La contaminación auditiva es una de las mayores problemáticas que afectan a Bogotá. De hecho, según reportes de la Policía Nacional, las denuncias por este tipo de hechos crecieron 17 % en el último año.

De acuerdo con informes recientes de la Red Colombiana de Ciudades Cómo Vamos (RCCV), Bogotá es la zona más ruidosa del país, seguida de Medellín, Cali y Cartagena. Las cifras hablan por sí solas: “actualmente el 61 % de los bogotanos están insatisfechos con el nivel de ruido, mientras que en el Valle de Aburrá el 48 % de los medellinenses consideran que el ruido es un problema ambiental prioritario y en Cartagena las quejas por esta problemática aumentaron un 80 % en lo corrido de 2024.

Estos indicadores son para prestarles mayor atención y cuidado, pues la calidad de vida de las personas cada día se está afectando más por la contaminación auditiva, una situación que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), puede ocasionar sordera, ataques de nervios, estrés, ansiedad, presión arterial alta, dolores de cabeza, mareos, ineficiencia o baja productividad en el trabajo e insomnio, entre otros.

Precisamente, para responder y atender esta problemática, actualmente en el Congreso avanza la Ley Contra el Ruido, un proyecto que fue radicado el 1 de agosto de 2023 y que desde esta fecha ha sido aprobado en tres debates (2 en Cámara de Representantes y 1 en el Senado). Extraoficialmente se conoció que la última discusión que se realizará antes que finalice el año, pues su solicitud se radicó el pasado 31 de octubre.

Con el fin de conocer en detalle esta iniciativa que mejorará la calidad de vida de todos los colombianos, la Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá, realizó un informe que revela el Abecé de este proyecto de ley y explica cuál será su alcance e impacto en las personas del común.

De acuerdo con Daniel Jara y Jorge Useche, director y profesor del programa de Ingeniería de Sonido de la U. de San Buenaventura, respectivamente, “el objetivo de esta iniciativa es poner en cintura a los más ruidosos: vecinos, comercios, bares, discotecas y hasta a los dueños de las mascotas, con nuevas herramientas que permitan formular una Política de Calidad Acústica en el país que garantice el bienestar de los ciudadanos y de los ecosistemas (flora y fauna), a través de un ambiente libre de los impactos nocivos que genera el ruido”.

Según Jara y Useche, si bien hoy existe una normativa que controla estos temas (Resolución 0627 de 2006 del Ministerio de Ambiente que define los procedimientos de medición y los niveles máximos de ruido permisibles por sector y horario), “estos lineamientos no son claros, están dispersos y no les facilita a las personas ni a las autoridades resolver esta problemática de manera integral”.

De acuerdo con ambos docentes, entre los principales cambios que propone la Ley contra el Ruido, se destacan:

Regular el ruido ambiental: En especial, aquellos que están asociados a hábitos y conductas, como las fiestas en casa, las actividades de jardinería, los conciertos al aire libre, las ferias y los vendedores informales, los sonidos de los animales domésticos y los causados por la pólvora, entre otros.

Controlar y medir mejor el ruido intradomicialiario: Es decir, el que se registra al interior de una vivienda, pero cuya fuente se encuentra fuera de la misma, afectando la tranquilidad de la comunidad. Por ejemplo, los ruidos fuertes producidos por vehículos o motos, las fiestas de vecinos o los eventos musicales cerca de las viviendas.

Darle más ‘dientes’ a las autoridades para castigar la inmisión de ruido y las vibraciones: Esta nueva normativa generaría nuevas sanciones. Por ejemplo, quienes organicen conciertos y festivales, entre otros, y no controlen el nivel del ruido, podrían recibir multas entre 100 y hasta 800 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV). Asimismo, propone incrementar las infracciones a personas y negocios ruidosos, con multas desde 5 hasta 25 SMMLV, costo que se determinaría de acuerdo con el estrato socioeconómico de la zona donde se cometió la infracción. Finalmente, por ruidos altos y molestos que afecten la convivencia en zonas residenciales, habría multas desde 1.5 y 40 SMMV, según la gravedad de la falta.

Si no pasa nada extraordinario, se prevé que este proyecto de ley sería aprobado antes que termine el periodo legislativo actual, es decir, en junio de 2025.

No obstante, Jara y Useche advierten que la iniciativa aún presenta algunos vacíos. “Entre ellos, no se define técnicamente el concepto de «calidad acústica de manera integral,» ya que este concepto incluye aspectos subjetivos cuya medición o diferenciación no es clara”.

También, preocupa que la propuesta solo contempla 18 meses para su elaboración y luego 6 meses adicionales para que pueda ser aplicada por las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR). “Este es un tiempo muy reducido para la magnitud de lo que se desea abarcar”, concluyen.

Finalmente, no se menciona nada de cómo se medirá el impacto del ruido en fauna y flora, por ejemplo, cómo se evaluará el cambio en el comportamiento de animales como polinizadores, ganado vacuno, aves migratorias o especies nocturnas, por la presencia de ruidos externos ajenos a su territorio. “En esta línea, no hay definiciones asociadas a conceptos como ecoacústica o bioacústica, disciplinas especializadas en el estudio del sonido producido por animales y plantas, y su interacción dentro de un ecosistema, lo cual resulta fundamental para entender los efectos del ruido en la biodiversidad y en los procesos ecológicos.

1. Kennedy: 75 a 90 dB

2. Engativá

3. Suba

4. Chapinero

5. Usaquén

Los 7 emisores de ruido más contaminantes en la ciudad

a. Tráfico vehicular

b. Industria

c. Comercio

d. Eventos deportivos y conciertos

e. Construcción

f. Fiestas en casas o apartamentos

h. Riñas y discusiones vecindarias