignación de 36 esquemas de protección con vehículos tipo Camioneta y 17 hombres de protección, por un valor de 21.091.125.000 millones de pesos.
Reviva el diálogo: ¿Necesitan escoltas los concejales de Bogotá?
