Susana Muhamad
La administración distrital presentó, al Concejo de Bogotá, dos proyectos de acuerdo “Plan Marshall” estos plantean la reactivación económica de Bogotá, como respuesta para enfrentar la fuerte recesión por cuenta del COVID-19, que ya ha dejado 1.1 millón de empleos perdidos, sin contar con la difícil situación económica que sufre el 40% del total de trabajadores que vivían del ´rebusque’ antes de esta pandemia.
La alcaldía estima que esta caída de ingresos para el distrito puede ser de aproximadamente 4 billones de pesos en cuatro años. A esto se suma una caída del Producto Interno Bruto de en el 2020 de entre 6% al 8%.
Esta pérdida de ingresos la llena el distrito con los dos proyectos, el primero aumenta la tarifa del impuesto de industria y comercio a cuatro sectores económicos, “ganadores de la pandemia”: el farmacéutico, telecomunicaciones, construcción de obras civiles y los bancos. El primer articulado, al que denomina la alcaldía de “reactivación económica”, es en realidad un proyecto fiscalista para garantizar los ingresos del Estado frente a la caída proyectada del Impuesto de Industria y Comercio, el cual se basa en los ingresos de las empresas. Al caer los ingresos de las compañías, es previsible que también se caiga el valor de la declaración y el pago.
El segundo busca soluciones a través del endeudamiento. La alcaldía está solicitando al concejo la aprobación de 10.7 billones para financiar el plan de desarrollo y así no tener que recortar gasto público.
Lo primero que debo decir es que el nombre de “Plan Marshall” es exagerado y no es honesto con la realidad de los proyectos. Puesto que esta iniciativa fue la respuesta que creó Estados Unidos para generar ayudas a Europa, después de haber quedado devastada por la Segunda Guerra Mundial, la cual consistió en una fuerte inversión en obras civiles, que reconstruyeran la infraestructura destruida por la guerra, así como la inyección de capital a empresas públicas y al tejido productivo para la generación de empleo. En contraposición el primer proyecto de la alcaldía no reactiva la economía, su enfoque es la generación de ingresos para el distrito, y en el segundo, en dónde debería estar la inversión, las obras priorizadas no son adecuadas para el momento de recesión, puesto que muchas de ellas no empezarán a ejecutarse de inmediato y la prioridad de estas no es la generación de empleo.
Hay que decir que un verdadero “Plan Marshall” en el siglo XXI, necesitaría de una fuerte inversión del gobierno nacional y una lógica de generar infraestructura adecuada a la crisis climática. Mientras en varios países, los gobiernos han incrementado significativamente su deuda pública e invertido entre el 12% y 18% del PIB para enfrentar la pandemia. El gobierno de Iván Duque no llega al 4%. Estamos desafortunadamente frente a un gobierno que mantiene la ortodoxia neoliberal, que prefiere entregar los recursos de la recuperación a los bancos, que se endeuda con el Banco Mundial, en vez de endeudarse con el Banco de la República, que niega la renta básica universal en el Congreso a nueve millones de colombianos, que le entrega el subsidio a la nómina a empresas formalizadas, cuando el 60% del aparato productivo del país es informal y que piensa recuperar los ingresos fiscales perdidos con una reforma tributaria que afecta a la clase media.
Bogotá siendo la ciudad más afectada por la pandemia y la crisis económica, no la tiene fácil con un gobierno nacional adverso. Por lo tanto, los recursos distritales, que nunca serían suficientes para cubrir las necesidades actuales, requieren ser invertidos maximizando la transferencia de liquidez a las empresas y a las familias.
En ese contexto, analicemos de nuevo la propuesta presentada por la alcaldesa. La conclusión es que se pierde una oportunidad. Desafortunadamente parte de esta respuesta está también en la lógica ortodoxa de la economía. Por una parte, la primera respuesta, para la crisis económica, es lograr manejar la actividad productiva en medio de una pandemia que no termina. Observamos en Europa como se extiende una segunda ola de contagios que está llevando a nuevos confinamientos. Una nueva cuarentena en la ciudad, así sea parcial, implicaría una caída del gasto público, esto pasaría así se apruebe el endeudamiento e implicaría una caída aún más profunda del PIB.
Según lo planteado 16% del presupuesto distrital y 1.6 billones del cupo de endeudamiento irían para el sector salud, sin embargo, la prioridad del gobierno de Bogotá son las obras de infraestructura, la ciudad no está haciendo lo suficiente desde la perspectiva de salud pública. Frente a la presión de la Colombia Humana, la alcaldesa se comprometió, en el discurso del 6 de agosto, día del cumpleaños de Bogotá, a reconstruir el programa de Territorios Saludables, construido por los gobiernos de izquierda durante 12 años y que llegó a atender para el año 2015 en Bogotá a 3.5 millones de personas en atención primaria en salud, desde la Secretaría de Salud. Estoy segura que de no haber sido destruido por la alcaldía de Enrique Peñalosa, ese programa hubiese salvado hoy a miles de vidas, así como generado las condiciones para rastrear el virus como prioridad de salud pública y desde el gobierno.
