El director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR Cundinamarca), Alfred Ballesteros, consideró importantes las afirmaciones del Gobierno Nacional en las que deja ver su preocupación por el manejo ambiental de la Sábana de Bogotá.

Ballesteros hizo un llamado al diálogo entre el Distrito, la Nación y el Departamento para encontrar un camino expedito y de esta manera encontrar la solución para ordenar la Sabana de Bogotá, de tal forma que sea la seguridad hídrica quien este priorizada y se diseñen acciones e inversiones en programas de protección de zonas de recarga de acuíferos, microcuencas, páramos, conservación de humedales, medidas de adaptación al cambio climático y modelos de restauración participativa.

“Ordenar el territorio al rededor del agua no es una opción es una obligación, por ello, desde hace más de un año hemos venido insistiendo en la necesidad de una mirada integral que garantice la seguridad hídrica y el saneamiento básico ambiental como prerrequisito para los ajustes de Esquemas de Ordenamiento Territorial – EOT y los Planes de Ordenamiento Territorial – POT en la Sabana”, afirmó Ballesteros.

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El director de la CAR Cundinamarca tiene claro que la Ley 99 de 1993 declaró a la Sabana de Bogotá como de interés ecológico nacional con destinación prioritaria agropecuaria y forestal, esta no se compadece con las dinámicas de crecimiento y desarrollo que le impone su proximidad con la capital del país y por ende sus demandas de bienes y servicios ambientales.

Por lo anterior, Ballesteros admite la necesidad de redefinir y enfocar sus esfuerzos en las nuevas realidades del aumento poblacional, la suburbanización y el cambio climático.

“Debemos definir modelos de ocupación del territorio con criterios de sostenibilidad ambiental pues algunos municipios de la Sabana no pueden seguir creciendo de la forma en que lo han venido haciendo. Reiteramos: ¡crecimiento sí, pero no así!”, subrayó el director Ballesteros.

El funcionario invitó a la Cartera Ambiental a aplicar y enmarcar esta discusión en el Acuerdo de Escazú, privilegiando el derecho de los ciudadanos a decidir el futuro de sus territorios, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales.