Una auditoría de la Contraloría de Bogotá evidenció falencias en la gestión de cobros en el la Secretaría de Movilidad de 11.025 infracciones de tránsito (impuestas entre 2016 y 2021) que prescribieron.
El ente de control, entre otros hechos, encontró que el 6% de los comparendos analizados (11.929 comparendos) no corresponden a la infracción establecida. El 40% de los acuerdos de pagos fueron remitidos sin mandamientos de pago y el 8% de los documentos no corresponden al infractor.
Determinó además que tres hallazgos fiscales en el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) por más de $2.335 millones por incumplimientos del consultor en la calidad de los estudios y diseños y valores adicionales por las prórrogas en la etapa de preliminares que se registraron en los contratos de obra para Avenida Guayacanes (Suroccidente de Bogotá). Este hallazgo corresponde al contrato de consultoría IDU-926-2017. Las obras aún están en ejecución.
El segundo hallazgo tiene que ver con lo presupuestado por estampillas distritales, (contribuciones parafiscales con destinación específica) y no se realizaron las deducciones en las órdenes de pago durante la ejecución del contrato de la extensión de la Troncal Caracas en su tramo uno.
Un tercer hallazgo está relacionado con la empresa TransMilenio en donde el órgano de control documentó que un total de $1.787 millones, de los recursos destinados a fortalecer la seguridad, convivencia y vigilancia de los usuarios del sistema de transporte, en realidad se invirtieron en bienes y servicios (bonos y anchetas que se les dieron a los policías) que no corresponden al objeto del convenio y tampoco le proporcionaron utilidad al sistema.
Todos estos hallazgos fiscales en el Sector Movilidad fueron trasladados a la Dirección de Responsabilidad Fiscal a fin de que se adelanten las indagaciones del caso, de tal manera que se logre el resarcimiento del daño patrimonial ocasionado al Distrito.
