Una Acción Constitucional Popular con Medida Cautelar fue interpuesta ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en donde se pide suspender los efectos de cualquier convenio, contrato o acto administrativo que expresamente o de forma aparente (sin que exija realmente la demostración de un riesgo extraordinario o extremo del titular), permita la asignación de esquemas de seguridad a los 45 concejales de Bogotá.

El demandante considera que el ser concejal de Bogotá no es suficiente motivo para tener asignado un esquema de carro asignado a la Unidad Nacional de Protección con escolta y además con uno o dos policías en moto vigilando el esquema.

«Los recursos públicos con que se pagan los esquemas de seguridad de los 45 concejales de Bogotá a la UNP, son en gran medida (por no decir que en la totalidad) de la Secretaría Distrital de Hacienda , que hace parte de la Alcaldía de Bogotá lo que se erige como una intromisión indebida del mandatario de la capital del país al Concejo de Bogotá encargado del control político de su gestión y la de sus funcionarios (mediante debates, mociones y demás), comprometiendo gravemente su independencia, objetividad y autonomía, teniendo en cuenta además, que este órgano de representación tiene competencias sobre temas relevantes para ambas entidades distritales que les pagan este beneficio/estatus (presupuesto, plan de desarrollo, plan de ordenamiento territorial, etc.)».

Dice además, » los concejales beneficiados con los citados esquemas de seguridad (por el solo pago que se le hacen a
la UNP, más no por la existencia de un riesgo extraordinario o extremo de cada uno), no harán el mismo control político, ni cuestionarán de la misma forma la gestión de la administración distrital».

Con la demanda se pretende que se ordene a la UNP, lo mismo que al Ministerio del Interior, a la Alcaldía de Bogotá, a la
Secretaría Distrital de Hacienda y al Concejo de Bogotá, abstenerse de renovar o reiterar el objeto del convenio No. 240467 de 2024 relativo a la asignación de los esquemas de seguridad de los concejales de Bogotá, esto es, sin que se prueba de forma
real y suficiente un riesgo extraordinario o extremo para cada concejal de Bogotá, a partir de la notificación de la providencia.

El Convenio 240467 suscrito con la Unidad Nacional de Protección y la Secretaría de Hacienda de Bogotá, permitió la asignación de 36 esquemas de protección con vehículos tipo Camioneta y 17 hombres de protección, por un valor de 21.091.125.000 millones de pesos.

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