Soy un convencido de que Cundinamarca y Bogotá merecen, pueden y deben construir una región con una visión, unos intereses y objetivos compartidos por el bienestar de la misma región y también porque nuestra supervivencia depende de eso. Un buen porcentaje de la seguridad alimentaria, esencial para la vida, depende de eso. Una buena parte del aire que respiramos y el agua que es vital, dependen de eso. ¡No hay duda!
La sabana de Bogotá y los municipios vecinos tienen el verde que se ha ido extinguiendo en la gran ciudad como consecuencia de políticas adversas que no han priorizado su estructura ecológica y ambiental. No hemos respetado los humedales, los senderos verdes, las riberas de los ríos y caños que dan vida.
Resulta que en ese escenario es muy importante el papel y las funciones que tiene bajo su haber la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) como máxima autoridad ambiental y encargada de las políticas, planes, programas y proyectos ambientales como reza en su misión, misión que tiene destinado un presupuesto de alrededor de 1 billón de pesos.
Ósea, además del gran poder político-técnico-ambiental que maneja, cuenta con importantes recursos financieros que provienen en su mayoría (72%) del Fondo para las Inversiones Ambientales en la Cuenca del Río Bogotá (FIAB), fondo que a su vez se nutre del 15% de los recursos recaudados a través del impuesto predial que pagamos los y las bogotanos.
Respecto al manejo de los recursos por parte de la CAR ha dicho la Contraloría, asunto que también hemos denunciado, que “no son confiables”, además de indicar que los estados financieros no dan cuenta de la situación de dicha Corporación y que al parecer existen posibles detrimentos fiscales. El concepto de la Contraloría frente a los estados financieros de la CAR (2019) es negativo o adverso.
Un aspecto en el que hemos insistido y denunciado tanto en la Procuraduría como en la Fiscalía General de la Nación es la adversa elección de los representantes de la organizaciones ambientales en la junta directiva de la CAR que se han atornillado en ese cargo por más de 20 años, los señores Luis Alejandro Motta y Andrés Iván Garzón.
El Consejo Directivo de la CAR, del que hacen parte estos dos señores, está compuesto por representantes del Gobierno Nacional, ONG ambientales, sector privado, Gobernación de Boyacá, Gobernación de Cundinamarca, Alcaldía de Bogotá, entre otros; esta junta define los destinos tanto de la sabana como de los municipios aledaños y tiene la potestad de dar las licencias ambientales para obras y construcciones. De ahí la importancia de esta entidad, su transparencia y por supuesto los miembros de la junta.
Estos dos señores, Motta y Garzón han organizado al parecer una suerte de organizaciones de papel que se prestan las sedes (aparecen varias organizaciones con una misma dirección), los representantes legales (una misma persona aparece representando a varias organizaciones) y hasta los informes (copian y pegan el mismo informe) para mantenerse en el cargo. Pero lo raro de todo es que llevan reeligiéndose así por 20 años, existen distintas quejas y denuncias, pero ¡no pasa nada!.
