Las cifras de seguridad, que nos presenta la alcaldía, muestran mejorías en los porcentajes de los delitos cometidos. Sin embargo, hay por lo menos tres problemas. El primero, lo atípico de la pandemia y el reacomodamiento del crimen en este nuevo contexto. El segundo, la claridad sobre las cifras y la forma de procesamiento de las estadísticas para hacerlas comparativas y el tercero, que la violencia asociada al crimen se ha radicalizado.
Llevamos ya un año y tres meses del gobierno de la alcaldesa Claudia López. Pasamos por la aprobación del Plan de Desarrollo y también se publicó, en junio del 2020, el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que es la estrategia a diez años de la administración. Por lo tanto, es evidente que para este momento ya debería de existir una política de seguridad establecida y en marcha. Entonces la pregunta es: ¿Por qué debe acudir la alcaldesa Claudia López a la cortina de humo de que los migrantes venezolanos son la causa del aumento de la violencia y del crimen en Bogotá? Esto cuando las cifras nos muestran que los venezolanos no han cooptado las estructuras criminales de la ciudad. ¿Por qué nos ratifica permanentemente, el Secretario de Seguridad, que las cosas van bien y mejorando?
Desde que se discutió el Plan de Desarrollo, advertimos que había una falencia en el enfoque de seguridad que presentaba esta administración, los hechos han ido corroborando nuestros cuestionamientos. El enfoque de seguridad, de la administración López, es reduccionista y punitivo, centrado en estrategias de combate al crimen organizado, invirtiendo en infraestructura carcelaria, pero dejando de lado la prevención y previsión del delito e ignorando el enfoque de derechos humanos. Se incluyeron la perspectiva de género por el aumento de delitos contra las mujeres y la cultura ciudadana, pero todo se tradujo en unos postulados gaseosos que han terminado de consolidarse en los frentes de seguridad ciudadana como estrategia de articulación con la población.
Recuerdo que insistimos, en la discusión del Plan de Desarrollo, que quedara el enfoque de derechos humanos como uno de los del plan. Esta petición fue negada, con la excusa de que se sobreentendía transversalmente. Hoy la administración no ha abordado las relaciones de la crisis socio-económica de la pandemia con las consecuencias en seguridad, ni tiene una visión previsiva sobre la acción del crimen, no solo desde la inteligencia, sino desde entender el fondo de los conflictos sociales que terminan en hurtos, riñas y homicidios.
Por el contrario, desde una visión punitiva, se ha puesto un énfasis especial en la necesidad del aumento de pie de fuerza de la policial como solución, cuando la policía, en su actual configuración, no solo ha violado los derechos humanos, sino que en varias localidades son cómplices del crimen organizado.
Y aquí es en dónde hay una mayor falencia. La política social no está articulada a incrementar la capacidad de gobernanza en los territorios con la comunidad, en un enfoque de seguridad humana. Enfoque que logra abordar las problemáticas sociales para entrar a intervenir en muchas de las causas estructurales que generan las conductas delictivas, de esta forma se logra desmantelar el crimen.
Y aquí es en dónde, mientras el presidente Iván Duque, del cual soy opositora, expide el estatuto del migrante, una política sin precedentes en América Latina, que le permitirá a más de 1.7 millones de venezolanos trabajar formalmente, entrar al sistema bancario y acceder al estado social de derecho; la alcaldesa Claudia López reiteradamente fomenta la xenofobia para ocultar el fracaso de su política de seguridad.
Las cifras no soportan las referencias constantes de la alcaldesa a la participación de los migrantes venezolanos en el crimen organizado y los actos violentos. Por una parte, el 98% de los crímenes reportados en el país son realizados por colombianos, la proporción de crímenes violentos realizados por venezolanos es menor que su representación poblacional en la ciudad. Por otra, más que victimarios, las cifras nos muestran, como los ciudadanos venezolanos se han vuelto ante todo víctimas, esto debido a su vulnerabilidad. Frente a la presencia de diferentes bandas de crimen organizado y narcotráfico, los migrantes se convierten en mano de obra ‘fácil’ para la mafia y el robo, en una alternativa de sobrevivencia. No existe evidencia de que las bandas de crimen organizado de Caracas se hayan establecido en Bogotá, aquí las rentas ilegales y la mafia es manejada, así como controlada por colombianos.
Por el contrario, lo que sí es clara es la percepción ciudadana de que ha aumentado la criminalidad por la migración. No es casualidad de que Bogotá ocupe el octavo lugar, entre 23 departamentos, en la tasa de xenofobia. Por eso son tan graves las declaraciones de la alcaldesa Claudia López, porque cabalga sobre un prejuicio pre-establecido y probado en estadísticas. Por ejemplo, en la encuesta de Invamer Gallup, de febrero del 2021, 66% de los encuestados estuvieron en desacuerdo con que se le entregaran permisos de protección a los ciudadanos venezolanos y solo 32% estuvo de acuerdo. A su vez 72% estuvo a favor de que se cerrara la frontera, para que no entraran más venezolanos al país y solo el 25% en contra. Lo que sí quedó claro en la encuesta, fue la pérdida de 9 puntos en popularidad y la tendencia a la caída libre, desde junio del año pasado, de la alcaldesa Claudia López.
Bogotá se ha caracterizado por su pluralidad democrática, su capacidad de recepción de migraciones masivas, como las causadas por la violencia del conflicto interno y una política de inclusión social al más vulnerable desde la perspectiva de derechos. Estas políticas, alimentadas durante doce años, fueron erosionadas por las políticas del alcalde Enrique Peñalosa, lo sorprendente es que este quiebre no se haya reversado y por el contrario se mantengan hoy en el gobierno de la alcaldesa.
Mientras el presidente Iván Duque, le da la mano a los migrantes, política que de ser bien implementada, generará su inclusión social, lo que puede redundar en un aporte significativo a la economía, a la sociedad colombiana y seguramente contribuirá a una reducción de la participación de los migrantes en el crimen; la Alcaldesa Claudia López contribuye a su estigmatización y vulnerabilidad, con el fin de ocultar las falencias de su política de seguridad, su mala relación con la policía y con la intención de ganar popularidad en un tema que la genera; siempre es fácil señalar al diferente, aunque los señalamientos que se hagan no se sustenten en realidades, de ese tipo de ejemplos está llena la historia de la humanidad, los que muchas veces redundan en tragedias y aumentos de exclusión. Por eso en este tema, quien lo creyera, Claudia está a la derecha de Duque.
@susanamuhamad – Concejal de Bogotá