Hoy por el contrario la alcaldesa se mantiene en el sistema fragmentado de Entidades Prestadoras de Salud (EPSs) de la Ley 100 y de los 1000 equipos de territorios saludables, empezamos el 2020 con 20 equipos y en plena crisis, se llegó solo a 100. El anuncio de la reconstrucción del programa, nos dio esperanza, la cual se desvaneció prontamente, pues el plan de la alcaldía es que para el segundo semestre del 2020 se tenga nuevamente un piloto de un programa que funcionó 12 años y que se podría haber recuperado ya, después de 10 meses de gobierno. Pero no existe esa voluntad política, mientras tanto la tendencia del contagio es al alza, con la daga siempre presente de tener que volver a cerrar la economía.
Segundo, apoyamos la sostenibilidad fiscal del distrito, pues está encaminada a gravar a las mayores rentas de la ciudad, en medio de esta crisis se necesita aplicar un principio de solidaridad, incluyendo a los predios más costosos y a sectores con rentas que tenderán aumentar en los próximos años, resultado de la nueva realidad. Sin embargo, esto no se traduce en la transferencia de liquidez a las pequeñas y medianas empresas, hemos insistido en la necesidad de generar alivios inmediatos. Los pequeños y medianos empresarios, están perdiendo para siempre, será muy difícil recuperar el 30% de la malla productiva que está cerrando, dejando en la ruina a miles de familias. La respuesta desde el distrito es similar a la del gobierno nacional, créditos. Pero las empresas no tienen las condiciones para acceder a los mismos. Se propuso en la discusión en el concejo, por lo menos, de un fondo de garantías distrital, así como empezar a estudiar la posibilidad de generar una banca pública. Lo primero fue aceptado, lo segundo fue casi como plantear una herejía.
Tercero, observemos el paquete de obras públicas que se está proponiendo para financiar con el cupo de endeudamiento. La mitad de la plata va para troncales de Transmilenio, patios del sistema, mantenimiento de puentes vehiculares y peatonales, así como ciclo-rutas. Un porcentaje importante va para las 20,000 becas para educación superior e infraestructura escolar, (inversión adecuada) y otro porcentaje para infraestructura en salud e investigación del COVID. Varios miles de millones de pesos se dispersan en gastos pequeños, hay proyectos dispersos de entre 2,000 a 6,000 millones de pesos, el colmo que 38 millones de pesos vayan para dotación en Integración Social.
Si bien, que el distrito se endeude, es una respuesta correcta frente a la crisis. El tema es si las obras propuestas van a reactivar la economía de la ciudad. Tendríamos que decir que los cronogramas son bastante optimistas, muchas de las intervenciones propuestas no verán obreros en la calle sino hasta el año 2023. Hay un problema estructural de ejecución en el distrito, estas grandes obras pasan por engorrosos procesos de contratación pública. Por lo tanto, el primer argumento es que la mayoría del endeudamiento no se ejecutará en el año 2021 como lo promulga el distrito, si no en el 2022 y 2023 y eso si no hay atrasos importantes.
Lo segundo es que muchas de estas obras son intensivas en capital, más que en mano de obra, por lo tanto, se nota la falta de priorización en generar al máximo posible una transferencia de recursos directo a las familias, sea vía empleo o transferencias monetarias. Lo tercero, no hay un plan de austeridad de gasto público, lo que muestra la dispersión de recursos en proyectos parciales. Las obras propuestas para ser financiadas con deuda, que tendremos luego que pagar todos los bogotanos, no están acorde a las necesidades de la población, que físicamente está cayendo en la pobreza y en la imposibilidad de tener ingresos que recirculen en la economía, pero lo más grave son las condiciones de hambre, que están padeciendo varias familias, situación social que no se veía, en esta dimensión, por lo menos hace 15 años en la ciudad.
El distrito en el marco del plan de desarrollo sí tenía otras posibilidades de respuesta frente a la crisis económica: priorizar obras locales y pequeñas en todos los barrios de Bogotá, las cuales hubieran empleado a una gran proporción de jóvenes, así como de mujeres, estas hubieran generado que, de esos 53 billones de pesos de inversión y los 10 billones de endeudamiento, un porcentaje importante fuera transferido a la población para reactivar la economía. Se hubiera podido incluir aumentar el programa de transferencias, algo cercano a una renta básica, así como masificar los subsidios de mejoramiento de vivienda y aumentar lo invertido en el programa de mejoramiento de barrios, en lógica ambiental, se hubiera podido desarrollar un ambicioso programa de fibra óptica, ampliar el mínimo vital de servicios públicos, a más servicios y más población, emprender un ambicioso programa de reforestación y de adoquinamiento de vías locales con la comunidad, entre otros. También se tenía la posibilidad de generar con ambición un programa amplio de salud pública para prevenir rebotes del virus, con la consecuencia nefasta de futuras cuarentenas.
Desafortunadamente la Alcaldía de Claudia López se mantiene en términos de inversión dentro de las prioridades que dejó la alcaldía de Enrique Peñalosa y mientras tanto la crisis social se profundiza con consecuencias aún por ver en la ciudad de Bogotá, que implican, el aumento de la protesta social, que esperamos no esté acompañada por el aumento de la represión.
