Lo que hemos presenciado las últimas dos semanas es la agudización de la violencia contra la protesta social enmarcada dentro de una lógica estatal que busca justificarse ante la opinión pública, y que con tal de aplacar a los manifestantes está vulnerando derechos fundamentales. Identificamos dos métodos, uno que está asociado al abuso policial, pero que para el Gobierno se encuentra en el marco de la ley, y otro paralelo, que utiliza acciones clandestinas y criminales que está fuera de ley y que no busca justificar, porque la Policía no es autor visible. Nuestra pregunta es ¿esto responde a una sola estrategia en cabeza del Gobierno Nacional?
Entonces, podemos advertir que estos métodos paralelos, traen a nuestras ciudades los recuerdos de una lógica paramilitar con los vejámenes que enfrentaron las comunidades campesinas, afro e indígenas en la ruralidad, y que hoy reaparecen no solo en el campo sino también en la ciudad con mucha intensidad. La masacre a cuenta gotas que hemos venido viviendo en todo el país, tiene como principales actores a policías, agentes criminales, y autoridades incapaces, bien sea por miedo o cálculo político, de oponerse a la militarización de la vida y la protesta social.
El hambre y la pobreza extrema han llegado a números horrorosos, nadie debería irse a la cama sin un plato de comida, ni mucho menos renunciar a sus sueños por la cuna en la que nació. Sin embargo, el número de personas condenadas a esta situación alcanza cifras que nos interpela como sociedad, y que ha hecho que millones de jóvenes en el país hayan asumido la tarea de ser sujetos de estos cuestionamientos y de exigir cambios profundos en el país.
En varios espacios se ha hecho eco sobre quién o quiénes deberían ser los representantes de esta maravillosa chispa de vida y esperanza, sin embargo, lo que realmente debería importarnos es quiénes son los jóvenes que la conforman, por ahora no tenemos una fuente que nos dé información detallada, pero lo que vemos en las manifestaciones son personas de todas las procedencias sociales, pero especialmente jóvenes de sectores populares, muchos de los tristemente “nini”, que ni estudian ni trabajan, aquellos para los que “El futuro no es ninguno/De los prometidos en los doce juegos”; estas personas no pueden ser miradas con condescendencia, puesto que otra de las características evidentes es su nivel de politización: para estos jóvenes todo es político. Debemos entender que esto no se trata de la Reforma Tributaria, sino del modelo de país, las profundas desigualdades, la concentración de la riqueza y la corrupción, entre muchas otras.
Es por esto, que se ha desatado la más vergonzosa y repudiable campaña de violencia Estatal y paraestatal contra estas movilizaciones. Quiénes gobiernan a nivel nacional están empecinados en instaurar el miedo, y han utilizado a la Policía, una institución que debería generarnos orgullo, pero que lastimosamente viene actuando como si fuera el peor de los instrumentos de silenciamiento de una dictadura: allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias, por medio de los mal llamados traslados por protección, golpizas, asesinatos, desapariciones, disparos contra manifestantes por parte de policías vestidos de uniforme e incluso de civil, delitos de violencia sexual, violación a todos los protocolos y a los Derechos Humanos.
Ese accionar ya ha sido identificado antes, es un método paramilitar, por eso hablamos de parapolicías, y nos preocupa en gran medida porque es una afrenta contra la democracia. Esta estrategia tiene como fin generar miedo y amedrantar a quienes se movilizan. Por eso, es urgente que la Policía Nacional nos responda ¿Quién dio la orden? Porque no son hechos aislados, el país se ha dado cuenta de la sistematicidad, y de que es un hecho que a partir de las 8 de la noche existe la orden de disparar y los jóvenes son el principal objetivo.
Necesitamos que el Gobierno Nacional detenga estas violencias, necesitamos conocer el nombre de los responsables. Cuidar la vida de quienes protestan es cuidar la democracia. Necesitamos también que, a las autoridades locales, alcaldes y alcaldesas les respeten el mandato de la ciudadanía que les eligió, y ver que cualquier ejercicio de gobierno requiere planeación, ejecución, control y evaluación. La ciudadanía movilizada es fundamental tanto en la ejecución como en el control, y sus exigencias deberían ser escuchadas e incluso animarnos a realizar cambios. Darle la espalda a los jóvenes que protestan es darle la espalda a la democracia.
Nota: en menos de tres días la Minga Indígena ha logrado identificar y detener a quienes se están infiltrando en las protestas. En directo todo el país conoce los hechos. Mucha dignidad y valor se necesita para hacer lo que es correcto. ¡GRACIAS querida MINGA!
